Punto de acuerdo que exhorta a la PGR y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas para realizar una investigación completa e imparcial del caso de la ciudadana Miriam Isaura López Vargas

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas a realizar una investigación completa e imparcial del caso de la ciudadana Miriam Isaura López Vargas, a fin de garantizar su derecho a la justicia y a la reparación del daño, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila; Elena Tapia Fonllem, y Loretta Ortiz Ahlf, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo, respectivamente, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, que por su naturaleza y dados los acontecimientos se constituye como de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, el Poder Legislativo federal ha efectuado una serie de modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversas leyes en la materia, con miras a la incorporación de los estándares internacionales al régimen interno de nuestro país.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la libertad es un valor supremo que debe prevalecer en una sociedad democrática que aspira a un sistema de justicia penal eficaz para investigar y sancionar los delitos, procurando en todo momento la reinserción social de quienes los cometen.

Cabe señalar que, el 23 de octubre de 2013, durante el segundo Examen Periódico Universal (EPU) que presentó México ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, varios países recomendaron a México la eliminación inmediata de la figura del arraigo, tal como sucediera en 2009, año en que el Estado rechazó dicha recomendación.

En 2010, el Subcomité para la Prevención de la Tortura visitó México y documentó que la mitad de las personas bajo arraigo mostraban signos de haber sufrido violencia. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene documentado que entre 2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por violaciones relacionadas a esta práctica.

Casi 8 mil 600 personas fueron arraigadas entre enero de 2008 y octubre de 2012 y de todas las solicitudes hechas, los jueces sólo se han negado a conceder la medida en 4.7% de las ocasiones.

Si bien la Procuraduría General de la República argumenta que entre 90 y 95% de las personas arraigadas han sido consignadas, han omitido señalar que sólo 3% recibe sentencia condenatoria.

Todos esos datos están compilados en el informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana, preparado con anterioridad a la segunda ronda del EPU lo cual demuestra el uso excesivo de la figura de arraigo y su ineficacia en condenar responsables.

Por otro lado, en México, los niveles de violencia contra las mujeres se han incrementado de forma alarmante durante los últimos años en el contexto del combate a la delincuencia organizada. En ese sentido la violencia e inseguridad generalizada por la que atraviesa nuestro país ha tenido un impacto directo en el ejercicio y vigilancia de los derechos humanos. Esto, como fue reconocido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) de las Naciones Unidas en julio de 2013, ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la estrategia de seguridad -que fue justificada con el argumento del combate a la delincuencia organizada-, rebasó por mucho al sistema de investigación y procuración de justicia, privilegiando el uso de la fuerza y la militarización, así como la aplicación de figuras como el arraigo que, como instrumento de detención arbitraria viola la presunción de inocencia.

Desde entonces, las autoridades han optado por imponer este tipo de penas pre-condenatorias y carentes de todo control de legalidad, colocando a las personas en un limbo jurídico que viola de manera grave los derechos a la presunción de inocencia, garantías judiciales y al debido proceso, pues los agentes del Ministerio Público tienen la oportunidad de privar a las personas de su libertad, sin antes haber efectuado una investigación exhaustiva, vulnerando los derechos a la libertad e integridad personales. Asimismo, se observa que esta forma de detención arbitraria y aislamiento total es particularmente peligroso ya que facilita y promueve el uso de tortura para obtener pruebas en contra del inculpado lo cual viola el derecho de las personas a no ser torturados.

Aunque la normativa internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario prohíben sistemáticamente esta acción en cualquier circunstancia, en nuestro país se sigue omitiendo la prohibición específica de este delito en la ley procesal penal, como quedó de manifiesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado recientemente. Si a esto añadimos que en abril del 2013 la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 16 Constitucional, disminuyendo el periodo máximo de duración del arraigo, en vez de su total eliminación, como ha sido sugerido por diversas organizaciones nacionales e internacionales, el ciclo vicioso de la violación sistemática a derechos humanos causado por la aplicación de estas dos medidas se sigue manteniendo vigente.

