Un México convulsionado

A 46 años del 2 de octubre en Tlatelolco, México sigue siendo un Estado convulsionado, el modelo económico y político autoritario ya no responde a la realidad del país. Urge un cambio verdadero.

1968 ha quedado grabado en la historia de nuestro país como uno de los más trágicos, pues se vivía en la capital un estado de sitio apenas disfrazado que culminó con una tragedia de dimensiones incalculables: La represión del movimiento estudiantil.

De los hechos del 2 de octubre de ese año hubo una clara consigna de ocultar lo que realmente había sucedido en la Plaza. De acuerdo con testimonios de habitantes de Tlatelolco, se apagaron las luces de la explanada y sus alrededores, además de que se cortaron las líneas telefónicas.

El Ejército amenazó a los medios y se impidió la entrada de ambulancias al sitio. Incluso los familiares que pedían informes en las salas de urgencia fueron alcanzados por la gran censura que se dio en ese entonces.

El 3 de octubre la prensa habló de unos 20 muertos. En un libro publicado tres años después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre que desde una ventana buscaba a su hijo, quien contó 65 cadáveres en un mismo lugar. La cifra real se desconoce, porque desaparecieron los cuerpos.

Ellos, los asesinos represores, actuaron de manera deliberada, coordinada, segura; pero sus acciones fueron cobardes y viles, pues escudados con la fuerza de las armas, silenciaron la razón de miles de jóvenes que luchaban sólo por lo que se les había enseñado desde niños: sus derechos y su país.

Valdría la pena cuestionarnos si a lo largo de los años las cosas han cambiado. La situación del país, determinada por los nuevos criterios de administración de Peña Nieto, enfrenta problemas de carácter económico, político y social, que se entrelazan con los retrocesos en la agenda de seguridad, justicia y derechos humanos.

Los asesinatos en masa como el sucedido en el 68 no se han repetido en esa escala, pero la violencia en nuestro país no cesa y las masacres y desapariciones forzadas tampoco.
Hay muertes diarias, feminicidios graves en el Estado de México, Guanajuato y diversas entidades, hay masacres de migrantes, las cifras de tortura son incalculables, siguen las ejecuciones a mano del Ejército.
En este sentido, se confirmó en días recientes que los asesinados en Tlataya fueron víctimas de ejecución tumultuaria a manos de malos elementos del Ejército, por parte de un batallón que ya en ocasiones anteriores había deshonrado su responsabilidad de proteger y servir.

No, México no ha progresado a grandes pasos desde aquel 2 de octubre. En una perspectiva general la lucha del 1968 sigue vigente, una disputa integral contra toda forma de represión en contra de un neoestado criminalizante donde los jóvenes enfrentan la violencia del desempleo, del Estado y de la delincuencia como el caso de los estudiantes de la norma rural Ayotzinapa en Guerrero.
En un país en donde llevar un paliacate te vuelve delincuente y en donde las practicas de gobernabilidad se mezclan con la violencia; no debemos dar por concluida esta lucha, sino que debemos reforzarla e impulsarla, pues la patria nos lo demanda.

A 46 años de la matanza de estudiantes el 2 de octubre 1968, este hecho lamentable sigue siendo una herida abierta de todas y todos los mexicanos. Los responsables vivieron en la impunidad y la justicia brilló por su ausencia.

Parte de esta situación de violencia, represión y afectación a los derechos humanos es resultado de cuerpos policiacos infiltrados por la delincuencia, en especial las policías municipales.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fijaba un plazo de cuatro años para que todos los policías del país (federales, estatales y municipales), fueran certificados en los centros de evaluación y control de confianza.

Esos controles incluyen exámenes de evaluación médica, toxicológica, poligráfica, de desempeño, aptitudes físicas, psicológicas, entorno social y situación patrimonial. En caso de aprobar cada una de las pruebas, se entrega un certificado.

La publicación del decreto de esta ley se realizó el 2 de enero del 2009 por el presidente Felipe Calderón, misma que en el origen del tercero transitorio establecía un plazo de cuatro años con el fin de cumplir con la certificación de todos los cuerpos policiacos, situación que en primer término no se cumplió por la ineficiencia y falta de disposición del gobierno federal ya que no se previnieron los recursos para establecer los centros de evaluación, ante esta situación la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 2012 concedió 10 meses más para cumplir la meta del 100% de cumplimiento para este requisito sine qua non, mismo que se debió cumplir el 28 de octubre del 2013 sin embargo no se cumplió nuevamente.

Este plazo fatal vence el 29 de octubre del presente año y nuevamente estamos seguros que no se cumplirá la meta establecida ya hace más de cinco años que público esta ley.
Ahora bien si tomamos en cuenta el presupuesto que se destinó para este año para la operación de la denominada Gendarmería Nacional, son 4 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con información oficial la Gendarmería, intervendrá para garantizar la seguridad de la población en rutas de tránsito de insumos y mercancías de paso de migrantes, de producción agrícola, pesquera, forestal, y otras que pudiesen encontrase vulneradas por la delincuencia en zonas rurales o marginadas.

Cabe hacer mención que se han ejercido 2 mil 93.7 millones de pesos, poco menos del 50%, pese a que este nuevo cuerpo de seguridad no había entrado en funciones hasta el pasado mes de agosto.

De los 2 mil 93.7 millones de pesos se han destinado: 1, 111 millones de pesos para la creación de plazas; 4.4 millones para la adquisición y el acondicionamiento de las instalaciones de capacitación; 94.2 millones para servicios de capacitación; 144.9 servicios integrales para sedes externas en las que se lleva a cabo el curso de formación inicial y 739 millones para el pago de becas de los cadetes en capacitación.

Ante esta situación creemos irresponsable que se haya creado un nuevo cuerpo seguridad sin haberse cumplido el año pasado las metas de certificación y evaluación de los cuerpos policiacos en el país ya que los recursos destinados a la creación de esta nueva parafernalia mediática de Enrique Peña Nieto, pudieron haber sido destinados al apoyo a los presidentes municipales que están dotados de policías poco capacitadas, con bajas prestaciones sociales para sus elementos y peor aún que no han sido evaluadas por los centros de control de confianza instalados en la entidades de la república para cumplir lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otra cantidad bien se pudo destinar a apoyar la transición y la modernización de las policías municipales en aquellos municipios donde los Alcaldes hayan impulsado y actuado para certificar a sus policías.

A 46 años del 2 de octubre en Tlatelolco, México sigue siendo un Estado convulsionado, el modelo económico y político autoritario ya no responde a la realidad del país. Urge un cambio verdadero.

Nota en La Silla Rota

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