Iniciativa que reforma el artículo 215-A, desaparición forzada

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 215-A DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, diputado Ricardo Mejía Berdeja, y los suscritos, diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidrobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215-A del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desaparición forzada es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias constituye también un crimen de lesa humanidad.

El delito de desaparición forzada esta caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley.

El fenómeno de la desaparición forzada de personas no es nuevo en nuestro país, a partir de los años 70 se empieza a escuchar constantemente de personas “desaparecidas”, principalmente en el estado de Guerrero, donde los movimientos insurgentes tuvieron mucha fuerza en esa década. Familiares y amigos de la gente que “desapareció” en esos años aún desconocen su paradero y hoy reclaman justicia.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuenta con un Programa de Presuntos Desaparecidos al cual se remiten los casos en que las quejas apuntan a una posible desaparición forzada, los resultados hasta ahora han sido escasos cuando los casos que se presentan son recientes. Su método de investigación para estos casos consiste en pedir información a las autoridades señaladas como presuntas responsables. En todos los casos éstas niegan su participación en los hechos por lo que la CNDH considera no tener pruebas jurídicas suficientes para señalar a dicha autoridad. Los casos son usualmente cerrados por orientación al quejoso para que éste acuda a la procuraduría de justicia respectiva y denuncie el secuestro de la persona en cuestión, por lo que comienza un proceso de orden penal que hasta ahora no ha tenido resultado alguno. En los casos en que la participación de agentes de autoridad es innegable las personas son declaradas “ausentes” y se inicia su búsqueda a través de instituciones de asistencia a la ciudadanía como si se tratase de personas extraviadas.

En los últimos años, a pesar del esfuerzo mundial para erradicar este tipo de prácticas y de los documentos nacionales e internacionales que se han creado, en México se sigue practicando la desaparición forzada. Bajo muchos rubros que van desde la lucha contra la guerrilla o el narcotráfico hasta la delincuencia común se tienen reportes de desapariciones.

Según Amnistía Internacional en 1996 desaparecieron veinte personas y no se registró progreso alguno en la investigación de centenares de desapariciones de activistas políticos en los años anteriores.

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico las víctimas de desaparición forzada se cuentan por centenas, además de que el delito es inexistente en el 62.5 por ciento del país.

Las desapariciones de personas se incrementan, pero el tipo penal no existe en la mayoría de los estados. Las definiciones en las 12 entidades que ya contemplan el delito, así como en el Código Penal Federal, son inadecuadas y no satisfacen los estándares internacionales.

De las 12 entidades federativas de las 32 se ha tipificado la desaparición forzada: Distrito Federal, Oaxaca, Durango, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes, guerrero, Baja California, Colima, Coahuila y Puebla. La figura jurídica aparece también en el artículo 215 A del Código Penal Federal.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias puso de relieve la falta de investigaciones adecuadas de las denuncias de desaparición forzada y secuestro.

La ONU ha recibido información en la cual sigue sin conocerse el paradero de alrededor de 3.000 personas que han sido víctimas de secuestros perpetrados por bandas criminales o de desapariciones forzadas, ocurridas, con la participación de las fuerzas de seguridad, en el marco de la crisis constante de seguridad pública.

Debido a la falta habitual de investigaciones efectivas sobre tales casos, a menudo se han ignorado o desestimado los datos aportados por los familiares de las víctimas para demostrar la colusión de las fuerzas de seguridad. Como resultado de ello casi todos los casos se han atribuido injustificadamente a la delincuencia organizada, haciendo caso omiso de la participación de funcionarios públicos en muchos de estos delitos o restándole importancia.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que las personas que sufren angustia y tensión debido a la desaparición forzada de un familiar y a la incertidumbre permanente sobre su suerte y su paradero son también víctimas de una violación del derecho a no sufrir tortura ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, proclamado en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Amnistía Internacional recalca que la falta de medidas de las autoridades federales y estatales para garantizar un recurso judicial efectivo a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y de secuestros no investigados completamente para determinar la posible participación de agentes del Estado podría constituir trato cruel, inhumano o degradante.

ARGUMENTACIÓN

 Por tanto en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano proponemos una tipificación adecuada, la mejor definición para el delito de desaparición forzada en el Código Penal Federal.

Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

En cambio el Código Penal Federal establece lo siguiente: Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidos público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Esta tipificación al igual que las doce que existen a nivel local es inadecuada y carece de tres elementos sustanciales.

La figura jurídica del Código Penal en el artículo 215-A restringe la autoría del delito a servidores públicos, contrario a nuestra reforma agentes del Estado, lo que deja fuera a todas aquellas personas que no siendo agentes del estado participan en la desaparición, con el apoyo o aquiescencia del mismo.

Además el Código Penal no hace una distinción expresa entre sujeto activo, perpetrador y aquellas personas que facilitan el apoyo, autorización y aquiescencia; es decir, entre las distintas formas de participación de diversos agentes del estado o incluso terceras personas en la comisión del delito.

Finalmente, la legislación en el artículo que hacemos referencia no contempla uno de los elementos fundamentales del tipo penal: la negativa de reconocer la privación de la libertad o de proporcionar información sobre el paradero de la víctima.

La desaparición forzada es un delito complejo, múltiple y acumulativo ya que atenta contra un conjunto diverso de derechos fundamentales:

• derecho a la vida;

• derecho a la libertad y a la seguridad;

• derecho a trato humano y respeto a la dignidad;

• derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

• derecho a la identidad y a la vida familiar, especialmente en el caso de niños;

• derecho a reparación, incluso mediante la indemnización;

• derecho a la libertad de opinión, expresión e información;

• derechos laborales y políticos.Por lo anterior podemos concluir que las desapariciones forzadas existen y aumentan de manera alarmante en México y no existe coacción para evitar que las autoridades incurran en este tipo de prácticas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha demostrado su ineficacia para prevenir el fenómeno de la desaparición forzada de personas.

Debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no informa el número de denuncias que recibe sobre casos de desaparición forzada sino que se limita a informar los casos resueltos, es imposible hacer una comparación entre los casos recibidos y resueltos. A la luz de los datos proporcionados por este informe, consideramos que el número de casos resueltos es muy inferior al de los recibidos.

El gobierno mexicano no ha mostrado disposición suficiente para frenar el fenómeno de las desapariciones forzadas, prueba de ello es que no responde internacionalmente por su incidencia, ya que es sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien responde por las desapariciones forzadas de personas, no estando obligado ningún órgano del estado a perseguirlas sino hasta que el desaparecido es torturado o privado de la vida.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 215 -A del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 215-A del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 215-A. Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro, o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida dela negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

Comments: 3

Leave a comment