Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a respetar la soberanía de Michoacán de Ocampo en el marco de la estrategia planteada para recuperar la seguridad

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RESPETAR LA SOBERANÍA DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA PARA RECUPERAR LA SEGURIDAD AHÍ, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El fenómeno del narcotráfico en Michoacán no es nuevo. Desde la Segunda Guerra Mundial, en el país, en particular en dos estados, este fenómeno nació con apoyo extraoficial en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, y en Tierra Caliente, en Michoacán.

El 11 de diciembre de 2006, en Michoacán inició la guerra contra la delincuencia organizada por parte de Felipe Calderón Hinojosa, como una “política de Estado” para legitimarse en el poder, quien justamente en visita oficial dio el banderazo castrense en esta región a la que hoy hago referencia y que tiene en riesgo la seguridad nacional.

¿Qué originó esta guerra fallida?: 120 mil muertos, 20 mil desparecidos y 250 mil desplazados, pero también, originó que el grupo delincuencial hegemónico desde hace 10 años en Michoacán al verse perseguido y cooptado en su principal actividad, diversificara sus actividades delictivas para no perder sus ingresos, dedicándose desde esa fecha y hasta nuestros días al secuestro, extorsión a pobladores, ganaderos, campesinos, empresarios, agricultores, profesionistas, pequeños comerciantes e incluso, a los 113 ayuntamientos michoacanos; además, comenzaron con la realización de obra pública estatal y municipal a través de empresas propias “ganando” concursos y arreglando licitaciones. Gracias a su largo brazo político afianzaron la elección local de 2011 al imponer candidatos e inhibir a otros con amplias posibilidades de ganar, además, desde hace 7 años a la fecha en ese solo Estado hay más de 2 mil muertes relacionadas con el narcotráfico y la salida de importantes empresas lo que deprime la de por sí ya castigada economía local.

Desde el sexenio de Felipe Calderón hasta este sexenio de la vergüenza, el enfoque ha sido el de una guerra convencional, no el de una guerra atípica y de baja intensidad, se ha creído falsamente que con el simple y costoso despliegue de más afectivos militares y de la policía federal terminará este flagelo social.

Los resultados son nulos, no ha habido ninguna detención importante de miembros de este grupo delincuencial, tampoco se ha afectado su centro de gravedad, es decir, su aparato y flujo financiero, el tratamiento que se le ha dado es meramente armamentista, de policías y ladrones, de buenos y malos, nunca con una perspectiva de política social, de recuperar el tejido social que está desgarrado.

Lo preocupante de este sexenio es que en un año han incendiado el país y, en el caso de Michoacán, han experimentado de manera perversa una nueva modalidad de “limpieza” del territorio al confrontar pueblo contra pueblo, armando y acompañando a los grupos de “autodefensa” y, ante el inminente fracaso de su plan perverso, a estos grupos los dejan a su suerte desarmándolos y acribillando a michoacanos que solo exigían su derecho constitucional a la legítima defensa por un estado de necesidad .

Es justo hacer una aclaración: como Movimiento Ciudadano no podemos estar a favor de ningún grupo delictivo ni de las autodefensas. Ninguno de ellos tiene razón de ser, pues son el resultado de un Estado que no está cumpliendo su labor.

Sin embargo, el caso que hoy planteo tiene que ver con el fracaso en la estrategia del Poder Ejecutivo federal, la inexistencia del gobierno estatal y que Michoacán es hoy un laboratorio maligno que está costando vidas como el caso de la niña de 11 años del poblado de Antúnez, en Apatzingán.

El lunes 13 de enero, el gabinete de seguridad del gobierno federal acudió en visita exprés a firmar el Acuerdo para el Apoyo Federal para la Seguridad de Michoacán que entre otras cosas implica más espectáculos mediáticos, retórica y turismo gubernamental, de fondo, no plantea ningún cambio, porque aún y en dicho acuerdo se cedan las facultades de seguridad de los municipios y el estado a la federación, no hay un viraje en las acciones, sino todo lo contrario, se profundiza la crisis al mandar al ejército a desarmar a los civiles que ellos mismos auspiciaron y financiaron.

A esto se sumó la designación de Alfredo Castillo Cervantes como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán, que en resumen y sin la mínima intención de ser discretos sobre el asunto, le otorga al ex titular de la Profeco todas las facultades correspondientes al gobernador de Michoacán, en una clara violación de la soberanía del Estado.

El Poder Ejecutivo federal hoy no es un interlocutor válido y suficiente para resolver tan complejo problema, por ello, se requiere del Poder Legislativo para que en su carácter de representante de los intereses ciudadanos genere un clima de estabilidad y gobernabilidad, el cual debemos propiciar exigiendo que se respete la autonomía de Michoacán, y no permitiendo que desde el Ejecutivo se desaparezcan de facto los poderes en dicha entidad. No podemos dejar a su suerte a los michoacanos buenos porque en esta guerra fratricida nadie, absolutamente nadie gana.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a respetar la soberanía de Michoacán de Ocampo en el marco de la estrategia planteada para recuperar la seguridad en dicha entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.

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