Punto de acuerdo para brindar capacitación integral en materia de derechos humanos a todos los cuerpos policiales de Guerrero

CC. DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

El suscrito Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que me confiere los artículos 127 párrafo cuarto, 137 párrafo segundo y 170 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, someto a consideración de esta Soberanía Popular, la siguiente Propuesta de Acuerdo Parlamentario, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un estado de derecho democrático, la policía es el único organismo público facultado, en circunstancias excepcionales, para requerir de manera coactiva una determinada conducta por parte de las personas que habitan un país, mediante la aplicación inmediata de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia -a través de la presión psicológica que ésta implica- hasta la fuerza física propiamente como tal, en sus diversos grados, cuya cúspide se encuentra representada por la fuerza letal.

Por tal razón, se ha señalado que “el uso de la fuerza física es el rasgo más destacado de la actividad policial” y ha sido definida como “la función de la que aparecen investidos ciertos miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones coercitivas que aluden al uso de la fuerza”[1].

Teniendo en cuenta que una acción de fuerza por lo general implica, a lo menos, la restricción temporal o suspensión del ejercicio de algún derecho, dicho ejercicio tiene un carácter eminentemente extraordinario, debido a que para dicha suspensión no ha mediado la intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional.Dado que el empleo de la fuerza psicológica, también llamada “fuerza no física”[2], no suele afectar directamente la integridad corporal de quien la sufre, la discusión entonces, en lo que a la policía concierne, estriba en el adecuado uso de la fuerza física.

La resolución de este dilema no es menor y al respecto existe una amplia gama de experiencias, desde aquellas que cuentan con una posición teórica de respaldo hasta aquellas que, en la práctica, se resuelven -más mal que bien- a través de la experiencia que los agentes pueden adquirir en el ejercicio cotidiano de sus funciones, éste ha sido el caso mexicano en una vasta generalidad de nuestro país.

Prevenir actos de tortura por parte de la policía está ligado, de manera sumamente estrecha, a la determinación de lo que debe entenderse por un adecuado uso de la fuerza y para ello se deben tomar en cuenta al menos tres componentes que, de manera simplificada, pueden ser considerados como los principios para un correcto uso de la fuerza: El principio de oportunidad, que establece que la fuerza debe utilizarse en el momento adecuado; el principio de proporcionalidad, para que el tipo y cantidad de fuerza sean los estrictamente necesarios y; el principio de responsabilidad del funcionario público que la utiliza.

Así, una ecuación que implique la concurrencia de estos elementos permite sostener que el uso de la fuerza corresponde al de una policía moderna y profesionalizada, caracterizada por un importante nivel de preparación profesional y por criterios de legitimidad, transparencia, control y eficiencia de su actuación, cuya realización contribuirá de mejor forma a garantizar que el ejercicio de la fuerza se mantendrá dentro de la esfera del derecho y de la justicia.

Estos principios corresponden también a los procesos de reforma policial[3] y es por ello que en América Latina, en el marco de éstas o como resultado de las mismas, el uso de la fuerza se ha vuelto un tema específico, aún cuando la literatura especializada en la forma en que debe usarse la fuerza sigue siendo escasa y se concentra, más bien, en la preocupación por la posibilidad de su uso y, sobre todo, de su abuso. En otros países más avanzados, sin embargo, el desarrollo de modelos de uso de la fuerza no responde a iniciativas de reforma policial, sino a procesos continuos de profesionalización y responsabilización policial conocidos como police accountability.

Las instituciones policiales en México se han caracterizado más por la implementación de políticas orientadas a la mano dura y la aplicación de estrategias reactivas y punitivas. Esto se suma a la escasez de normas especiales (reglamentos y manuales de procedimiento), así como de programas de entrenamiento y políticas sobre uso de la fuerza policial. En fechas recientes se ha avanzado —con lentitud— en la formulación y promulgación de leyes y reglamentos orientados al control de la fuerza policial; sin embargo, el tramo entre la promulgación de una ley y la implementación de los procesos que ésta conlleva sigue siendo muy largo y complejo.

Regular el uso de la fuerza policial no es una tarea sencilla debido a la diversidad de situaciones a las que se puede enfrentar el policía en el momento en que sea justificable (o no) su utilización, así como a la diversidad de variables en esas situaciones, mismas que no siempre limitan el recurso de la fuerza para el cumplimiento de objetivos legítimos. La experiencia institucional también muestra que las situaciones en las que se puede hacer uso de la fuerza como mecanismo de coacción pueden ser muy diversas, pero con más frecuencia es posible identificar las siguientes:

  • Detención en flagrancia, con el objeto de impedir la consumación de un delito que se está produciendo o inmediatamente después de que éste se ha producido (las persecuciones policiales, cuando se producen, suelen propiciar algún grado de empleo de la fuerza);
  • Detención por orden de aprehensión de una autoridad jurisdiccional, como medida cautelar, en el marco de una investigación o proceso judicial;
  • Operaciones policiales en el marco de una investigación de hechos probablemente delictivos (cateos, protección de escenas, requisición de elementos probatorios);
  • Custodia temporal de personas privadas de libertad;
  • Acciones de control o disolución de manifestaciones o protestas; y
  • Hechos suscitados en el contexto de una investigación criminal (interrogatorios, requisición de elementos probatorios).

Todas estas situaciones son acatadas por el público bajo el conocimiento de que una eventual resistencia a las mismas llevaría a la policía a realizarlas por la fuerza. Es decir, aun cuando la utilización de la fuerza no es la regla habitual, las hipótesis en que la policía puede verse obligada a recurrir a ésta pueden ser múltiples.

