Iniciativa Ley Numero ___ de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley número ___ de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El sistema penitenciario en Guerrero atraviesa un momento crítico. Los graves problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes son comunes, pese a las diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales protectores de los derechos humanos[1].

 

En ese sentido, cabe mencionar que el 18 de agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó el Informe 5/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e internamiento que depende del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero[2], en el cual se realiza un diagnóstico sobre la situación de las personas que se encuentran en los lugares de detención e internamiento en la entidad.

 

En dicho informe, organismo para la defensa de los derechos humanos, precisa que el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, son los entes responsables de garantizar el pleno derecho de las personas que se encuentran detenidas e internadas en la entidad, con el fin de prevenir situaciones de riesgo que pueden derivar en tortura o maltrato a las personas.

 

En ese mismo tenor, el 22 de septiembre de 2016, el Pleno de este Congreso del Estado, asumió el siguiente resolutivo:

 

“ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Titular de la Fiscalía General del Estado, para que den pleno cumplimiento a las propuestas específicas del Informe 5/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e internamiento que depende del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esto con el fin de prevenir las situaciones de riesgo que pueden derivar en tortura o maltrato a las personas.”

 

Asimismo, el 7 de julio de 2017, se emitió por esta Soberanía el acuerdo parlamentario suscrito por los Diputados Ciudadanos, cuyos resolutivos mencionan lo siguiente:

 

PRIMERO.- La Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y división de poderes, hace un atento y respetuoso exhorto al Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, para que se garanticen los servicios médicos, farmacéuticos e incluso psiquiátricos necesarios y suficientes para atender a las personas que sufren de alguna enfermedad en los centros penitenciarios del país, y en su caso, a los hijos que vivan con las madres reclusas, observando las recomendaciones y el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, denominado Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana.

 

SEGUNDO.- La Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, hace un atento y respetuoso exhorto al General Brigadier Pedro Almazán Cervantes, Secretario de Seguridad Pública en el Estado para que en estricto sentido en el marco de las recomendaciones y el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denominado Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana, se garantice el otorgamiento de medicamentos para atender a las personas que sufren de alguna enfermedad en los centros penitenciarios del Estado, en su caso, a los hijos que vivan con las madres reclusas, y en general, se continúen brindando servicios y atención médica.“

 

Todo lo anterior parece haber quedado en el olvido para las instancias encargadas de ejecutar el sistema penitenciario en el Estado de Guerrero, dando como resultado un sistema con mayor rezago y abandono, como muestra, podemos tomar de ejemplo el Centro de Reinserción Social “Las Cruces”, ubicado en Acapulco de Juárez, el cual ha sido marco de asesinatos, cateos, sobrecupo, protestas, enfrentamientos e impunidad en los últimos seis años, lapso en donde ha sido constante la violación a los derechos humanos de la población carcelaria, a saber:

 

  • El 7 de noviembre de 2011 se realizó un cateo y se aseguró dos costales de marihuana, cien gallos de pelea, 19 mujeres, armas punzocortantes y 100 aparatos electrodomésticos.

 

  • El 25 de septiembre de 2013 unos 300 familiares de reclusos se manifestaron para exigir la destitución del director del reclusorio, Juan Pablo Roldán Minero, a quien acusaron de confundir la prisión con un campo de concentración militar.

 

  • En enero de 2014, más de mil policías estatales decomisaron 380 armas punzocortantes, cinco pantallas de plasma, cuatro equipos de sonido y 10 radiograbadoras, entre otros aparatos; además hubo tres internos asesinados.

 

  • El 29 de abril de 2015, familiares de presos se enfrentaron con policías antimotines estatales a pedradas y botellazos afuera del penal. Los civiles exigían el traslado de seis internos que estaban imponiendo un ambiente de terror en la cárcel.

 

  • El 19 de junio de 2015, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que durante los primeros seis meses de ese año fueron decomisados 363 gramos de marihuana, al menos 55 armas punzocortantes y dos teléfonos celulares.

 

  • El 13 de enero de 2017, familiares de Jonathan Aragón Navarrete denunciaron que éste era golpeado y hostigado por grupos que controlan el penal, y que los internos eran extorsionados por otros presos en contubernio con los custodios.

 

  • El 6 de julio de 2017, ocurrió una masacre, en donde 28 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas[3]; sobre la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un pronunciamiento[4].

 

Todas estas son algunas de las muestras más representativas de las múltiples violaciones a derechos humanos que ocurren cotidianamente en los centros penitenciarios[5], tal y como lo ha constado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando en noviembre de 2015, nueve visitadores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Mecanismo Nacional), en compañía de servidores públicos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, realizaron visitas a 25 lugares de detención e internamiento, entre los cuales se encuentran los Centros Regionales de Reinserción Social de Acapulco y Chilpancingo, así como los Centros de Reinserción Social de Chilapa de Álvarez y Taxco de Alarcón.

Consecuentemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dando cabal seguimiento al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el 10 de julio de 2017, emitió la Recomendación M-02/2017, sobre centros de reclusión penal que dependen del gobierno del estado Guerrero, precisando lo siguiente:

 

RECOMENDACIONES

 

  1. a) Instalaciones apropiadas.

 

Realizar de inmediato una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de los CERESOS para planear y programar a corto, mediano y largo plazo, la asignación de recursos suficientes para que las instalaciones reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene que permitan a las personas privadas de la libertad una estancia digna, particularmente que cuenten con planchas y colchonetas suficientes para dormir; iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias en adecuadas condiciones de funcionamiento que permitan privacidad y suministro de agua para satisfacer requerimientos individuales mínimos, informando de manera bimestral sobre el avance de las gestiones que permitan en el tiempo más breve cumplimentar este punto recomendatorio.

 

  1. b) Alimentación adecuada.

 

Realizar de inmediato las acciones pertinentes para garantizar que todas las personas privadas de la libertad en los CERESOS reciban tres veces al día y en horario establecido, alimentos cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud, poniendo atención en su calidad e higiene. Verificar el presupuesto asignado para ese rubro y, en su caso, realizar las gestiones administrativas conducentes para solicitar un aumento razonable. La información sobre las acciones y los avances alcanzados deberán informarse en un plazo máximo de un mes.

 

  1. c) Sobrepoblación y hacinamiento.

 

Girar instrucciones para que de inmediato se procure una adecuada distribución que atienda a la clasificación y separación de los internos que marca la Ley y se eviten áreas que sobrepasen su capacidad.

 

Realizar los trámites necesarios ante el Juez de Ejecución, a efecto de proponer los casos que reúnan los requisitos legales para el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, así como los casos de traslados voluntarios. Esta Recomendación debe ser atendida o mostrar avances en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto.

 

  1. d) Instalaciones para mujeres.

 

Prever los recursos presupuestarios para la construcción de un centro femenil en el Estado, que reúna las condiciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en las “Reglas de Bangkok” y la Convención sobre los Derechos del Niño. Para ello, se deben realizar de inmediato las gestiones pertinentes para la elaboración de un proyecto que permita evaluar los costos y el tiempo de construcción, e informar trimestralmente sobre el estado de los avances.

 

  1. e) Autogobierno.

 

Realizar de inmediato una evaluación de las necesidades en materia de personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para garantizar la tranquilidad, la disciplina el orden y la gobernabilidad de los centros de reclusión, para que la autoridad penitenciaria ejerza las funciones que legalmente le corresponden e imposibilite que los internos participen en ellas, y para evitar cualquier clase de abuso contra la población recluida, los cobros ilegales y forzados y la existencia de privilegios de cualquier naturaleza.

