Punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar los contratos, permisos otorgados a empresas relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A INVESTIGAR LOS CONTRATOS, PERMISOS O AMBOS OTORGADOS A EMPRESAS RELACIONADAS CON EL EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA GENARO GARCÍA LUNA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Se ha demostrado frecuentemente que una de las peores costumbres políticas es la que realizan algunos titulares de cargos públicos quienes, al concluir las administraciones bajo las que se desempeñan, se unen o fundan empresas en las que venden sus servicios al mejor postor, los cuales incluyen desde conocimientos internos de las estructuras, hasta el tráfico de influencias.

En los últimos días se ha publicado a través de algunos medios de comunicación la reaparición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como un exitoso empresario en Florida, éxito que se encuentra vinculado a diversos personajes relacionados con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Durante el periodo ordinario pasado, antes de la fatídica aprobación de la Reforma Energética, denunciamos desde esta tribuna que distintos exdirectores de Petróleos Mexicanos (Pemex), o funcionarios de la Secretaría de Energía tienen vínculos actuales con empresas que estaban sumamente interesadas en la privatización del petróleo, como por ejemplo, las empresas Oro Negro, Energe A, Evercore Partners, OHL o Iberdrola. El caso Genaro García Luna no es diferente o de menor importancia.

Antecedentes

Cuatro días después de dejar el cargo que ocupaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, García Luna abrió una empresa en Miami, la cual se especializa en servicios de investigación, protección ejecutiva, seguridad física e industrial, sistemas y bases de datos, seguridad electrónica, localización y rastreo satelital, empresa que nació con el nombre GL & Associates Consulting, LLC.

Es importante señalar que esta empresa, junto con su gemela, International Consulting Intelligence & Technology, vinculan a García Luna y a Mauricio Samuel Weinberg –su socio–, con una red de personajes pertenecientes a diversas agencias de seguridad extranjeras.

Socios estratégicos

Ambas compañías cuentan con los mismos socios y en sus sitios web se repiten palabra por palabra las reseñas biográficas, además de que se puede encontrar en los sitios las mismas fotografías en el perfil de cada uno de ellos, tal como lo diera a conocer Reporte Índigo.

José A. Rodríguez Jr., es exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) quien entre 1994 y 1995 fungió como director adjunto del Centro Antinarcóticos y entre 1995 y 1998, cuando García Luna fue nombrado coordinador general de Inteligencia para la Prevención en la entonces Policía Federal Preventiva, Rodríguez era el jefe de la División de Operaciones en América Latina de la CIA.

Carlos Villar, el segundo socio, fue agregado legal del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), en la embajada de Estados Unidos en México, mientras García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI). Dentro de sus responsabilidades se encontraba la de ser el “enlace legal con las autoridades mexicanas de seguridad pública y supervisor de las investigaciones coordinadas entre el FBI y el gobierno mexicano.”

Después de su retiro, ha sido dueño de la consultora VR Global Security, socia de las compañías de Weinberg y García Luna, quienes en sus portales en Internet anuncian que “ha asesorado a dependencias del gobierno mexicano en la adquisición de tecnologías de seguridad.”

El tercer socio del grupo es el expolicía colombiano Luis Montenegro Rinco, especialista en temas de inteligencia y crimen organizado, quien durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2008 y 2012, trabajó para García Luna como integrante del Consejo Asesor Externo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El último socio que registran tanto García Luna como Weinberg es Larry Holifield, exfuncionario de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos. Holifield llegó a México en diciembre de 2002 como director regional para México y Centroamérica de la DEA, cuando García Luna dirigía la AFI.

Coincidencias

La vinculación entre Genaro García Luna y el empresario de seguridad Mauricio Samuel Weinberg es directa y las coincidencias entre ICIT y la consultora GL & Associates Consulting son concretas:

1. Los sitios web de ICIT y GL son idénticos; incluso, sus teléfonos de contacto en México y Estados Unidos son exactamente los mismos, al igual que sus redes sociales.

2. El representante actual de ambas compañías es el mismo: el abogado Gabriel Díaz Sarmiento.

3. El vínculo de Weinberg con empresas de seguridad había surgido públicamente desde 1998, cuando representaba en México a la compañía israelí Teletron, la cual fue acusada de espionaje político en Campeche.

