Se exhorta a Fiscalía a emitir declaratoria de alerta de violencia de género e investigar los feminicidios en el Estado de México

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS DE LA PGR; AL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, A EMITIR LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INVESTIGAR LOS FEMINICIDIOS EN DICHA ENTIDAD.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La violencia es un hecho social en buena parte resultado de un comportamiento aprendido en contextos permeados por desigualdades sociales, que se han extendido a todo ámbito de nuestra vida cotidiana, las situaciones en donde se ejerce la violencia se multiplican, ejecutados por personas que no reconocen los derechos y la dignidad de otras.

Muchas de esas formas de violencia están relacionadas con el género. Son prácticas que se actúan para demostrar hombría y poder de dominio hacia las mujeres o hacia otros hombres, para imponer la voluntad de quienes se estiman fuertes por encima de aquellos a quienes se consideran débiles.

Otras prácticas violentas se ejercen entre padres, madres, hijos e hijas, y suelen transmitirse de generación en generación, todas basadas en la desigualdad de poder.

La Violencia Basada en el Género (VBG) ha sido reconocida como un problema polifacético, de raíces biológicas, psicológicas, sociales y ambientales, para el que no existe una solución sencilla o única; al contrario, es una cuestión que debe abordarse desde varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad simultáneamente (OPS, 2005).

La violencia hacia las mujeres es una de estas formas de VBG, producto de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, así fue reconocido en una reciente definición de la ONU en la que subraya que este tipo de violencia está asociada a la “concepción social de lo que significa ser hombre o ser mujer. [De modo que] cuando una persona se desvía de lo que se considera un comportamiento <<normal>> [por fuera de las concepciones tradicionales de lo femenino y lo masculino] se convierte en objetivo de la violencia. Esta realidad se agudiza especialmente si se combina con actitudes discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios en la identidad de género” (Naciones Unidas, 2006).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en la sentencia del Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, del 16 de noviembre de 2009[i] , la suma de impunidad, insensibilidad y ausencia en la rendición de cuentas por parte de un sector considerable de las autoridades encargadas de procurar justicia en los crímenes que privan de la vida a las mujeres, termina haciendo sinergia con la violencia y la discriminación sistemática hacia ellas, derivada de estructuras patriarcales y machistas todavía muy asentadas en prácticas, valores, normas e incluso disposiciones jurídicas del país. La violencia contra las mujeres se caracteriza por:

  • Su invisibilidad, producto de las pautas culturales que aun priman en nuestras sociedades, en las que la violencia intrafamiliar o de pareja y los abusos sexuales de conocidos, familiares o desconocidos, son concebidos ya sea como eventos del ámbito privado donde los demás –incluso las autoridades- no deben inmiscuirse, o como contingencias frecuentes en la vida de una mujer.
  • Su “normalidad”. La cultura patriarcal justifica o “autoriza” al varón para ejercer violencia contra la mujer cuando su objetivo es “corregir” comportamientos que se salen de la norma, que no se adecuan a su rol esperado de madre, esposa y ama de casa. Dicha cultura justifica, asimismo, la potestad de cualquier varón para intervenir o controlar la vida de las mujeres o usar distintos tipos de violencia en contra de una mujer que “desafía” o transgrede las fronteras culturales del género.
  • Su impunidad, que es consecuencia directa de los dos puntos anteriores, ya que si la violencia entre parejas o intrafamiliar es justificada como “natural” O como “asunto privado”, no puede ser juzgada como violación a ningún derecho y, por lo tanto, no es sancionable. Además, este tipo de violencia es justificada cuando la ejerce un hombre desconocido sobre una mujer “transgresora”. De suerte tal que en el imaginario común de la mayoría de la población, y aún en gran parte de los operadores de la procuración de justicia, la violencia hacia las mujeres no es condenable.

La Declaración para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer emanada de esa conferencia, el 20 de diciembre de ese año, reconoce que la VBG:

“… constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido de adelanto pleno de la mujer, (…) la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre.” (Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993).

La VBG se refiere así a una gama de costumbres, prácticas machistas y misóginas, que imponen pautas de una masculinidad basada en el uso de la fuerza y la violencia en las relaciones entre hombres y en contra de mujeres de todas las edades. Estas prácticas abarcan diversos tipos de comportamientos físicos, emocionales, sexuales o económicos, hasta llegar incluso a la privación de la vida.