 

Además de tomar en cuenta los requerimientos de personal femenino para la custodia de las mujeres privadas de la libertad.

 

Con el resultado de la evaluación, gestionar ante las instancias correspondientes, la contratación del personal con el perfil adecuado, con competencias profesionales de acuerdo a los fines del Sistema Penitenciario, de conformidad con las observaciones y recomendaciones contenidas en el pronunciamiento denominado “Perfil del Personal Penitenciario en la República Mexicana”, emitido por esta Comisión Nacional en 2016. Los avances sobre el cumplimiento de esta recomendación deben ser informados en forma bimestral.

 

  1. f) Prevención y atención de la violencia

 

Implementar programas o medidas acordes al derecho internacional de los Derechos Humanos para prevenir y atender oportunamente situaciones de emergencia o eventos violentos en los CERESOS, tales como riñas, motines o fugas. Esta Recomendación debe ser atendida en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto.

 

  1. g) Imposición de sanciones disciplinarias.

 

Girar instrucciones para que en los CERESOS, las sanciones disciplinarias sean impuestas conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y con base en la Recomendación General No. 22 sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República Mexicana, emitida por este Organismo Nacional el 13 de octubre de 2015; particularmente, con respeto al derecho de audiencia y notificación formal al infractor; el aislamiento como sanción deberá tener una duración máxima de 15 días, por lo que deben prohibirse los correctivos consistentes en el aislamiento prolongado, así como la atención de las áreas técnicas.

 

La información sobre el cumplimiento de esta recomendación deberá enviarse en un plazo máximo de un mes.

 

  1. h) Servicio médico.

 

Realizar las gestiones correspondientes para que a la brevedad posible, cuenten con los servicios de personal médico y de enfermería suficiente, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para brindar a las personas privadas de la libertad una atención médica adecuada; particularmente para que las mujeres privadas de la libertad y sus hijos que viven con ellas, así como los internos con discapacidad física y psicosocial reciban atención médica especializada; asimismo, para que tengan acceso a los servicios de una  ambulancia para realizar los traslados de los internos que requieran atención médica hospitalaria.

 

Para ello, es necesario realizar de inmediato un proyecto que permita evaluar los costos y el tiempo de contratación y suministro de medicamentos, e informar bimestralmente sobre los avances.

 

  1. i) Normatividad.

 

En virtud de que el artículo Tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, derogó todas las disposiciones normativas que la contravienen, es necesario actualizar o emitir uno o los reglamentos que se requieran para los centros de reinserción social del Estado de Guerrero, de conformidad con la normatividad vigente, en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto.

 

Los avances sobre el cumplimiento de esta recomendación también deben ser informados en forma trimestral. No se omite señalar que el artículo Quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que, a su entrada en vigor, en aquellos lugares donde se determine su inicio, se deberá contar con las disposiciones administrativas de carácter general correspondientes.”[6]

 

Esta realidad se da en el contexto de una profunda crisis de seguridad pública, que obligan a este Congreso a replantearse el sistema estatal penitenciario, para refundarlo sobre las bases definidas en los artículos 1 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

 

Para comprender mejor la urgencia de replantear el sistema estatal penitenciario, es menester tener en cuenta que la prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia.

 

En ese sentido, cabe destacar que la magnitud de la población carcelaria viene determinada por la forma en que el sistema de justicia penal enfrenta a los delincuentes, lo que a su vez repercute de manera significativa en la gestión de los centros penitenciarios. Por ende, lo que ocurra en los centros de reclusión se encuentra intrínsecamente relacionado con la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto.

 

Por otro lado, se ha hecho patente la dificultad de la gestión de centros de reclusión hacinadas que alberguen a reclusos muy diversos, algunos peligrosos y violentos, muchos necesitados de servicios de salud mental o de tratamiento de drogodependencias en lugar de verse aislados de la sociedad, y un gran número de reclusos vulnerables por diversas razones de tipo socioeconómico; esta situación complica aún más su gestión de manera que se facilite la reinserción.

 

Por ello, los Diputados Ciudadanos proponemos a esta Soberanía un nuevo ordenamiento legal consiste en encontrar el equilibrio entre la seguridad y la reinserción social de una población muy diversa, y al mismo tiempo busque dar respuesta responder de manera adecuada a la crisis de seguridad que azota a nuestro Estado.

 

Para el diseño de este nuevo ordenamiento, se tomaron en consideración las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, a saber:

 

“Primera parte

Reglas de aplicación general

 

Principio fundamental

 

  1. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso.

 

Registro

 

  1. 1) En todo sitio donde haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro empastado y foliado que indique para cada detenido: a) Su identidad; b) Los motivos de su detención y la autoridad competente que lo dispuso; c) El día y la hora de su ingreso y de su salida. 2) Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento sin una orden válida de detención, cuyos detalles deberán ser consignados previamente en el registro.

 

Separación de categorías

 

  1. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos.

 

Locales destinados a los reclusos

 

  1. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 2) Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.

 

  1. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.

 

  1. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.

 

  1. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.

 

  1. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado.

 

  1. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios.

 

Higiene personal

 

  1. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.

 

  1. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad.

 

Ropas y cama

 

  1. 1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no llamen la atención.

 

  1. Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se tomarán disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para asegurarse de que están limpias y utilizables.

 

  1. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.

 

Alimentación

 

  1. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

 

Ejercicios físicos

 

  1. 1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre. 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.

 

Servicios médicos

 

  1. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.

 

  1. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.

 

  1. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.

 

  1. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.

 

  1. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 2) El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones.

 

Disciplina y sanciones

 

  1. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.

 

  1. 1) Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permita ejercitar una facultad disciplinaria. 2) Sin embargo, esta regla no será un obstáculo para el buen funcionamiento de los sistemas a base de autogobierno. Estos sistemas implican en efecto que se confíen, bajo fiscalización, a reclusos agrupados para su tratamiento, ciertas actividades o responsabilidades de orden social, educativo o deportivo.

 

  1. La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa competente determinará en cada caso: a) La conducta que constituye una infracción disciplinaria; b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar; c) Cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas sanciones.

 

  1. 1) Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 2) Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente procederá a un examen completo del caso. 3) En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por medio de un intérprete.

 

  1. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.

 

  1. 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. 2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental.

 

Medios de coerción

 

  1. Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos: a) Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa; b) Por razones médicas y a indicación del médico; c) Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales; en estos casos, el director deberá consultar urgentemente al médico, e informar a la autoridad administrativa superior.

 

  1. El modelo y los métodos de empleo autorizados de los medios de coerción serán determinados por la administración penitenciaria central. Su aplicación no deberá prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario.

 

Información y derecho de queja de los reclusos

 

  1. 1) A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida del establecimiento. 2) Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente.

 

  1. 1) Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcionario autorizado para representarle. 2) Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director o cualquier otro recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes. 3) Todo recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad competente. 4) A menos que una solicitud o queja sea evidentemente temeraria o desprovista de fundamento, la misma deberá ser examinada sin demora, dándose respuesta al recluso en su debido tiempo.

 

Contacto con el mundo exterior

 

  1. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas.

 

  1. 1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. 2) Los reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representación diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y apátridas, gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.

 

  1. Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración.

 

Biblioteca

 

  1. Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible.

 

Religión

 

  1. 1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con carácter continuo. 2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión. 3) Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar en absoluto su actitud.

 

  1. Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa de su confesión.

