Nueva Ley de Amparo afectará la Economía Nacional

POSICIONAMIENTO DEL DIPUTADO RICARDO MEJIA BERDEJA DE MOVIMIENTO CIUDADANO QUE PRESENTA RESERVA A LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 129 DE LA LEY DE AMPARO

En un estado constitucional y democrático de derecho, todas las personas deben tener los mismos derechos y obligaciones.

  El debate es: si queremos un Estado Democrático de Derecho o si se usa facciosamente el Derecho como instrumento de control político.

Este Congreso tiene la obligación de garantizar el Estado de Derecho y que las leyes que emita no tengan como fin limitar los derechos de ciertas personas ni de privilegiar los derechos de otras.

De acuerdo a John Locke, el padre del liberalismo, se sostiene que “el fin que se propone al elegir y autorizar a los miembros de la legislatura es que se hagan leyes y normas que sean salvaguardas y barreras para así limitar el poder y moderar el dominio que cada miembro o parte de la sociedad pueda tener sobre los demás.”

Los derechos fundamentales son primordialmente derechos de defensa frente al Estado, así como barreras y directrices para la actuación estatal: están llamados a asegurar la esfera de libertad del individuo frente a los poderes públicos.

En ese sentido, si las restricciones de la libertad individual son excesivas se pueden considerar violaciones a los derechos humanos.

En muchos sentidos, esta propuesta de reforma es una restricción al derecho de los particulares de ampararse del arbitrio de quienes ejecutan las leyes.

Con la fracción XIII del artículo 129, se restringe a los concesionarios que tienen bajo su  aprovechamiento o explotación bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 Constitucional, es decir concesionarios de minas, del aire, del suelo y de las telecomunicaciones.

En efecto, hay excesos que han cometido ciertos concesionarios como las televisoras, sin embargo, para eso debemos fortalecer las facultades regulatorias de las leyes en la materia y de los órganos como la COFETEL y COFECO pero no podemos pretender por la vía de la limitación de derechos lo que no hacen con las leyes.

Pues además, la reforma está planteando no solamente limitar el derecho de ampararse a los grandes concesionarios que han abusado por la permisividad del gobierno y de la poca eficacia de leyes y los órganos regulatorios, sino que también se afecta a mineros, ejidatarios, particulares agrarios, a quienes tienen pozos, haciendo tabla rasa de ellos. Ponen a todos en el mismo saco.

En ese sentido, la limitación de no obtener la suspensión provisional cuando acuden como quejosos en el amparo ante un tribunal federal, prácticamente significaría la extinción de la materia o sustancia del amparo, el daño sería irreparable.

Esta disposición permitirá que se ahonden los abusos contra ejidatarios con la expropiación de sus tierras, pues para cuando se enteren el procedimiento de amparo ya estará sobreseído, como lo ha dicho el Diputado Ricardo Monreal.

Se argumenta que el juez podrá determinar si procede o no la suspensión, por que determinar en la ley excepciones en unos casos es el juez quien decide y en otros casos no, esto es hacer leyes que permiten la interpretación de criterios y con ello se generan desigualdades frente a la ley.

Si la reforma pasa, muchos concesionarios ya no tendrán de su lado la suspensión provisional y van a tener que subordinarse a las autoridades para que, desde el Poder Ejecutivo, alguien pueda ayudarles extra legalmente. El riesgo de darle este poder al Ejecutivo es subordinar a esas concesionarias a criterios más bien de orden político que del interés público.

Si dejamos la redacción tal como está, estaríamos abriendo la puerta para el regreso de un Estado controlador, totalitario y arbitrario, cada vez más parecido al estado totalitario que Hobbes representó como un monstruo o el auténtico Leviatán.

  Esta es una reforma Chavista que impulsa y defiende el PRI, que no aceptáremos, pues el Estado será el Big Brother que limitará las libertades, premiará y castigará.

En la concepción liberal que dio origen a nuestra constitución, los derechos individuales son un concepto que procede del derecho constitucional y hacen referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por tanto inalienables, inmanentes e imprescindibles. Debemos apostar a la progresividad de los derechos humanos, no a limitarlos. Construir una sociedad de libertades, en el que el único límite sea la ley.

Cabe resaltar y ser insistentes en que el amparo además resulta ser el instrumento de control constitucional más importante del orden jurídico mexicano, la garantía jurisdiccional institucional más importante para asegurar el respeto y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos fundamentales de las personas.

No pretendamos en las letras chiquitas de una reforma que busca actualizar la figura del amparo, restringir derechos para vender favores y ampliar poderes.

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