Iniciativa para frenar el endeudamiento de los estados

RicardoMejia

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 73, 74 Y 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Mejía Berdeja y suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 73 fracción XXVIII Bis, 74, fracción VII, y 117 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, el desarrollo del mercado local de financiamiento a estados inició a finales de los años noventa, cuando la calificadora Fith Ratings asignó a Sonora la primera calificación de riesgo crediticio a una identidad mexicana. En la misma época, un grupo de estados tomaron la decisión de ser calificados: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Nuevo León, Morelos y Veracruz.

Las valuaciones de Fith resultan importantes ya que describen los puntos más vulnerables de cada estado lo que permite observar que áreas deben ser tratadas con urgencia. Para realizar esta labor se audita la deuda de cada entidad con el fin de conocer las capacidades de cumplir las obligaciones contractuales, medir el impacto de riesgos asumidos y analizar la administración de inversiones. Los resultados de la última evaluación 2010 de algunos estados son los siguientes:

Aguascalientes: Alto endeudamiento relativo, deterioro en gasto operacional, alta dependencia de ingreso federal.

Coahuila: Alto nivel de endeudamiento a corto y largo plazo, poca claridad y transparencia en el registro de deuda y contable. Fuerte desequilibrio presupuestal.

Chihuahua: Altos niveles de inseguridad que afectan la actividad económica. Dependencia de ingresos federales. Altos niveles de apalancamiento y sostenibilidad de la deuda.

Estado de México: Presiones presupuestarias debido al alto nivel de población y por lo tanto a la demanda de infraestructura. Importante aportación económica en el contexto nacional.

Morelos: Presiones en materia de seguridad publica. Gran dependencia de ingresos federales y contingencias a mediano plazo relacionadas con el pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.

Puebla: Registra contingencias relacionadas con la deuda avalada y con la operación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla; presenta presiones financieras relacionadas con el pasivo laboral a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado.

Tabasco: Presenta un elevado nivel de pasivos de corto plazo, con bajos niveles de generación de ahorro interno e inversión estatal en términos relativos, mantiene una dependencia significativa de ingresos federales y registra contingencias en el largo plazo derivadas del pasivo no fondeado del sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del estado.

Veracruz: Alto crecimiento del gasto operacional en los últimos años, lo cual ha deteriorado significativamente la flexibilidad crediticia del estado, y un elevado nivel de pasivo circulante en los últimos ejercicios. Registra un déficit estructural de las finanzas públicas. Dependencia de ingresos federales. Contingencias a mediano plazo relacionadas con el pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.

En diciembre de 1999, la Secretaría de Hacienda emitió reglas de capitalización para la banca con lo que de manera indirecta se buscó regular el financiamiento subnacional. Fue entonces cuando se introdujo un esquema de requerimientos de capitalización bancaria, en función de los porcentajes de ponderación de riesgo crediticio de dos calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con tal medida se buscaba desalentar extraordinarios rescates financieros del gobierno federal; otorgar mayor independencia y responsabilidad en el manejo de las finanzas y deuda a estados y municipios; diversificar sus alternativas de crédito y acceso al mercado bursátil; y diferenciar el riesgo crediticio entre entidades calificadas y no calificadas.

En 2010, en su reporte especial titulado “Mayor gasto y endeudamiento de las entidades subnacionales: menor flexibilidad financiera y una difícil perspectiva”, la calificadora Fitch Ratings señalaba que la flexibilidad financiera de estados y municipios se había reducido en el periodo 2004-2009, producto de diversos factores tales como crecimiento del gasto operacional por encima de los ingresos corrientes; aumento sustancial en el endeudamiento de largo plazo para mantener o incrementar los niveles de inversión pública y presiones de liquidez.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también ha confirmado que, en términos generales, las calificaciones crediticias de todos los estados del país han ido a la baja. No obstante, si bien una calificación de riesgo crediticio proporciona información al mercado, por sí misma no es suficiente para otorgar certidumbre en materia de endeudamiento subnacional, sobre todo si se carece de marcos regulatorios claros que incluyan disposiciones en materia de transparencia y fiscalización.

ARGUMENTACIÓN

Nuestro marco jurídico otorga a las entidades federativas facultades para contratar créditos bajo los límites que impone la fracción Vlll del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que los empréstitos deben destinarse a inversiones públicas y ser pagaderos en moneda nacional.

La deuda pública es una de las herramientas financieras que durante los últimos años ha sido utilizada, con mayor frecuencia por parte de los gobiernos estatales para poder obtener recursos adicionales a los generados por la recaudación de impuestos locales y a los aportados por la federación. Estos recursos muchas veces han sido manejados con total opacidad.

Entre 1994 y 2010 se ha registrado un crecimiento sostenido de la deuda de estados y municipios, al pasar de 26 mil 728.5 millones de pesos a 314 mil 664.5 millones de pesos y para junio de 2012 a 404 mil 409.5 millones de pesos.

Mientras que en 1994 el monto del endeudamiento subnacional presentaba 1.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 64.5 por ciento en relación con las participaciones federales; en 2010, el porcentaje respecto al PIB se incrementó a 2.4 por ciento y a 72 por ciento respecto de las aportaciones federales.

El crecimiento insostenido de la deuda de entidades federativas se debe principalmente a la falta de monitoreo y leyes efectivas derivada de la subordinación de los poderes legislativo y judicial locales a cacicazgos gubernamentales. La equidad en división de poderes en muchos estados de nuestro país sólo exista en la teoría, ya que el poder hegemónico del gobernador impone cualquier decisión aún cuando sólo favorezca intereses particulares.

Es por esto que resulta de suma importancia que cualquier empréstito contraído por entidades o municipios sea autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual deberá manejarse de acuerdo a controles basados en reglas que establezcan medidas para mejorar la gestión financiera, tomando en cuenta el riesgo moral de que los gobiernos locales no se conduzcan con cautela debido a la creencia de que el gobierno federal debe rescatarlos en caso de urgencia.

Derivado de lo anterior, es notable el crecimiento de las deudas públicas que las entidades federativas en los últimos años han incrementado, resulta contundente la crisis financiera en la que se encuentra nuestro país, por lo cual es de suma importancia establecer urgentemente medidas que eviten este mal.

La deuda de estados incluye obligaciones con la banca comercial, la banca de desarrollo, emisiones bursátiles y fideicomisos. El nivel de endeudamiento con la banca comercial es el que se ha convertido en el mayor acreedor de estados y municipios.

No podemos permitir que uno de los mecanismos de los estados para hacerse de recursos sea el endeudamiento. Además de fortalecer la transparencia y la fiscalización de los créditos contratados por entidades federativas, es necesario poner “candados” a los gobiernos estatales que deseen contratar deuda pública.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adicionan los articulos 73 fracción XXVIII Bis, 74, fracción VII, y 117 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 73 fracción XXVIII Bis, 74 fracción VII, y 117 fracción Vlll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

l. a XXVIII. …

XXVIII Bis. Para expedir leyes sobre la contratación de empréstitos o créditos de los estados.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a VI. …

VII. Aprobar la contratación de empréstitos o créditos a los estados.

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

I. al VII. …

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas,conforme a lo dispuesto por esta constitución y las leyes respectivas.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

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