 

Depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos

 

  1. 1) Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos de valor, ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá un inventario de todo ello, que el recluso firmará. Se tomarán las medidas necesarias para que dichos objetos se conserven en buen estado. 2) Los objetos y el dinero pertenecientes al recluso le serán devueltos en el momento de su liberación, con excepción del dinero que se le haya autorizado a gastar, de los objetos que haya remitido al exterior, con la debida autorización, y de las ropas cuya destrucción se haya estimado necesaria por razones de higiene. El recluso firmará un recibo de los objetos y el dinero restituidos. 3) Los valores y objetos enviados al recluso desde el exterior del establecimiento serán sometidos a las mismas reglas. 4) Si el recluso es portador de medicinas o de estupefacientes en el momento de su ingreso, el médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos.

 

Notificación de defunción, enfermedades y traslados

 

  1. 1) En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes graves, o de su traslado a un establecimiento para enfermos mentales, el director informará inmediatamente al cónyuge, si el recluso fuere casado, o al pariente más cercano y en todo caso a cualquier otra persona designada previamente por el recluso. 2) Se informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia. 3) Todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia su detencion o su traslado a otro establecimiento.

 

Traslado de reclusos

 

  1. 1) Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para impedir toda clase de publicidad. 2) Deberá prohibirse el transporte de los reclusos en malas condiciones de ventilación o de luz o por cualquier medio que les impongan un sufrimiento físico. 3) El traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad para todos.

 

Personal penitenciario

 

  1. 1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios. 2) La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público. 3) Para lograr dichos fines será necesario que los miembros del personal trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales, tener la condición de empleados públicos y por tanto la seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La remuneración del personal deberá ser adecuada para obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres capaces. Se determinarán las ventajas de la carrera y las condiciones del servicio teniendo en cuenta el carácter penoso de sus funciones.

 

  1. 1) El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 2) Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. 3) Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán periódicamente.

 

  1. Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones en toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos.

 

  1. 1) En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de especialistas, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos. 2) Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios.

 

  1. 1) El director del establecimiento deberá hallarse debidamente calificado para su función por su carácter, su capacidad administrativa, una formación adecuada y por su experiencia en la materia. 2) Deberá consagrar todo su tiempo a su función oficial que no podrá ser desempeñada como algo circunscrito a un horario determinado. 3) Deberá residir en el establecimiento o en la cercanía inmediata. 4) Cuando dos o más establecimientos estén bajo la autoridad de un director único, éste los visitará con frecuencia. Cada uno de dichos establecimientos estará dirigido por un funcionario residente responsable.

 

  1. 1) El director, el subdirector y la mayoría del personal del establecimiento deberán hablar la lengua de la mayor parte de los reclusos o una lengua comprendida por la mayor parte de éstos. 2) Se recurrirá a los servicios de un intérprete cada vez que sea necesario.

 

  1. 1) En los establecimientos cuya importancia exija el servicio continuo de uno o varios médicos, uno de ellos por lo menos residirá en el establecimiento o en su cercanía inmediata. 2) En los demás establecimientos, el médico visitará diariamente a los presos y habitará lo bastante cerca del establecimiento a fin de que pueda acudir sin dilación cada vez que se presente un caso urgente.

 

  1. 1) En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de un funcionario femenino responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. 2) Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. 3) La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres.

 

  1. 1) Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al director del establecimiento sobre el incidente. 2) Los funcionarios penitenciarios recibirán un entrenamiento físico especial que les permita dominar a los reclusos violentos. 3) Salvo en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un servicio en contacto directo con los presos no estarán armados. Por otra parte, no se confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que éste haya sido antes adiestrado en su manejo.

 

Inspección

 

  1. Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios penitenciarios. Velarán en particular por que estos establecimientos se administren conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales.

 

Segunda parte

Reglas aplicables a categorías especiales

 

A.-Condenados

 

Principios rectores

 

  1. Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir el espíritu conforme al cual deben administrarse los sistemas penitenciarios y los objetivos hacia los cuales deben tender, conforme a la declaración hecha en la observación preliminar 1 del presente texto.

 

  1. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las mediadas de separación justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.

 

  1. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.

 

  1. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer.

 

  1. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona. 2) Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz.

 

  1. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento penitenciario deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales encargados de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los organismos sociales que puedan serle útiles. Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de proteger, en cuanto ello sea compatible con la ley y la pena que se imponga, los derechos relativos a los intereses civiles, los beneficios de los derechos de la seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos.

 

  1. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberán tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue necesario.

 

  1. 1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con respecto a todos los grupos. Convendrá establecer diversos grados de seguridad conforme a la que sea necesaria para cada uno de los diferentes grupos. Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de seguridad física contra la evasión, y en los que se confía en la autodisciplina de los reclusos, proporcionan por este mismo hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las condiciones más favorables para su readaptación. 3) Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos países se estima que el número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 500. En los establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible. 4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen apropiado.

 

  1. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda postpenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad.

 

Tratamiento

 

  1. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.

 

  1. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación. 2) Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso. 3) Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario.

 

Clasificación e individualización

 

  1. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detencion; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.

 

  1. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusos.

 

  1. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones.

 

Privilegios

 

  1. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe su tratamiento.

 

Trabajo

 

  1. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico. 3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación. 5) Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar.

 

  1. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.

 

  1. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la administración y no por contratistas privados. 2) Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del recluso.

 

  1. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres. 2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.

 

  1. 1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso.

 

  1. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. 2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y que envíen otra parte a su familia. 3) El reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve una parte de la remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al ser puesto en libertad.

 

Instrucción y recreo

 

  1. 1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención. 2) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.

 

  1. Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y culturales en todos los establecimientos.

 

Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria

 

  1. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes.

 

  1. Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación. Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses de su familia así como su propia readaptación social.

 

  1. 1) Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su destino y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación. 2) Los representantes acreditados de esos organismos tendrán todo el acceso necesario a los establecimientos y podrán visitar a los reclusos. Se les consultará en materia de proyectos de readaptación para cada recluso desde el momento en que éste haya ingresado en el establecimiento. 3) Convendrá centralizar o coordinar todo lo posible la actividad de dichos organismos, a fin de asegurar la mejor utilización de sus actividades.

 

B.- Reclusos alienados y enfermos mentales

 

  1. 1) Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales. 2) Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos. 3) Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un médico. 4) El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento.

 

  1. Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de carácter psiquiátrico.

 

C.- Personas detenidas o en prision preventiva

 

  1. 1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado “acusado” toda persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada. 2) El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia. 3) Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección de la libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se deberá seguir respecto a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen especial cuyos puntos esenciales solamente se determinan en las reglas que figuran a continuación.

 

  1. 1) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. 2) Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en establecimientos distintos.

 

  1. Los acusados deberán dormir en celdas individuales a reserva de los diversos usos locales debidos al clima.

 

  1. Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso contrario, la administración suministrará la alimentación.

 

  1. 1) Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales siempre que estén aseadas y sean decorosas. 2) Si lleva el uniforme del establecimiento, éste será diferente del uniforme de los condenados.

 

  1. Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar.

 

  1. Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las de un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros medios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento.

 

  1. Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto.

 

  1. Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detencion y se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, con la única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento.

 

  1. El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio cuando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a propósito de su defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones confidenciales. Para ello, se le proporcionará, si lo desea, recado de escribir. Durante las entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún funcionario de la policía o del establecimiento penitenciario.

 

D.- Sentenclados por deudas o a prision civil

 

  1. En los países cuya legislación dispone la prisión por deudas u otras formas de prisión dispuestas por decisión judicial como consecuencia de un procedimiento no penal, los así sentenciados no serán sometidos a mayores restricciones ni tratados con más severidad que la requerida para la seguridad y el mantenimiento del orden. El trato que se les dé no será en ningún caso más severo que el que corresponda a los acusados a reserva, sin embargo, de la obligación eventual de trabajar.