Como ha reconocido la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 20015), este tipo de violencia deriva de normas culturales –incluso institucionalizadas jurídicamente- que otorgan poder y autoridad a los hombres sobre las mujeres para disponer de su libertad, de sus cuerpos, de su progenie y puede llegar a legalizar o tolerar la mutilación, el maltrato o la privación de la vida de las mujeres, en ámbitos como el hogar la familia, el trabajo, y los espacios públicos y comunitarios.

Apoyados sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los movimientos de mujeres se apropiaron de la terminología acordada universalmente y transformaron el marco internacional de derechos humanos para abordar sus preocupaciones.

Como ha apuntado la Relatora Yakin Ertük (Naciones Unidas, 2007):

Gracias a las luchas comunes de mujeres de diversas culturas y procedencias, dentro de las Naciones Unidas surgió un régimen bien establecido de igualdad entre los géneros y derechos de la mujer, que reflejaba desde el interior una cultura de universalidad. Estas normas establecen la primacía del derecho de la mujer a vivir sin estar sometida a la violencia de género y estipula que los Estados no pueden invocar ningún discurso cultural, lo que incluye las nociones de costumbre, tradición o religión, para justificar o condonar cualquier acto de  violencia.

Ello también significa que no pueden negar, aceptar como normal o de otra manera minimizar el daño que causa esa violencia, haciendo referencia a esas nociones. En cambio, se pide a los Estados expresamente que condenen la violencia, lo que suponen denunciar cualquier discurso cultural que se formule para justificarla.”

En este sentido, la aprobación en 1979 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) por la Asamblea General, exigiendo a los Estados que adopten todas las medidas adecuadas, incluida una legislación para modificar o abolir las leyes, reglamentaciones, costumbres y prácticas vigentes que constituyen discriminación contra la mujer, además de estipular que los Estados “tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres” relacionados con la desigualdad de los sexos o funciones estereotipadas por género.

Posteriormente, la ONU emitió en diciembre de 1993 una declaración especial, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acordada por la Asamblea General, documento en el que se situó a la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos, afirmando que las mujeres tienen igualdad de derechos al disfrute y protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad y seguridad a la persona, a una vida libre de tortura o de cualquier castigo o trato cruel, inhumano o degradante.

Dicho documento amplió el concepto de la violencia en contra de las mujeres para reflejar las condiciones reales de sus vidas, reconociendo no sólo la violencia física, sexual y psicológica, sino también las amenazas de este tipo. Aborda la violencia contra las mujeres tanto en el espacio público como en el privado. Reconoció, además, la violencia que privadamente victimiza a las mujeres, convirtiéndola en un problema público.

Sin embargo, a pesar de estos grandes avances, en México, esta lucha ha sido virtualmente imposible.

“La violencia contra la mujer en México puede describirse como la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos que sólo pueden entenderse en el contexto de, por un lao, una desigualdad de género arraigada en la sociedad y, por el otro, un sistema jurídico y de gobierno dividido en varios niveles que no responde con eficacia a los delitos de violencia, incluida la violencia de género”.

                                               Naciones Unidas, 2006.

En los últimos años, la violencia contra las mujeres se ha incrementado de forma alarmante a lo largo del país. A pesar de ello, las autoridades responsables a nivel federal y local, no han implementado las medidas integrales necesarias para erradicar este fenómeno, que junto con el patrón sistemático de impunidad, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia.

Según el informe sobre Feminicidio en México[ii], elaborado por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México, nuestro  país ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres en el plano mundial, debido a que se ha registrado un aumento sostenido desde el año 2007.

De acuerdo a cifras recopiladas[iii] por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) entre 2007 y 2008 se registraron 1,221 asesinatos de mujeres sólo en 12 estados de la República (Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán).

El análisis reveló que la violencia feminicida ocurría con mayor frecuencia contra mujeres de 21 a 40 años de edad (43% de los casos registrados) y en menor medida, contra niñas y jóvenes menores de 20 años (23%). En estos casos, 26% de los asesinatos se cometieron con arma de fuego, mientras que 43% de las mujeres perdió la vida como consecuencia de actos que implicaron el uso excesivo de la fuerza.

Desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador de Estado de México en 2005 hasta el 2010, se registraron 1003 casos de presuntos feminicidios en dicha entidad, concentrándose el 54% en diez municipios (Ecatepec de Morelos, con 118 casos, Netzahualcóyotl con 71, Tlalnepantla de Baz con 53, Toluca con 45, Chimalhuacán con 42, Naucalpan de Juárez con 40, Tultitlán con 35, Ixtapaluca con 31, Valle de Chalco con 30 y Cuautitlán Izcalli con 25 casos).

A partir de la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México al OCNF, se reconoció que sólo en el 2011, se habían cometido 282 asesinatos de mujeres en la entidad.

Sin embargo, la Procuraduría sólo investiga como feminicidios 53 casos, a pesar de que en 63% de los casos, las víctimas murieron por actos que implican el uso excesivo de la fuerza, lo cual refleja la saña con la que fueron privadas de la vida.

Según la información recopilada por el OCNF, la edad de las mujeres víctimas descendió durante estos años, pues el 41% de las víctimas tenían entre 11 y 30 años de edad, mientras que el 35% tenía de 31 a 50 años.

El 44% de las víctimas eran empleadas, estudiantes o comerciantes, mientras que el 24% eran amas de casa. Del total de las mujeres asesinadas, 51% de las víctimas murieron a consecuencia de golpes, quemaduras, traumatismos, asfixia o heridas punzo cortantes, mientras que el 46% de ellas murieron a causa de un arma de fuego.

Es preocupante que en el 56.72% de los asesinatos de mujeres, las autoridades desconocen quién es el agresor y homicida.

Sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino) las autoridades conocen la identidad del victimario, y se le ha podido consignar, lo que refleja una falta de diligencia debida en la investigación de los feminicidios.

En México y en particular, en el Estado de México, se vive un patrón de impunidad sistémica[iv], reflejo de la falta de acceso a la justicia. Frecuentemente las víctimas, al intentar acceder al sistema de justicia, son maltratadas y discriminadas.

En la etapa de investigación, las mujeres se enfrentan con retrasos injustificados, falta de realización de pruebas periciales clave para la investigación e intromisiones injustificadas en su vida privada, así como la culpabilización y descalificación por parte de las autoridades.

Una gran mayoría de los casos de violencia contra las mujeres continúan sin ser formalmente investigados, juzgados y sancionados por el sistema de administración y procuración de justicia, tanto a nivel federal como estatal.

Ello responde, entre otras cosas, a la ausencia de cuerpos especializados que integren y realicen con eficacia y transparencia las investigaciones y averiguaciones previas. Así como la ausencia y desconocimiento de protocolos de investigación especializados para casos de feminicidio y el predominio de una cultura patriarcal en los impartidores de justicia que estigmatizan a las víctimas mediante la recurrente descalificación de sus declaraciones. Incluso acusando a las mujeres de haber provocado la violencia de que fueron objeto y que en su caso, denunciaron.

La información con la que se cuenta actualmente, confirma que las acciones implementadas por el Estado de México, no corresponden a la dimensión del fenómeno de violencia contra las mujeres en la entidad y la falta de acceso a la justicia para las mujeres, aún bajo una nueva administración a cargo de Eruviel Ávila Villegas.

Se han creado instancias como la Subprocuraduría Especializada de Delitos contra Mujeres, se ha tipificado el homicidio agravado por razones de género y se ha creado un Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva del Feminicidio, pero no se ha resuelto de fondo el problema de discriminación, violencia e impunidad que persiste en la Entidad.

Este contexto de simulación se evidencia en la inexistencia de diagnósticos sobre el tratamiento que brindan a las víctimas, las autoridades responsables de atender y sancionar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres.

No se dan capacitaciones al personal encargado, ni existen procesos ni mecanismos para su selección, mucho menos, herramientas de seguimiento y evaluación de la atención que brindan a las víctimas de violencia.

Esto refleja no sólo el desinterés, la omisión y la negligencia en las investigaciones, sino también, la existencia de actitudes discriminatorias hacia las mujeres y niñas de la entidad, caracterizadas por valoraciones subjetivas plagadas de estereotipos, que minimizan la problemática y justifican la falta de atención.