4. Las dos compañías se dividen en tres áreas: información y análisis; seguridad y operación; y tecnología. Son las mismas divisiones que tiene ICIT en México.

La urgencia de la acción del estado

Es preocupante que la empresa ICIT Private Security Mexico, SA de CV, filial mexicana, tuviera permiso para operar seguridad privada en todo el país durante el mandato de García Luna como secretario de Seguridad Pública, permiso que ha sido renovado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y se encuentra vigente hasta el próximo 6 de febrero, según información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Durante ese periodo, se destinaron 59 mil 136 millones de pesos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Esto significó un aumento de 40 mil 51 millones respecto del último año del sexenio de Vicente Fox; es decir, los recursos se incrementaron en un 209.8 por ciento una vez que se dio el cambio de gobierno.

Los datos se asientan en el Cuaderno 3. Gobierno y gasto federalizado, de la serie Evaluación de la Cuenta Pública 2011, que elaboró la Unidad de Evaluación y Control, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

En éste se muestra el incremento de recursos destinados al SNSP. Mientras que en 2006, último año del sexenio foxista, el presupuesto fue de 19 mil 85 millones de pesos; en 2007 ascendió a 28 mil 361 millones; para 2008 alcanzó los 34 mil 111 millones; en 2009 se le destinaron 47 mil 261 millones; en 2010 el monto se redujo a 45 mil 761 millones; pero en 2011 tuvo un aumento significativo, al ascender a 59 mil 136 millones de pesos.

No obstante, a pesar del incremento en el gasto, los delitos también aumentaron. Por ejemplo, en 2006 se registraron 27 mil 551 homicidios, mientras que en 2011 la cifra se incrementó en casi 10 mil casos: en ese año se cometieron 37 mil 409.

Los resultados en materia de seguridad son conocidos ampliamente:

A lo largo del sexenio pasado, los asesinatos fueron en aumento: en 2007 hubo 25 mil 113; en 2008, 28 mil 18; en 2009, 31 mil 545; y en 2010, 34 mil 545. Las estimaciones oficiales superan los 100 mil homicidios en los 6 años del gobierno calderonista.

Los secuestros también aumentaron: de 595 en 2006 a mil 344 en 2011. En 2007, el propio SNSP registró 438; en 2008, 907; en 2009, mil 163, y en 2010, mil 220.

Otro ejemplo de la fortaleza del crimen corresponde a los robos. En 2006 hubo 545 mil 232; en 2007, 610 mil 730; en 2008, 656 mil 877; al siguiente año, 680 mil 566; en 2010, 726 mil 661; en 2011, 751 mil 750. Anualmente, entre 2006 y 2011, la comisión de este delito creció 37.8 por ciento.

La participación de las empresas asociadas a García Luna no sólo rindió pocos resultados, también puede constituir una violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prohíbe expresamente la incorporación laboral de los servidores a empresas vinculadas al sector en donde fungió como funcionario, si no ha pasado por lo menos un año de dejar el cargo.

¿Quién nos asegura que la información privilegiada que García Luna conoce no está siendo manejada entre personajes con nexos a agencias internacionales en una materia tan sensible para México como es la seguridad?

La seguridad pública no puede reducirse a la seguridad de un grupo en el poder, al soporte de una política subjetiva o parcial, sino a la integridad de la paz, a la seguridad de la nación misma. Debe ser un recurso más para conocer lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen las medidas gubernamentales de índole política que puedan poner en peligro al país entero.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al titular de la Secretaría de la Función Pública a que en el marco de sus facultades, realicen las investigaciones necesarias y apliquen las sanciones correspondientes respecto a los contratos y/o permisos otorgados a las empresas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como a quien resulte responsable, por presunto conflicto de intereses u otros ilícitos que contemple la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Notas

1. http://www.icitholding.com/es/

2. http://gglconsulting.net/en/

3. http://m.aristeguinoticias.com/2101/mexico/garcia-luna-ahora-todo-un-em presario/

4. http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/los-socios-de-genaro

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

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