 

E.- Reclusos, detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra

 

  1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las personas detenidas o encarceladas sin que haya cargos en su contra gozarán de la misma protección prevista en la primera parte y en la sección C de la segunda parte. Asimismo, serán aplicables las disposiciones pertinentes de la sección A de la segunda parte cuando esta aplicación pueda redundar en beneficio de este grupo especial de personas bajo custodia, siempre que no se adopten medidas que impliquen que la reeducación o la rehabilitación proceden en forma alguna respecto de personas no condenadas por un delito penal.”[7]

 

Asimismo, se retoman las bases establecidas en el “Manual de Buena Práctica Penitenciaria. Implementación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, el cual contiene una visión general de las reglas de las Naciones Unidas sobre condiciones carcelarias y el tratamiento de los presos; explicando además el valor y el significado de las políticas penales y la práctica diaria[8].

 

Aunado a lo anterior, este nuevo ordenamiento homologa el sistema estatal penitenciario a las disposiciones previstas por el nuevo sistema penal acusatorio, por ello, se prevé la creación de una nueva Ley de orden público y de interés social que tendrá por objeto:

 

  • Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las medidas cautelares decretadas y aquellas condiciones por cumplir que deriven de la celebración de la suspensión condicional del proceso en los procedimientos penales;

 

  • Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial;

 

  • La determinación de los medios de prevención y de reinserción social que, en lo conducente, resulten aplicables a la persona sujeta a las penas de prisión previstas en el Código Penal del Estado y otras leyes;

 

  • Establecer las bases generales del Sistema Estatal Penitenciario, así como de la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios en la Entidad;

 

  • Proporcionar los parámetros generales para la prevención especial a través del tratamiento derivado del sistema técnico progresivo, con estricto apego al principio de no discriminación de género;

 

  • Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de las relaciones entre internos y autoridades penitenciarias, durante el tiempo que permanezcan en prisión; así como el contacto que deberán tener con el exterior, y

 

  • Establecer las bases mínimas de asistencia postpenitenciaria.

 

Este nuevo ordenamiento se encuentra confirmado por 211 artículos, estructurado de la siguiente manera;

 

En el TÍTULO PRIMERO se establecen las disposiciones generales de la Ley, así como la naturaleza y objeto de la misma; en el TÍTULO SEGUNDO, se señalan las facultades de las autoridades en materia de penas, medidas de seguridad y medidas judiciales; mientras que en el TÍTULO TERCERO, se abunda sobre la ejecución de medidas judiciales durante el procedimiento penal; en el TÍTULO CUARTO, se aborda de manera específica sobre la ejecución de las penas y medidas de seguridad; mientras que en el TÍTULO QUINTO, se precisan los medios de prevención y de reinserción social.

 

Mención especial requiere el TÍTULO SEXTO, de esta nueva Ley, en razón de que en este se desarrolla el nuevo sistema estatal penitenciario, detallando la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios; precisando las causales de ingreso de las personas procesadas o sentenciadas, así como su traslado a otros centros de reinserción social, del mismo modo, se desarrolla el régimen de tratamiento del sistema de reinserción social de carácter progresivo, técnico e individualizado, también, en este título, se prevé sobre la disciplina en el interior de los establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad y conseguir una convivencia ordenada, respetando en todo momento las garantías procesales de las personas recluidas, asimismo, se prevé lo relativo a la comunicación y relaciones con el exterior de los internos.

 

En el TÍTULO SÉPTIMO, se desarrollan los mecanismos de asistencia pospenitenciaria; mientras que en el TÍTULO OCTAVO, se precisa sobre la extinción de las penas y medidas de seguridad; en el TÍTULO NOVENO, se señala lo relativo al certificado de antecedentes penales.

 

En esencia, lo que se busca es crear una Ley de avanzada, acorde con el nuevo sistema penal acusatorio, pero además, que incorpore los lineamientos de los instrumentos internacionales, para contar con un sistema penitenciario capaz de responder a la crisis, no solo de seguridad, sino también en el respeto a los derechos humanos de las personas recluidas.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y 170 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

 

DECRETO NÚMERO ____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DEL ESTADO DE GUERRERO.

 

Artículo único. Se expide la Ley número ___ de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:

 

LEY NÚMERO ___ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DEL ESTADO DE GUERRERO

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPÍTULO I

NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY

 

Artículo 1. Disposiciones de la ley.

 

Las disposiciones contenidas en esta Ley son de orden público y de interés social y su aplicación corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado y a las autoridades municipales.

 

Artículo 2. Objeto de la ley.

 

Este ordenamiento tiene por objeto:

 

  1. Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las medidas cautelares decretadas y aquellas condiciones por cumplir que deriven de la celebración de la suspensión condicional del proceso en los procedimientos penales;

 

  1. Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial;

 

III. La determinación de los medios de prevención y de reinserción social que, en lo conducente, resulten aplicables a la persona sujeta a las penas de prisión previstas en el Código Penal del Estado y otras leyes;

 

  1. Establecer las bases generales del Sistema Estatal Penitenciario, así como de la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios en la Entidad;

 

  1. Proporcionar los parámetros generales para la prevención especial a través del tratamiento derivado del sistema técnico progresivo, con estricto apego al principio de no discriminación de género;

 

  1. Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de las relaciones entre internos y autoridades penitenciarias, durante el tiempo que permanezcan en prisión; así como el contacto que deberán tener con el exterior, y

 

VII. Establecer las bases mínimas de asistencia postpenitenciaria.

 

Artículo 3. Vigilancia.

 

Los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado vigilarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento y aplicación de esta Ley, así como la organización y funcionamiento de las instituciones destinadas a la ejecución de las penas y medidas judiciales.

 

Artículo 4. Glosario.

 

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

 

  1. Ley. La Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

 

  1. Código Penal. El Código Penal del Estado de Guerrero número 499.

 

III. Código de Procedimientos. El Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

  1. Dirección. La Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.

 

  1. Sistema. El Sistema Estatal Penitenciario.

 

  1. Establecimientos penitenciarios. Los Centros de Reinserción Social dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por conducto de la Dirección, en los cuales se aplicarán la prisión preventiva y se ejecutarán tanto las penas privativas como las restrictivas de libertad y, en su caso, las medidas de seguridad, en el ámbito de su competencia, en espacios separados unos de los otros;

 

VII. Medidas judiciales. Las medidas cautelares, las condiciones por cumplir durante la suspensión condicional del proceso, y las medidas de seguridad, todas ellas impuestas por la autoridad judicial.

 

VIII. Consejo. El Consejo Técnico Interdisciplinario.

 

  1. Estudios de personalidad. Los estudios practicados por el Consejo Técnico Interdisciplinario en las áreas médica, sicológica, siquiátrica, educativa, criminológica, social y ocupacional, y de vigilancia.

 

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL

 

Artículo 5. Disposiciones generales.

 

El imputado, acusado o condenado podrá ejercer, durante la ejecución de las medidas judiciales o penas impuestas, los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan, y planteará personalmente, por medio de su defensor o de cualquier persona en quien él delegue, ante el tribunal que corresponda, las observaciones que estime convenientes.

 

Los derechos y beneficios que esta Ley prevé para el sentenciado le serán informados al interesado por la autoridad penitenciaria desde el momento en que se empiece a ejecutar la sentencia.

 

La persona en calidad de interno, gozará del derecho a recibir copias de la legislación estatal vigente aplicable a la ejecución de penas y medidas de seguridad.

 

Artículo 6. Del registro de las personas recluidas.

