Punto de acuerdo que exhorta a la CNDH y PGJEG a realizar una investigación sobre los asesinatos de activistas campesinos en Guerrero

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ASESINATOS DE DIRIGENTES Y ACTIVISTAS CAMPESINOS EN EL ESTADO DE GUERRERO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO A INVESTIGAR, DE MANERA PRONTA, LOS ASESINATOS DE DIRIGENTES Y ACTIVISTAS CAMPESINOS, A FIN DE CASTIGAR A LOS RESPONSABLES.

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Del 5 de agosto al 11 de noviembre del año en curso, suman en Guerrero 8 asesinatos perpetrados en contra de dirigentes y activistas campesinos.

El último episodio de la serie de homicidios acontecidos en dicho estado “dos líderes campesinos de la comunidad de El Paraíso fueron asesinados la tarde del sábado en el centro de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de Guerrero”[1].

Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, quienes encabezaban una protesta de cafetaleros, se suman a los asesinatos de Luis Olivares Enríquez, de su pareja, Ana Lilia Gatica Rómulo; de Eva Alarcón, Marcial Bautista, Juventina Villa, Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez, Rocío Mesino y Luis Olivares Enrique.

Cabe destacar que Olivares Enríquez había solicitado protección a las autoridades tras haber recibido amenazas de muerte, sin haber recibido respuesta alguna; asimismo es importante señalar que el dirigente provenía de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), misma organización que dirigía Rocío Mesino, líder asesinada hace un par de semanas.

De tal forma que “la dirigente de la OCCS, Norma Mesino, hermana de Rocío, asesinada el 19 de octubre, denunció que en Guerrero pareciera que se trata de una consigna acabar con todos los dirigentes sociales ‘pues uno a uno van cayendo de manera cobarde, definitivamente ya no hay seguridad para quienes defendemos los derechos humanos y encabezamos las demandas sociales’, dijo.”[2]

Desafortunadamente este panorama no es exclusivo del estado de Guerrero, en diversas regiones del país existe una sistemática violación a los derechos humanos, en contra de quienes forman parte de los movimientos sociales.

Ante ello, el Comité Cerezo México, en conjunto con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos AC. (ACUDDEH) y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada documentó en el informe “Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad”, aproximadamente 120 casos de violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas defensoras de derechos humanos en el periodo comprendido de junio de 2012 a mayo de 2013.

De tal número, 90 afectaron directamente a las personas, 25 a organizaciones y diez a comunidades; por estado, en el periodo de mayo a  noviembre de 2012, los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero casi concentraron el 50% de estas agresiones; mientras que para el periodo de diciembre de 2012 a mayo de 2013, Oaxaca, Guerrero y Chiapas abarcaron este mismo porcentaje.

“Es impostergable que las autoridades federales, estatales y municipales se deslinden en forma inequívoca de esta nueva suerte de guerra sucia –cuyos referentes ineludibles son las cruentas campañas represivas organizadas en la entidad por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, así como las masacres de campesinos perpetradas durante el sexenio de Ernesto Zedillo- y empeñen su voluntad política en desactivarla y en identificar, capturar y presentar ante los tribunales a los presuntos asesinos materiales e intelectuales.”[3]

Conscientes que la función primordial del Estado es garantizar la seguridad de sus habitantes y a sabiendas que las personas que dedican su vida a defender que los derechos se cumplan a cabalidad y que se respete lo establecido en el marco normativo, sufren una violencia sistemática por parte de grupos criminales, resulta urgente que el gobierno mexicano en sus tres órdenes de gobierno tomen cartas en el asunto e implementen los mecanismos que garanticen su integridad física y la de sus familiares; aunado a que gocen de un ambiente libre de represión y criminalización por sus actividades a favor de la población; es por lo antes expuesto que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar una investigación sobre los asesinatos de dirigentes y activistas campesinos en el estado de Guerrero en miras de emitir recomendaciones sobre la situación de violencia e inseguridad.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero a investigar, de manera pronta, los asesinatos de dirigentes y activistas campesinos, a fin de castigar a los responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de noviembre de 2013.


[1] Asesinan en Atoyac, Guerrero a otros dos dirigentes campesinos http://www.proceso.com.mx/?p=358161

[2] Ídem.

[3] La Jornada,  Editorial. homicidios En Guerrero: ¿Nueva Guerra Sucia?. Lunes 18 de noviembre de 2013

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