Iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con respecto a la violencia hacia las personas adultas

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 30. DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Los adultos mayores hoy en día no son considerados como reflejo y cúmulo de experiencias y sabiduría, al interior de la familia así como en la sociedad en general.

Por un lado, se puede considerar al adulto mayor como una carga social, entonces las políticas públicas que a todos nos compete, las acciones pueden estar orientadas a atender una necesidad determinada, a curar, a proteger, a aquellas personas que necesitan de la atención del estado o de instituciones privadas que complementan el accionar del estado.

En cambio, si se considera al adulto mayor como un valor, como una persona que puede ofrecer a la sociedad sea cual sea el grupo humano que la compone, sea niño, joven o mayores en actividad, entonces las tareas que se organicen en función del adulto mayor, tiene otro sentido, pues se recupera ese tiempo, que casi siempre tiene el adulto mayor. Con eso se recupera la experiencia de vida, ya que mucho tiempo han tenido por su actividad múltiples tareas.

Es importante considerar al adulto mayor en su dignidad de persona, la cual no merma con el pasar de los años, a pesar del deterioro de la salud física y psíquica. Resulta evidente que esta consideración positiva solo puede encontrar terreno fecundo en una cultura capaz de superar los estereotipos sociales, según los que el valor de la persona consiste en la juventud, la eficiencia, la vitalidad física y la plena salud.

Las políticas públicas están diseñadas para atender necesidades específicas, pero es fundamental que al adulto mayor se le reconozcan y hagan valer sus derechos fundamentales.

Las personas adultas mayores, al igual que las demás personas, también necesitan gozar de independencia, autorrealización, participación, dignidad y cuidados. El Estado debe garantizar estas necesidades al adulto mayor para dotarles de mayor calidad de vida.

En México, los relatos precolombinos confirman que el anciano era el conocedor de los misterios y designios, por lo cual recibían el respeto de su comunidad.

La población mundial de las personas de 60 años o más será más del doble, de 542 millones en 1995 a alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato.

La intolerancia, la discriminación e incluso la violencia sobre las y los Adultos Mayores, también son flagelos presentes en las sociedades difíciles de erradicar; es por esto que se requiere reforzar la protección de los mismos.

¿Qué es el maltrato hacia las personas adultas mayores?

Se puede definir como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o no.

El respeto de los derechos de todas las personas, incluidas las más vulnerables entre las que se encuentran las personas adultas mayores requiere de una nueva cultura humanista, incluyente, no discriminatoria y que dé la aplicación irrestricta de un marco jurídico garantista.

Los adultos mayores en México son vejados, discriminados, agredidos y hasta despojados por el resto de la sociedad y en ocasiones, por increíble que parezca, por sus propios familiares.

Es una lamentable realidad que las personas adultas mayores son agredidas tanto por acciones concretas como por omisiones cometidas al interior de sus hogares y por sus familiares.

El proceso de desvalorización hacia el adulto que prevalece en la sociedad, en la que se le concibe como una carga para la familia y aún más si éste cursa con algún deterioro que le obliga a tener un nivel de dependencia. Ello da pie a tensión al interior del núcleo familiar, porque la persona adulta mayor juega un rol distinto al resto de la familia. En este contexto puede emerger la violencia hacia la o el adulto mayor, que va desde la violencia psicológica hasta la física.

Las principales problemáticas que se perciben hoy en día hacia ellos es el abandono y el despojo patrimonial.

Las denuncias que los adultos mayores llegan hacer son por despojo , abuso, violencia psicológica, patrimonial o sexual, así como la omisión en la entrega de medicamentos o alimentos, que son perpetrados en 90 por ciento de los casos por sus familiares: hijos, pareja, sobrinos o tíos.

El despojo o mejor dicho la violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Por ello es necesario actualizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Los familiares deben asumir el deber moral y el tener reciprocidad hacia quienes nos dieron todo cuando nosotros nos encontrábamos en el mismo estado de dependencia.

Argumentación

En México se han promulgado leyes que garantizan los derechos de las personas adultas mayores. No obstante, aun cuando existe un Ley en esa materia, buen aparte de sus beneficiarios desconoce cuáles son sus derechos, lo que limita su exigibilidad y propicia actos de discriminación, abandono y maltrato hacia ellos.

Se debe revalorizar dicha etapa de la vida y trabajar desde ahora y d forma prioritaria en la creación de políticas públicas, principalmente en sus derechos humanos y permitirles llevar una vida digna sin discriminación y como parte importante de las familias y la sociedad.

Los adultos mayores merecen una mejor calidad de vida con base en la organización y participación comunitaria. Uno de los pilares sobre los cuales se sostiene es la intervención directa de las y los adultos mayores, desde la organización hasta la toma de decisiones.

Es importante resaltar que referente a la certeza jurídica y familia, la mayoría de los adultos mayores no saben dónde acudir en caso de querer ejercer un derecho; es decir, tienen conocimientos muy generales de su derechos, pero la exigibilidad la cual significa llevar a la practica el derecho es una situación sobre la que se debe trabajar más con las mujeres que con los hombres.

Lo anterior destaca la falta de claridad y de toma de conciencia de las personas adultas mayores para situarse como sujetos de derecho, lo que a su vez indica la imperiosa necesidad de adecuar y perfeccionar el marco jurídico existente, el cual permita a los familiares y a la población en general que al violentar en cualquier modalidad a un adulto mayor serán acreedores de algún tipo de denuncia, ya que al modificar la Ley de los derechos de las personas adultas mayores estos estarán más orientados y preparados para saber que se ejerce sobre ellos la violencia patrimonial.

Se debe visibilizar la necesidad de reforzar los derechos de la vejez y dotarlos de instrumentos efectivos para su promoción y protección. Debe de aumentar cada vez más la toma de conciencia de las personas para abordar la vejez y considerarla como una situación de vulnerabilidad, riesgo o debilidad.

Respecto a la situación de los derechos de las personas de edad se debe considerar la discriminación múltiple que sufren, la violencia y el abuso, sin dejar de lado la violencia en comento la patrimonial. Por lo tanto se deben identificar las posibles brechas de protección y las formas de superarlas.

Las personas de edad, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona en el sistema internacional de derechos humanos. Por lo cual surge la importancia de esta nueva figura para encuadrarla dentro de la Ley y sea visible todos los tipos de violencia que se ejercen a las personas de edad avanzada.

“Algunos ancianos sienten que la vejez es la época privilegiada de su existencia, la edad de la sabiduría y de la paz. Claro que la pérdida de la virilidad y de la feminidad desespera, pero también comporta algunas ventajas”.

Extracto de Simon de Beauvoir y el terror de la vejez, 2008.

Elena Poniatowska.

Fundamento Legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones XII y XII al artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XI. …

XII. Violencia: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, único o repetido, dirigido a dominar, someter, controlar, limitar o agredir de manera física, verbal, patrimonial, económica, sexual a las personas adultas mayores, que causa daño o angustia y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza.

XII. Violencia Patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima a través del uso legal o inapropiado de los fondos, propiedades o privilegios que realiza un familiar o persona en posición de confianza o autoridad a una persona adulta mayor; se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

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