De acuerdo al Comité CEDAW, la estrategia de seguridad pública, combinada con los altos índices de impunidad y corrupción, ha intensificado las pautas de violencia y discriminación que históricamente han prevalecido en contra de la mujer en México. Así, el deterioro en materia de derechos humanos ha llevado a las mujeres a sufrir con cada vez mayor intensidad diferentes tipos de violencia de género, como la violencia doméstica, desapariciones forzadas, tortura y asesinatos, en particular feminicidios, perpetrados por agentes estatales y no estatales, como policías, militares y grupos de la delincuencia organizada.

Situación en el estado de Baja California

En julio de 2010, José Francisco Blake Mora, ex Secretario del Gobierno de Baja California, fue designado como Secretario de Gobernación. Para este nombramiento, Felipe Calderón se refirió a su experiencia al enaltecer en diversas ocasiones su “papel fundamental para hacer frente de manera decidida al problema de la violencia y al crimen organizado en Baja California”.

En declaraciones anteriores, Tijuana, ciudad fronteriza en el estado de Baja California, fue presentada como un modelo de cómo la estrategia contra el narcotráfico -en especial la movilización de militares- había tenido resultados positivos y concretos.

No obstante, Human Rights Watch logró acreditar que Tijuana está lejos de ser un modelo operativo de seguridad pública. Pues en el mes de abril del 2010 realizaron una misión de investigación en dicha ciudad y tras recibir denuncias creíbles, lograron acreditar el uso sistemático de tortura por el Ejército en más de 100 casos desde el año 2009 inclusive de personas que presuntamente habrían sido detenidas de manera arbitraria, transportadas a bases militares y torturadas con el fin de obtener confesiones falsas. El 5 de noviembre de 2009 se desahogó la audiencia temática “Seguridad pública y derechos humanos en Tijuana, México” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se expusieron cifras y casos emblemáticos de estas prácticas violatorias a derechos humanos.

Las tácticas de tortura descritas en esta audiencia y durante este periodo en el estado de Baja California responden a un patrón según las víctimas y sus familiares, donde les interrogaban sin asistencia de un defensor, les vendaban los ojos, los golpeaban, les aplicaban descargas eléctricas en los genitales, amenazaban con matarles y los asfixiaban colocándoles bolsas de plástico en la cabeza. Durante la detención y los interrogatorios, las autoridades no informaron a las familias de los detenidos sobre su paradero y en varios casos, las víctimas afirmaron que las autoridades civiles colaboraban durante los abusos.

Estos casos denotaron la participación y colusión de diversos ámbitos de gobierno, así como la participación del Ejército y la aquiescencia de las policías municipales y estatales. En ese sentido, en los relatos de hechos es común encontrar información relacionada con la intervención de los agentes del Ministerio Público, quienes incluso se encontraban presentes al momento de la firma de confesiones extraídas bajo tortura, así como la participación de altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, quien presenciaron y avalaron la comisión de dichos actos en un contrasentido a la obligación de castigo y prevención ante violaciones graves a los derechos humanos.

El informe comprobó que tanto agentes del ministerio público como el jefe de la policía municipal de Tijuana estuvieron presentes en diversos actos de tortura. El periodo de aumento de los abusos policiacos coincide con la administración de quien fuera el responsable de la Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez, militar en retiro –laureado por “limpiar Tijuana” y señalado “como ejemplo a seguir” por el propio Felipe Calderón. A pesar de los señalamientos, en diciembre de 2010 el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, ascendió a Leyzaola al cargo de Subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cargo al que renunció en febrero de 2011. Más adelante, el 29 de agosto de 2013, fue inhabilitado por ocho años al comprobarse que incurrió en violaciones a los derechos humanos en la modalidad de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública, durante su estadía al mando de las fuerzas de seguridad en esa ciudad fronteriza.