 

En los Centros de Reinserción Social en que haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro empastado y foliado que indique para cada detenido:

 

  1. Su identidad;

 

  1. Los motivos de su detención y la autoridad competente que lo dispuso, y

 

III. El día y la hora de su ingreso y de su salida.

 

Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento sin una orden válida de detención, cuyos detalles deberán ser consignados previamente en el registro.

 

Artículo 7. Separación de categorías.

 

Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que:

 

  1. Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos en establecimientos completamente separados;

 

  1. Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena, y

 

III. Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos.

 

Artículo 8. Locales destinados a los reclusos.

 

Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual.

 

Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.

 

Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.

 

En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar:

 

  1. Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial, y

 

  1. La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.

 

Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.

 

Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado.

 

Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios.

 

Artículo 9. Higiene personal.

 

Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.

 

Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad.

 

Artículo 10. Ropas y cama,

 

Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes.

 

Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene.

 

En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no llamen la atención.

 

Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se tomarán disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para asegurarse de que están limpias y utilizables.

 

Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.

 

Artículo 11. Alimentación.

 

Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.

 

Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

 

Artículo 12. Ejercicios físicos.

 

El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre.

 

Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.

 

Artículo 13. Servicios médicos.

 

Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales.

 

Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional.

 

Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.

 

En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento.

 

Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.

 

El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.

 

El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención.

 

El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.

 

El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a:

 

  1. La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos;

 

  1. La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos;

 

III. Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento;

 

  1. La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos, y

 

  1. La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado.

 

El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones.

 

Artículo 14. Disciplina y sanciones.

 

El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.

 

Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permita ejercitar una facultad disciplinaria.

 

El reglamento, que se dicte con apego a esta Ley, determinará:

 

  1. La conducta que constituye una infracción disciplinaria;

 

  1. El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar, y

 

III. Cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas sanciones.

 

Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción.

 

Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente procederá a un examen completo del caso.

 

En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por medio de un intérprete.

 

Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.

 

Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del recluso.

 

El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental.

 

Artículo 15. Medios de coerción.

 

Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos:

 

  1. Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa;

 

  1. Por razones médicas y a indicación del médico, y

 

III. Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales; en estos casos, el director deberá consultar urgentemente al médico, e informar a la autoridad administrativa superior.

 

La aplicación de los métodos de coerción no deberá prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario.

 

Artículo 16. Información y derecho de queja de los reclusos.

 

A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida del establecimiento.

 

Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente.

 

Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcionario autorizado para representarle.

 

Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director o cualquier otro recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes.

 

Todo recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad competente.

A menos que una solicitud o queja sea evidentemente temeraria o desprovista de fundamento, la misma deberá ser examinada sin demora, dándose respuesta al recluso en su debido tiempo.

 

Artículo 17. Contacto con el mundo exterior.

 

Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas.

 

Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. Los reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representación diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y apátridas, gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.

 

Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración.

 

Artículo 18. Biblioteca.

 

Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible.

 

Artículo 19. Religión.

 

Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con carácter continuo.

 

El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo anterior, deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión.

 

Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. A la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar en absoluto su actitud.

 

Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa de su confesión.

 

Artículo 20. Depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos.

 

Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos de valor, ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá un inventario de todo ello, que el recluso firmará. Se tomarán las medidas necesarias para que dichos objetos se conserven en buen estado.

 

Los objetos y el dinero pertenecientes al recluso le serán devueltos en el momento de su liberación, con excepción del dinero que se le haya autorizado a gastar, de los objetos que haya remitido al exterior, con la debida autorización, y de las ropas cuya destrucción se haya estimado necesaria por razones de higiene. El recluso firmará un recibo de los objetos y el dinero restituidos.

 

Los valores y objetos enviados al recluso desde el exterior del establecimiento serán sometidos a las mismas reglas.

 

Si el recluso es portador de medicinas o de estupefacientes en el momento de su ingreso, el médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos.

 

Artículo 21. Notificación de defunción, enfermedades y traslados.

 

En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes graves, o de su traslado a un establecimiento para enfermos mentales, el director informará inmediatamente al cónyuge, si el recluso fuere casado, o al pariente más cercano y en todo caso a cualquier otra persona designada previamente por el recluso.

 

Se informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia.

 

Todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia su detención o su traslado a otro establecimiento.

 

Artículo 22. Traslado de reclusos.

 

Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para impedir toda clase de publicidad.

 

Deberá prohibirse el transporte de los reclusos en malas condiciones de ventilación o de luz o por cualquier medio que les impongan un sufrimiento físico.

 

El traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad para todos.

 

Artículo 23. Defensa.

 

La labor del defensor culminará con la sentencia firme, sin perjuicio de que continúe en el ejercicio de la defensa técnica durante la ejecución de la pena. Así mismo, el condenado podrá nombrar un nuevo defensor, o en su defecto, se le nombrará un defensor público.

 

El ejercicio de la defensa durante la ejecución penal consistirá en el asesoramiento al condenado, cuando se requiera, para la interposición de las gestiones necesarias en resguardo de sus derechos.

 

No será deber de la defensa vigilar el cumplimiento de la pena.

 

Artículo 24. Intervención del Ministerio Público en la ejecución.

 

El Ministerio Público intervendrá en los procesos de ejecución de la pena, velando por el respeto de los derechos fundamentales y de las disposiciones de la sentencia.

 

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS JUDICIALES

 

CAPÍTULO I

DEL JUEZ DE CONTROL

 

Artículo 25. Competencia.

 

El Tribunal de Juicio Oral o el Juez de Control, en su caso, será competente para realizar la primera fijación de la pena o las medidas de seguridad, así como de las condiciones de su cumplimiento. Lo relativo a las sucesivas fijaciones, extinción, sustitución o modificación de aquellas será competencia del Juez de Ejecución de Penas.

 

Artículo 26. Vigilancia del Juez de Control.

 

Durante el procedimiento penal, el Juez de Control que dicte alguna medida cautelar personal o real o que haya dictado condiciones a cumplir durante la suspensión condicional del proceso, tendrá a su cargo la vigilancia sobre la ejecución de las primeras, así como del cumplimiento de las restantes, de acuerdo con las formas de coordinación y distribución de competencias que esta Ley establece.

 

Artículo 27. Sentencia en procedimiento abreviado.

 

Cuando el Juez de Control dicte sentencia en procedimiento abreviado que resulte condenatoria para el acusado, el Juez de Ejecución de Penas correspondiente tendrá a su cargo la vigilancia de la ejecución de las penas o medidas de seguridad impuestas en la resolución.

 

Si la sentencia en procedimiento abreviado resulta absolutoria para el acusado, el propio Juez de Control remitirá su resolución a la Dirección, para que se ejecute la revocación de las medidas cautelares impuestas, en su caso.

 

CAPÍTULO II

DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS

 

Artículo 28. Jueces de Ejecución de Penas.

 

Los Jueces de Ejecución de Penas en el Estado, actuarán en el Distrito Judicial correspondiente, con la posibilidad de prorrogar su jurisdicción a otros distritos, de conformidad con las disposiciones generales que el Tribunal Superior de Justicia del Estado dicte, en los términos de las facultades otorgadas al Pleno en la Ley Orgánica respectiva.

 

Artículo 29. Atribuciones del Juez de Ejecución de Penas.

 

El Juez de Ejecución de Penas vigilará el respeto a las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a los condenados o a los servidores públicos del Sistema, con fines de vigilancia y control de la ejecución.