La información disponible sugiere que la polémica respecto del uso de la fuerza se agudiza cuando ésta se utiliza de manera excesiva en el control del orden público o sistemáticamente en contra de personas privadas de libertad, como forma de investigación criminal[4]. Sin embargo, los problemas de abuso de la fuerza se presentan a partir de la aplicación de técnicas que conllevan un contacto físico y cuando éstas se utilizan de manera excesiva en el control del orden público o en contra de personas privadas de la libertad, como una forma de obtener una confesión o información para una investigación policial.

El impacto social de los casos de abuso de la fuerza policial en situaciones de detención o control de manifestaciones o disturbios civiles es tan grave como el que pudiera tener el uso de la fuerza excesiva en personas privadas de su libertad o para la obtención de confesiones o información, sólo que en estos últimos suele haber más violaciones de los derechos humanos como resultado de tratos crueles, inhumanos o degradantes y por tortura.

Como bien sabemos, nuestro país no es ajeno a las graves consecuencias que produce el uso de la fuerza mal empleado. A partir del sexenio de Felipe Calderón y con la militarización de las calles, el uso de la fuerza dio pie a múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y las policías de todos los niveles de gobierno.

Recientemente podemos recordar las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014; la represión en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, el 9 de julio de 2014, que costara la vida de un niño de 12 años y dejara más de 40 lesionados, al menos 4 de gravedad; o la desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de 6 personas más, cometidos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014; o las múltiples detenciones con lesiones en contra de manifestantes que salieron a las calles a protestar por estos acontecimientos en la Ciudad de México durante el año 2014 y este 2015.

En todos estos casos, existió un uso desproporcionado de la fuerza pública, que demostró que el Estado mexicano no cuenta con los estándares mínimos para el ejercicio de la actividad policial y refuerza la urgencia de que los estados que cuentan con ordenamientos al respecto agilicen su implementación, y aquellos que aún tienen pendiente esta tarea puedan legislar al respecto con urgencia.

Las directrices de la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de fuerza constituyen orientaciones universales que describen los estándares mínimos para el ejercicio de la actividad policial: deben existir principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego; un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y un conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Derivado de estos principios, es de suma importancia y obligatoriedad que todas las intervenciones policiales se basen en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, mismos que deben ser puestos en práctica con un alto grado de racionalidad y sustentados en una conducta ética.

Asimismo, los servidores públicos -sean nombrados o elegidos-, que desempeñan funciones de policía, en especial a quienes tienen facultades para arrestar o detener, están obligados al respeto y a la protección de la dignidad humana como presupuesto para el despliegue de su función, y limita el uso de la fuerza a la estricta necesidad de hacer cumplir la ley y sólo en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Finalmente, la inexistencia de una institucionalidad normativa y orgánica que regule el uso de la fuerza, así como la falta de modelos operativos y de entrenamiento específico, pueden incidir de manera negativa en el uso de la fuerza, toda vez que estas carencias son un indicio de la falta de desarrollo de habilidades y destrezas en el empleo de la fuerza y de que, probablemente, su ejercicio se mantiene en el ámbito de la discrecionalidad individual.

A pesar de que en nuestra entidad existe en la norma estatal la regulación del uso de la fuerza pública, la misma es ambigua y no se encuentra debidamente apegada a lo que marcan los estándares internacionales, generando un vacío legal que dificulta que las instituciones emitan los reglamentos adecuados para su aplicación directa en territorio y para la debida rendición de cuentas de los funcionarios que la apliquen.

Por lo antes expuesto y fundado, someto ante esta soberanía la siguiente proposición con:

ACUERDO PARLAMENTARIO

ÚNICO.- El Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Guerrero a que, en el marco de sus facultades, giré las instrucciones necesarias a fin de que se brinde capacitación integral en materia de derechos humanos y protocolos internacionales del uso de la fuerza a todas las fuerzas policiales del estado, en sus dos niveles, conforme a lo establecido por el artículo 72 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Asimismo, se le exhorta a regular en toda la normativa interna el uso de la fuerza pública conforme a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, a fin de prevenir que los derechos de las y los guerrerenses se sigan viendo afectados por el uso desproporcionado de la misma por parte de los elementos de seguridad pública de la entidad.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario, surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para los efectos señalados en el numeral primero de este Acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese para el conocimiento general, el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en dos de los principales diarios de circulación estatal y en el Portal Web del Congreso del Estado.

Chilpancingo, Guerrero, a 16 de noviembre de 2015.
ATENTAMENTE

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA
DE MOVIMIENTO CIUDADANO

[1] González Calleja, Eduardo (2006) “Sobre el concepto de represión”. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea No 6, España, 2006. http://hispanianova.rediris.es/6/ dossier/6d022.pdf
[2] Varenik, Robert O. (2005) Accountability p.154. Sistema policial de rendición de cuentas. Instituto para la Seguridad y la Democracia AC – Centro de Investigación y Docencia Económicas, México DF, 2005.
[3] Rodolfo Daniel Arland (sin fecha). “Aportes para una política de seguridad ciudadana”. Mendoza, Argentina.
[4] Un estudio comparado en Caracas, San Salvador y Río de Janeiro detectó que entre 4.1% a 7,9% de los encuestados estaba “totalmente de acuerdo” con el uso de la tortura como método investigativo, y que entre 12,5% a 17,7% manifestaba su “acuerdo” con dicha práctica (Gabaldón y Birkbeck, sin año:251- 252, citando a Briceño-León, Piquet Carneiro y Cruz, 1997, “El apoyo ciudadano a la acción extrajudicial de la policía en Brasil, El Salvador y Venezuela”, en Realidad No 60, San Salvador).

Leave a comment