Ante ello, uno de los múltiples casos que documenta la falta de acceso a la justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos, es el caso de la Señora Miriam Laura Isaura López Vargas, caso paradigmático del estado de Baja California, México.

Relatoría del caso

La señora Miriam Isaura López Vargas, ciudadana mexicana y habitante de la ciudad de Ensenada, Baja California, México, ante el constante hostigamiento y amenazas sufridas en su contra, a manos de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ubicados en el retén Loma Dorada de dicho estado, decidió enviar un correo electrónico en el cual manifestó su inconformidad ante esta situación. No obstante, dos semanas después de esta comunicación a Sedena fue detenida ilegal y arbitrariamente y trasladada a la ciudad de Tijuana en el mismo estado.

Al momento de su detención, Miriam fue “encañonada”, le cubrieron el rostro y trasladada al cuartel militar “Morelos” en la ciudad de Tijuana Baja California, lugar en la que permaneció incomunicada durante siete días, impidiéndole informar a sus familiares o defensores sobre su detención. Posteriormente, fue trasladada al Distrito Federal en calidad de “arraigada”. Durante su estancia en el cuartel militar fue torturada y obligada a incriminarse en delitos que no cometió.

Los actos de tortura consistentes en atarla de las manos por la espalda; acostarla y ponerle un trapo mojado en la boca para posteriormente aplicarle agua en la nariz; colocarle una bolsa de plástico en la cabeza, asfixiándola; y darle toques eléctricos en las costillas y las piernas, lesionando su muñeca al momento de amenazarla con cortarle la mano, así como agresiones sexuales que ocasionaron huellas físicas y psicológicas que hasta el día de hoy persisten. Otra forma de tortura que sufrió por parte de los militares fue que éstos le mostraron fotos de su casa, sus hijas, hijo y su pareja, fotografías tomadas tres días antes de su detención, a fin de amenazarla para que declarara lo que se le indicara, a cambio de que no lastimaran a su familia.

Desde el día 9 de febrero de 2011, Miriam permaneció detenida en el Centro Nacional de Arraigo, cuyo primer término venció el día 17 de marzo y fue prorrogado por 40 días, hasta el 26 de abril de 2011.

El 26 de abril, fecha en que venció el arraigo, fue trasladada al centro de readaptación social (Cereso) en Ensenada, Baja California, donde permaneció hasta que fue puesta en libertad el 1 de septiembre de 2011, tras dictarse sentencia absolutoria en el proceso que se seguía en su contra.

Gracias al puntual seguimiento del caso realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH), las declaraciones obtenidas bajo tortura fueron consideradas en el proceso penal y ella permanece en libertad en espera de que todos los responsables sean llevados ante la justicia, esperando que se le brinde acceso a la justicia y se obtenga una reparación integral y adecuada que sea conforme a la afectación sufrida.

Proceso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

El 14 de marzo de 2011 se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), derivada de las graves violaciones a los derechos humanos de Miriam Isaura López Vargas. Dicha queja concluyó con la emisión de la Recomendación 52/201 del 28 de septiembre de 2012, recomendación que dirigió ocho puntos recomendatorios para la Sedena y otros cinco puntos a la Procuraduría General de la República.

Ante ello, el 18 de octubre de 2012 la Sedena aceptó la Recomendación mediante oficio DH-R-15490, acto mediante el cual se obliga a dar cumplimiento a las medidas contenidas en los puntos recomendatorios que le fueron dirigidos. No obstante, hasta la fecha la Sedena no ha realizado acciones consistentes y diligentes, bajo los más altos estándares de derechos humanos, que tengan por objeto o que generen por sí mismas el cumplimiento adecuado de los puntos recomendatorios, en particular de cuatro de ellos que se enuncian a continuación:

“Primera. Se giren instrucciones a quien corresponda efecto de que se proceda a la inmediata reparación del daño ocasionado a V1 que incluya la atención médica y psicológica conforme a derecho proceda, debiéndose informar a esta institución sobre el resultado de las mismas.