 

El Juez de Ejecución de Penas tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Controlar que la ejecución de toda pena o medida de seguridad, se realice de conformidad con la sentencia definitiva que la impuso, garantizando la legalidad y demás derechos y garantías que asisten al condenado durante la ejecución de las mismas;

 

  1. Mantener, sustituir, modificar, revocar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento, en los términos de la presente Ley;

 

III, Resolver el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las penas o medidas de seguridad impuestas en la sentencia definitiva;

 

  1. Librar las órdenes de detención que procedan en ejecución de sentencia;

 

  1. Ordenar la cesación de la pena o medida de seguridad una vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia;

 

  1. Resolver las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto afecten sus derechos y beneficios;

 

VII. Atender los reclamos que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias, previo informe de la autoridad responsable y formular a esta última, en su caso, las recomendaciones que estime convenientes;

 

VIII. Los Jueces de Ejecución de Penas deberán resolver en audiencia oral, todas las peticiones o planteamientos de las partes, relativos a la revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional, y en aquellos casos en que deba resolverse sobre libertad anticipada, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena o libertad definitiva;

 

  1. Practicar el cómputo de las penas, así como su acumulación en los términos previstos en el artículo 65 de esta Ley, basado en los informes que al efecto rinda la Dirección, y

 

  1. Las demás atribuciones que esta Ley y otros ordenamientos le asignen.

 

Artículo 30. Audiencia ante el Juez de Ejecución de Penas.

 

La autoridad ejecutora para llevar a cabo la audiencia a que se refiere la fracción VIII del artículo 12, se sujetará a los principios que rigen la audiencia de debate de juicio oral y a las siguientes reglas:

 

  1. Notificará previamente a los intervinientes, entre ellos a la víctima u ofendido, al menos con siete días de anticipación a la celebración de la audiencia. Es imprescindible la presencia del Agente del Ministerio Público, el o los funcionarios de la Dirección que sean designados para tal efecto, el o la sentenciada y su defensor. La presencia de la víctima u ofendido no será requisito de validez para la celebración de la audiencia, cuando por cualquier circunstancia no pudiere comparecer, o no sea su deseo hacerlo y quede constancia de ello;

 

  1. Si se requiere producción de prueba con el fin de sustentar la revisión, sustitución, modificación, revocación o cese de la pena o medida de seguridad impuesta, la parte oferente deberá anunciarla con tres días de anticipación para los efectos de dar oportunidad a su contraria, para que tenga conocimiento de la misma y esté en aptitud de ofrecer prueba de su parte;

 

III. La rendición de la prueba se llevará a cabo conforme a los requisitos establecidos para su desahogo en la etapa de debate de juicio oral;

 

  1. La autoridad ejecutora tendrá las facultades de dirección de debate y de disciplina en la audiencia, previstas en los artículos 354 y 355, ambos del Código de Procedimientos;

 

  1. Las resoluciones deberán emitirse inmediatamente después de concluido el debate. Excepcionalmente, en casos de extrema complejidad, el Juez podrá retirarse a deliberar su fallo en la forma establecida en el artículo 400 del Código de Procedimientos;

 

  1. El Juez de Ejecución de Penas valorará los medios de prueba rendidos en la audiencia, conforme a las reglas generales establecidas para las audiencias de debate de juicio oral, y

 

VII. De la resolución pronunciada en la audiencia a que se refieren los incisos anteriores, deberá entregarse copia certificada a la Dirección para su conocimiento.

 

Artículo 31. Apertura de la audiencia.

 

El día y hora fijados para la celebración de la audiencia, la autoridad ejecutora se constituirá en la sala de audiencias con la asistencia de los intervinientes. Verificará las condiciones para que se rinda en su caso la prueba ofrecida. La declarará iniciada y a continuación identificará a los intervinientes; dará una breve explicación de los motivos de la audiencia y una lectura resumida del auto en el que acordó la celebración de la audiencia. Acto seguido, procederá a dar el uso de la palabra a los intervinientes de la siguiente manera: En primer lugar al oferente de la petición o solicitud respectiva; si es el defensor, enseguida se dará el uso de la palabra al sentenciado; luego al Agente del Ministerio Público, y si está presente en la audiencia, a la víctima u ofendido. Al arbitrio del Juez de Ejecución de Penas quedará la concesión del derecho de réplica y dúplica, cuando el debate así lo requiera. A continuación, declarará cerrado el debate y dictará la resolución procedente.

 

Artículo 32. Resoluciones del Juez de Ejecución de Penas.

 

Para emitir sus resoluciones, los Jueces de Ejecución de Penas se ajustarán a las normas procesales siguientes:

 

  1. Tratándose de pena o medida de seguridad impuesta por sentencia definitiva que haya causado ejecutoria, al recibir copia certificada de ésta, dará inicio al procedimiento de ejecución penal, realizando la notificación a la autoridad administrativa correspondiente, al sentenciado, a su defensor y al Ministerio Público, y

 

  1. Las notificaciones y los actos procesales relativos a los medios de prueba, en el procedimiento de ejecución penal, se ajustará a las directrices generales que se contienen en el Código de Procedimientos, salvo en caso de oponerse a la presente Ley.

 

Artículo 33. Recursos.

 

Las resoluciones emitidas por los jueces de ejecución de penas, serán recurribles mediante el recurso de apelación, en los términos del Código de Procedimientos Penales.

 

CAPÍTULO III

DE LAS SALAS PENALES

 

Artículo 34. Recurso de Revisión.

 

Los magistrados que integran salas penales son competentes, en materia de ejecución de penas, para conocer colegiadamente del recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

Las resoluciones que deriven de este medio de impugnación, que tengan como consecuencia la anulación de sentencia por absolución del condenado o la disminución de la pena impuesta, serán comunicadas por la propia Sala a la autoridad administrativa correspondiente para su ejecución inmediata. Dicha resolución también se comunicará al Juez de Ejecución de Penas, al defensor del condenado y al Ministerio Público.

 

CAPÍTULO IV

DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES

 

Artículo 35. Facultades de la Dirección.

 

La Dirección, dependiente de la Secretaría de Seguridad Púbica del Estado de Guerrero, será el órgano del Poder Ejecutivo al que corresponderá:

 

  1. En materia de medidas judiciales dictadas durante el proceso.

 

  1. a) Ejecutar las medidas cautelares de prisión preventiva, presentación periódica, en su caso, y localización electrónica;

 

  1. b) Coordinar, vigilar y dar seguimiento a la ejecución del resto de las medidas cautelares reales y personales, y

 

  1. c) La evaluación de riesgos que, para el proceso y sus intervinientes, representen los imputados, de conformidad con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el seguimiento y supervisión del cumplimiento de las condiciones establecidas a los imputados en la suspensión condicional del proceso. El Ministerio Público y la defensa deberán recibir los reportes y la demás información que la Dirección genere en el ejercicio de estas funciones.

 

  1. En materia de penas y medidas de seguridad.

 

  1. a) Ejecutar las penas de prisión, de relegación, de trabajo a favor de la comunidad, sus modalidades, así como las resoluciones del Juez de Ejecución de Penas que de ellas deriven, y

 

  1. b) Vigilar y coordinar la ejecución de las penas y medidas de seguridad dispuestas en los Capítulos V, VII, VIII y IX del Título Cuarto de la presente Ley.