Se requiere de un cambio estructural que trascienda el discurso político y se transforme en acciones concretas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto mediante una respuesta eficaz que garantice la protección, el acceso a la justicia y el actuar con la debida diligencia, a través de investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables, que evite que se continúe perpetuando la impunidad, en el Estado de México y en el resto de la República Mexicana.

Por estas razones en diciembre de 2010, el OCNF solicitó al Sistema Nacional para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se emitiera la Declaratoria de Alerta de Género, por el contexto de violencia feminicida en el Estado de México, sin embargo, el 11 de enero  de 2011 en sesión extraordinaria, sin fundamentación y motivación decidió no emitir la declaratoria de la alerta de género y por el contrario antepusieron intereses  políticos por encima de la vida, libertad y seguridad de las mujeres en esa entidad.

Una vez que fue desechada la alerta en ese momento porque se consideró que era una “campaña de desprestigio contra Enrique Peña Nieto”, el gobierno mexiquense procedió a introducir en el Código Penal el término del feminicidio y su tipificación, así como a crear una Subprocuraduría especializada.

Lo preocupante es que esas acciones no significaron la disminución de la violencia contra las mujeres, pues de 2011 a 2012 se han registrado más de 600 casos con características de feminicidio, pero la Procuraduría local sólo reconoce 145, y dejó en el olvido la otra cifra de más de mil casos, determinando la no acción penal o su envío al archivo.

A ello deben sumarse las desapariciones de mujeres que, entre enero de 2011 y junio de 2012, sumaron 955, casos en los que en 60% las víctimas tienen entre 11 y 20 años de edad.

El día 27 de febrero de 2012, a un año de que la mayoría de los integrantes del Sistema Nacional negaran la alerta de género, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativo en el Distrito Federal otorgo el amparo por la negativa de la alerta, resolviendo lo siguiente:

En esta tesitura, el 28 de abril de 2014, el SNPASEVM celebró su Décima Tercera Sesión Extraordinaria en la que abordó la petición de la parte quejosa y determinó la procedencia de la investigación de la declaratoria de alerta de violencia de género para el Estado de México, en los términos siguientes[v]:

[…] se declara la procedencia de inicio de investigación de la declaratoria de alerta de violencia de género para el Estado de México […]

Se tiene por conformado el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, […] el cual se integra por la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación […]

[…] Se tiene por conformada la Comisión Dictaminadora […] integrada por la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres […]

[…] Se instruye al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que lleve a cabo el estudio y análisis de la posible emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México con base en la metodología previamente determinada por él mismo y atendiendo en todo momento al principio de debida diligencia […]

A  casi cuatro años de que se negara la declaratoria de alerta de género de manera inicial,  la situación del contexto de violencia contra las mujeres  en el Estado de México sigue siendo incierta, simplemente de la información proporcionada por la Procuraduría se reconoce que en el año 2011 se cometieron 282 asesinatos de mujeres en la entidad, en el 63% de los casos las víctimas murieron por actos que implican el uso excesivo de la fuerza, en el 76% de los casos se ignora la relación de la víctima con el victimario, sin embargo aun con estos datos la procuraduría sólo investiga como feminicidios 53 casos.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:

Primero.- Solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR que coadyuve con la Procuraduría Estatal en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en diversos municipios del Estado de México.

Segundo.- Exhorta al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México en sentido positivo, conforme a los planteamientos ponderados el 28 de abril de 2014, en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria.

Tercero.- Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a investigar con la debida diligencia los feminicidios ocurridos en dicha demarcación territorial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 07 días del mes de octubre de 2014

 

 

[i] Sentencia del Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México Observatorio http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/descargables-estatico/Sentencia_Campo_Algodonero.pdf

[ii]  ONU Mujeres. Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009. ONU Mujeres, INMujeres, Cámara de Diputados y COLMEX. México DF. Pp 33

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/00_feminicMx1985-2009.pdf

[iii]  Observatorio Nacional Contra el Feminicidio. Una mirada al Feminicidio 2009-2010.

[iv]Andión Ximena, Entre dos fuegos: La impunidad sistémica de la violencia contra las mujeres en México”, en Superar la Impunidad: Hacia una estrategia para asegurar el acceso a la justicia. Coord. Mariclaire Acosta. CIDE. Pp 34

[v]Registrada con el número de expediente 98/2011.

Leave a comment