Segunda. Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de la República para que se inicie la averiguación previa que en derecho corresponda, por tratarse de servidores públicos federales cuya conducta motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Tercera. Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia Militar para que en el ámbito de su competencia, se inicie la averiguación previa que en derecho corresponda, por las responsabilidades oficiales que se pudieran desprender de la conducta que motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Cuarta. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de la queja que este organismo público promueva ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en contra de los militares que intervinieron en los hechos que se consignan en este caso, y se remitan a este organismo nacional las evidencias que les sean solicitadas, así como las constancias que acrediten su cumplimiento.”

A pesar del incumplimiento de la recomendación, el 11 de octubre de 2013 -en un acto sorpresivo-, la CNDH emitió el oficio V2/76424, firmado por el Lic. Marat Paredes Montiel, Segundo Visitador General, mediante el cual se dio a conocer al Secretario de la Defensa Nacional la decisión de dicha Comisión Nacional de dar por concluido el seguimiento de los puntos recomendatorios dirigidos a esa autoridad.

Este oficio contraviene de manera flagrante la normativa interna de la CNDH, que establece en el segundo párrafo del artículo 138 del reglamento interno de dicha Comisión lo siguiente:

Artículo 138. (Seguimiento de las recomendaciones)

[…]

Una vez que se han agotado las posibilidades reales de cumplimiento de una recomendación, podrá cerrarse su seguimiento mediante un acuerdo expreso del visitador general correspondiente, en el que se determine el supuesto en el cual quedará registrado su cumplimiento.

Como es evidente, la decisión de dar por concluido el seguimiento de los ocho puntos recomendatorios no es correcta ni se encuentra sustentada bajo el mismo ordenamiento de la CNDH, pues las posibilidades reales para agotar el cumplimiento de la recomendación persisten, un ejemplo claro es la valoración adecuada de la voz de Miriam Isaura y sus representantes.

Con respecto a la Procuraduría General de la República, la CNDH recomendó, inter alias :

Primera. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de la queja que promueva ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a este organismo nacional las evidencias que le sean solicitadas, así como las constancias que acrediten su cumplimiento.

Segunda. Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de la República, por tratarse de servidores públicos federales los involucrados y se remitan las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Cuarta. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el personal médico de la Procuraduría General de la República sea capacitado en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, “Protocolo de Estambul” para garantizar la imparcialidad y objetividad en las certificaciones de estado físico que realicen, y no omitan describir las lesiones que observen, ni denunciar los hechos ante el agente del Ministerio Público, cuando presuman que existió tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y se informe a este organismo protector de derechos humanos sobre su cumplimiento

Quinta. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los agentes del Ministerio Público de la Federación a su cargo, en especial los adscritos a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, realicen las diligencias probatorias necesarias en la averiguación previa 2 a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Cabe señalar que la recomendación de la CNDH ha identificado a las autoridades responsables de las múltiples violaciones, tanto a los servidores públicos que participaron activamente en la detención y tortura como los servidores públicos que faltaron en su deber de documentar los abusos y proteger a Miriam Isaura.

Por lo tanto, y de acuerdo a los puntos recomendatorios, la PGR tiene la obligación de abrir múltiples averiguaciones previas en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, los servidores públicos federales, el personal médico de la PGR, y los agentes del Ministerio Público de la PGR.

Importancia del adecuado cumplimiento de las recomendaciones

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado diversos casos de abusos militares en los últimos años, lo que se ve reflejado en la cantidad de quejas recibidas y en las recomendaciones emitidas hacia la Sedena.

De acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional ocupó en 2012 el primer lugar como la autoridad federal contra la que más quejas existieron en la materia, con 906.

En ese año, la Sedena es señalada como presunta responsable por al menos 81 tipos diferentes de violaciones a derechos humanos tan sólo en el primer semestre de ese año, y

con excepción de Tlaxcala, todas las entidades del país presentan al menos una queja contra dicha secretaría.