 

III. Dentro del sistema.

 

  1. a) Dirigir y ordenar la prevención social de los delincuentes en el Estado, proponiendo a las autoridades competentes las medidas que juzgue necesarias;

 

  1. b) Organizar, supervisar y administrar los establecimientos penitenciarios en el Estado; implementar el sistema de identificación y registro de actividades de los internos; expedir la normatividad y demás lineamientos de orden interno por las que habrán de regirse, así como vigilar su estricto cumplimiento;

 

  1. c) Intercambiar, trasladar, custodiar, vigilar y brindar tratamiento a toda persona que fuere privada de su libertad por orden de los Tribunales del Estado o de la autoridad competente, desde el momento de su ingreso a cualquier establecimiento;

 

  1. d) Proponer los reglamentos interiores de los establecimientos penitenciarios, con estricto apego al principio de no discriminación por género y vigilar su exacta aplicación;

 

  1. e) Aplicar los tratamientos adecuados a las personas internas, reglamentando su trabajo, sus actividades culturales, sociales, deportivas y otras, garantizando que estos tratamientos y reglamentos estén libres de estereotipos de género;

 

  1. f) Resolver sobre las modificaciones no esenciales a las medidas impuestas, tomando en cuenta la edad, sexo, salud o constitución física de los reos;

 

  1. g) Asistir a las personas liberadas, organizando patronatos, fomentando la formación de cooperativas, fideicomisos u otros entes similares, y celebrar convenios de coordinación con instituciones de las distintas esferas de gobierno o de la sociedad civil;

 

  1. h) Coadyuvar en el mantenimiento de la estadística criminal del Estado, y

 

  1. i) Las demás que otras leyes y reglamentos establezcan.

 

Artículo 36. Aprobación de la suspensión condicional del proceso.

 

Una vez que haya sido aprobada la suspensión condicional del proceso dentro de una causa, el juez deberá notificar tal situación a la Dirección a efecto de que esta dé inicio al proceso de supervisión respectivo.

 

En caso de incumplimiento de alguna o de la totalidad de las condiciones establecidas al imputado para el mantenimiento de la suspensión, la Dirección deberá notificar lo anterior al juez que las decretó.

 

Artículo 37. Atribuciones de las Autoridades Auxiliares.

 

  1. Ejecutar las medidas judiciales en la forma y términos previstos por la ley, y de acuerdo a la naturaleza y modalidades específicas de las mismas;

 

  1. Establecer, conjuntamente bajo la dirección de la Dirección, mediante los convenios correspondientes, programas y protocolos orientados a la eficacia y cumplimiento de las medidas judiciales a su cargo;

 

III. Elaborar un dictamen técnico debidamente justificado, en el que se determine la conveniencia de mantener, revisar, sustituir, modificar o cancelar la medida vigilada, y

 

  1. Informar a la Dirección sobre el cumplimiento, incumplimiento o cualquier irregularidad detectada.

 

Artículo 38. Sanciones a los Servidores Públicos Responsables.

 

La omisión o incumplimiento a las atribuciones establecidas en el artículo anterior, sin una causa debidamente justificada, constituirá además de las sanciones administrativas que procedan conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la base para determinar los delitos de negación de servicio público o denegación o retardo de justicia, previstos por el Título Décimo Octavo del Código Penal.

 

CAPÍTULO V

AUTORIDADES AUXILIARES

 

Artículo 39. Secretaría de Finanzas y Administración.

 

Corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración en el auxilio en la ejecución:

 

  1. Durante el procedimiento, de la medida cautelar de garantía económica, tratándose de depósitos de dinero.

 

  1. Durante la fase de cumplimiento de sentencia firme, de las penas de:

 

  1. a) Sanción pecuniaria, y

 

  1. b) Intervención en la administración de personas jurídicas privadas.

 

Artículo 40. Secretaría General de Gobierno.

 

Corresponde a la Secretaría General de Gobierno el auxilio en la ejecución:

 

  1. Durante el procedimiento, de las medidas cautelares o condiciones de:

 

  1. a) Garantía económica, tratándose de prendas e hipotecas;

 

  1. b) Prohibición de salir del país, y

 

  1. c) Abstención de viajar al extranjero.

 

Artículo 41. Instituciones Policiales en el Estado.

 

Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de la Fuerza Ciudadana, así como a los demás cuerpos de seguridad pública en el Estado, el auxilio en la ejecución:

 

  1. Durante el procedimiento, de las medidas cautelares o condiciones de:

 

  1. a) Sometimiento al cuidado o vigilancia que determine el juez;

 

  1. b) Resguardo domiciliario con modalidades;

 

  1. c) Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de acercarse a ciertos lugares;

 

  1. d) Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con personas determinadas;

 

  1. e) Separación inmediata del domicilio;

 

  1. f) Residir en lugar determinado;

 

  1. g) No poseer ni portar armas;

 

  1. h) No conducir vehículos, y

 

  1. i) Prohibición de salir del Estado, ciudad, o ámbito territorial que fije el Juez.

 

  1. Durante la fase de cumplimiento de sentencia firme, de las penas de:

 

  1. a) Confinamiento;

 

  1. b) Prohibición de acudir o residir en lugar determinado;

 

  1. c) Vigilancia de la autoridad, y

 

  1. d) Suspensión del derecho para conducir vehículos de motor.

 

Artículo 42. Secretaría de Desarrollo Social.

 

Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, el auxilio en la ejecución:

 

  1. Durante el procedimiento, de las medidas cautelares o condiciones de:

 

  1. a) Sometimiento al cuidado o vigilancia que determine el juez, y

 

  1. b) Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública.

 

  1. Durante la fase de cumplimiento de sentencia firme:

 

  1. a) De la pena de trabajo a favor de la comunidad;

 

Artículo 43. Secretaría de Salud.

 

Corresponde a la Secretaría de Salud, el auxilio en la ejecución:

 

  1. Durante el procedimiento, de las medidas cautelares o condiciones de:

 

  1. a) Internamiento en centro de salud u hospital psiquiátrico;

 

  1. b) Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas;

 

  1. c) Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, y

 

  1. d) Someterse a tratamiento médico o psicológico.

 

  1. Durante la fase de cumplimiento de sentencia firme:

 

  1. a) De la medida de seguridad de internamiento en centros psiquiátricos, de deshabituación, desintoxicación o de educación especial.

 

Artículo 44. Secretarías de Educación Guerrero, de Cultura, de la Juventud y la Niñez, de Fomento y Desarrollo Económico, y de Trabajo y Previsión Social.

 

Corresponde a las Secretarías de Educación Guerrero, de Cultura, de la Juventud y la Niñez, de Fomento y Desarrollo Económico, y de Trabajo y Previsión Social, durante el procedimiento, el auxilio en la ejecución de las condiciones para aprender una profesión, arte u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que éstas determinen.

 

CAPÍTULO VI

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

 

Artículo 45. Coordinación interinstitucional.

 

En el cumplimiento de las penas o medidas judiciales dictadas por la autoridad competente, remitirá sus proveídos a la Dirección, quien las ejecutará por conducto de sus órganos respectivos, dando cuenta oportuna a la autoridad judicial sobre su cumplimiento.

 

TÍTULO TERCERO

EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL

 

CAPÍTULO I

EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

 

SECCIÓN PRIMERA

PRESENTACIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA

 

Artículo 46. Depósito de dinero.

 

Cuando durante el procedimiento el Juez de Control haya impuesto la medida cautelar de garantía económica consistente en depósito de dinero, el imputado u otra persona, constituirán el depósito del monto fijado en alguna de las oficinas de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Estado.

 

El certificado de depósito se presentará dentro del plazo fijado por la autoridad judicial, y quedará bajo la custodia del Administrador de Oficina correspondiente, asentándose constancia de ello. Cuando por razón de la hora o por ser día feriado no pueda verificarse el depósito directamente en la oficina mencionada, el juzgado recibirá la cantidad exhibida y la mandará depositar el primer día hábil siguiente.

 

Artículo 47. Garantía hipotecaria.