En virtud de ello, y dado que varios abusos han mostrado un patrón de repetición por la misma autoridad, es sumamente necesario que la CNDH asuma el compromiso de Estado que implica el cumplimiento de las recomendaciones emitidas ante conductas recurrentes.

La CMDPDH ha establecido cabalmente que la protección a los derechos humanos, que es el aspecto fundamental que da existencia al mandato constitucional de la CNDH, no termina en la recepción de una queja o con la emisión de una recomendación, sino que la responsabilidad de cumplir con dicho mandato debe extenderse al cumplimiento adecuado de los puntos recomendatorios por parte de la autoridad responsable.

Urgencia de la acción del Estado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que el Estado no puede “descargar sobre los familiares el impulso procesal. Asimismo, el Estado debe asegurar el cumplimiento efectivo de la decisión que adopten las instancias internas, en acatamiento de esta obligación.”

La CNDH debe tener presente la primera sentencia de la Corte IDH, la cual establece que “cuando quien denuncia una violación de los derechos humanos aduce que no existen dichos recursos o que son ilusorios, la puesta en marcha [… de tal protección] puede no sólo estar justificada sino ser urgente.”

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Expresa su preocupación por el incremento de casos de violencia contra las mujeres y de tortura durante los últimos años, así como la impunidad existente en estos casos. En ese sentido, manifiesta su desconcierto ante la a falta de atención adecuada y exhaustiva a las recomendaciones emitidas, las cuales a pesar de ser debidamente probadas y acreditadas por organismos públicos de derechos humanos en México, no han brindado justicia y reparación a las víctimas de tan graves violaciones a los derechos humanos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que en cumplimiento a sus atribuciones y conforme a su normativa interna proceda a reabrir el seguimiento de los puntos recomendatorios primero, segundo, y cuarto de la recomendación 52/2012, dirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de Justicia

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en el ámbito de sus atribuciones, cumpla con lo señalado en el punto recomendatorio tercero de la recomendación 52/2012, haciendo la interpretación conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, para remitir la investigación penal relacionada con los delitos cometidos en contra de la ciudadana Miriam Isaura López Vargas a la jurisdicción ordinaria por ser ésta la jurisdicción adecuada, y colaborar con la PGR a efecto de compartir información respecto a las líneas de investigación y probables responsables que haya arrojado la investigación en la jurisdicción militar.

Asimismo, que señale las modalidades, formas, fecha y, en su caso, montos relacionados con la reparación integral a la cual tiene derecho la ciudadana Miriam Isaura López Vargas.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la PGR, en el ámbito de sus atribuciones, a hacer pública la información sobre si ha iniciado averiguaciones previas, por los presuntos delitos cometidos en febrero de 2011 por servidores públicos civiles y/o militares en agravio de la ciudadana Miriam Isaura López Vargas en el Estado de Baja California, así como compartir con la víctima y sus representantes legales el estado de los expedientes respectivos.

Notas

Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujeres (CEDAW) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-MEX-CO-7-8.p df

Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pd f

México: Carta al presidente Calderón, HRW http://www.hrw.org/es/news/2010/09/17/mexico-carta-al-presidente-calder -n

Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del examen periódico universal a México http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2013/07/Informe-conjunto-presentad o-por-organizaciones-de-la-sociedad-civil-mexicana-para-la-segunda-rond a-del-EPU-a-M%C3%A9xico.pdf

Recomendación 52/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/201 2/REC_2012_052.pdf

Violencia sexual: el otro rostro de la tortura http://cmdpdh.org/2012/10/violencia-sexual-el-otro-rostro-de-la-tortura /

Corte IDH Caso Vargas Areco Vs. Paraguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos humanos de 30 del octubre de 2008, párr. 16

Corte IDH Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Excepciones Preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 93

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2014

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

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