 

Cuando la medida cautelar de garantía económica consista en hipoteca, que podrá ser otorgada por el imputado o por tercera persona, el inmueble no deberá tener gravamen alguno y su valor comercial determinado por institución o persona autorizada, será cuando menos el de un tanto más del monto fijado. En este caso, la garantía hipotecaria se otorgará ante el propio juzgado que conoce el proceso y surtirá sus efectos una vez que se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad, donde se le dará preferencia a este asiento.

 

Artículo 48. Garantía prendaria.

 

La garantía prendaria también podrá otorgarse ante el propio Juez de Control que conozca del proceso y, en lo conducente, serán aplicables las reglas a que alude el artículo anterior, salvo el caso del valor de la prenda, que será de dos tantos más, cuando menos, del monto fijado.

 

Artículo 49. Póliza de fianza personal.

 

Es admisible la póliza de fianza personal cuando el monto de la garantía económica no exceda del equivalente a cien días de la Unidad de Medida y Actualización. Salvo que se trate de empresas dedicadas a otorgar fianzas, el fiador deberá responder las preguntas que le haga el Juez de Control sobre su solvencia económica. El valor de la póliza será, al menos, de un tanto más al del monto fijado.

 

Artículo 50. Depósito de valores.

 

Cuando la garantía económica fijada como medida cautelar consista en el depósito de valores distintos al dinero, dichos bienes serán recibidos e inventariados por el Juez de Control y puestos bajo custodia del administrador de oficina.

 

El valor de los bienes deberá corresponder, cuando menos, a dos tantos más del monto fijado, y se constatará con un avalúo practicado por quienes estén autorizados para hacerla, de conformidad con la legislación respectiva.

 

Artículo 51. Regla general para la garantía económica.

 

Al formalizarse la garantía económica se hará saber a quien funja como garante que queda sujeto al procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de Guerrero, número 429 y que no operan en su favor los beneficios de orden, división y excusión. También se le informará del contenido de los artículos 175 y 177, fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

SECCIÓN SEGUNDA

PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS, DE LA LOCALIDAD EN LA CUAL RESIDE O DEL ÁMBITO TERRITORIAL

 

Artículo 52. Prohibición de salir del país.

 

Cuando se determine la medida cautelar de prohibición de salir del país, requerirá el Juez de Control o el Tribunal de Justicia Oral la entrega del pasaporte y demás documentos que permitan la salida del territorio nacional, remitiendo constancia de la resolución a la Secretaría General de Gobierno para que, de conformidad con sus atribuciones, dé aviso a las autoridades en materia de relaciones exteriores y a las consulares de otros países para hacer efectiva la medida.

 

El aviso a las autoridades señaladas también se realizará en caso de sustitución, modificación o cancelación de la medida.

 

Artículo 53. Prohibición de salir de la localidad o del ámbito territorial.

 

Si la medida cautelar consiste en la prohibición de salir de la localidad de residencia del imputado o de la circunscripción territorial del Estado, se comunicará el proveído a la Dirección, la cual de manera periódica ordenará se visite el domicilio proporcionado por el imputado, para corroborar que aún reside en la localidad.

 

Durante la ejecución de esta medida, el imputado deberá comunicar a la Dirección su cambio de domicilio y cualquier otra circunstancia que permita su localización.

 

En caso de incumplimiento, los cuerpos de seguridad pública darán aviso oportuno a la Dirección para los efectos procesales a que haya lugar.

 

SECCIÓN TERCERA

OBLIGACIÓN DE SOMETERSE AL CUIDADO O VIGILANCIA DE UNA PERSONA O INSTITUCIÓN DETERMINADA

 

Artículo 54. Ejecución de la medida.

 

Cuando durante el procedimiento penal se determine la medida cautelar de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada por el juez, o dicha particularidad se imponga como condición en la suspensión condicional del proceso, se señalará, a quien resulte responsable de la ejecución, las modalidades con que la medida o condición se habrá de cumplir, así como la periodicidad con la que deberá informar.

 

SECCIÓN CUARTA

PRESENTACIÓN ANTE EL JUEZ U OTRA AUTORIDAD

 

Artículo 55. Presentación ante el juez.

 

Al dictarse la medida cautelar de presentación periódica ante el Juez de Control, el sometido a la medida acudirá ante el administrador de oficina que corresponda, con la periodicidad que la autoridad judicial haya determinado, a efecto de informar sobre sus actividades.

 

La presentación a que se refiere el párrafo anterior se hará sin perjuicio de que el imputado pueda ser requerido en cualquier momento por el juzgador.

 

Artículo 56. Presentación ante otra autoridad.

 

Si corresponde aplicar la medida cautelar de presentación periódica ante otra autoridad, el sometido a la medida acudirá a la oficina que designe la Dirección, con la periodicidad que se haya determinado, a efecto de informar sobre sus actividades.

 

La presentación a que se refiere el párrafo anterior se hará sin perjuicio de que el imputado pueda ser requerido en cualquier momento por el juzgador.

 

Al dictarse la medida, el órgano jurisdiccional competente dará aviso inmediato a la Dirección, a efecto de estar en posibilidades de ejecutarla. Cuando la medida deba ejecutarse en algún distrito judicial donde la Dirección no tenga representación administrativa, dicha dependencia coordinará y vigilará su ejecución, por conducto de las autoridades administrativas con las que tenga celebrados convenios de colaboración, llevando un registro permanente sobre el cumplimiento de la medida en aquellas instancias.

 

En cualquier caso, la Dirección informará oportunamente al órgano jurisdiccional competente sobre el cumplimiento de la medida.

 

SECCIÓN QUINTA

LOCALIZADORES ELECTRÓNICOS

 

Artículo 57. Sistema de monitoreo electrónico.

 

Al solicitarse la medida cautelar de fijación de localizadores electrónicos al imputado, el Ministerio Público deberá basar su solicitud en un Dictamen Técnico que elaborará la Dirección en el que determine la viabilidad de su imposición.

 

Todo imputado a quien se le haya fijado la medida establecida en el párrafo anterior, deberá cumplir las condiciones, términos y requisitos que señale la Dirección.

 

SECCIÓN SEXTA

RESGUARDO DOMICILIARIO

 

Artículo 58. Resguardo.

 

El imputado, al solicitar el resguardo, informará a los Tribunales el domicilio en el que la medida habrá de cumplirse, sea en su propio domicilio o en el de otra persona.

 

Al solicitarse el resguardo, el Ministerio Público o la Defensa, deberá basar su solicitud en un Dictamen Técnico que elaborará la Dirección en el que determine la viabilidad de su imposición.

 

Cuando el Juez decrete el resguardo, determinará si es o no con vigilancia y sus modalidades que estime convenientes.

 

En todos los casos que al imputado se le conceda el resguardo, deberá cumplir con las condiciones, términos y requisitos que señale la Dirección.

 

SECCIÓN SÉPTIMA

PROHIBICIÓN DE ACUDIR A DETERMINADAS REUNIONES O DE VISITAR CIERTOS LUGARES

 

Artículo 59. Ejecución de la medida.

 

Al determinarse la prohibición de acudir a determinadas reuniones o de acercarse a ciertos lugares, se comunicará la resolución a la Dirección o a otros cuerpos de seguridad pública en el Estado, en su caso, con la finalidad de que sea ejercida la vigilancia pertinente sobre el imputado en el cumplimiento de esa determinación, en la que indicará específicamente las restricciones impuestas.

 

La autoridad ejecutora informará sobre el cumplimiento de la medida con la periodicidad determinada por la autoridad judicial.

 

SECCIÓN OCTAVA

PROHIBICIÓN DE CONVIVIR O COMUNICARSE CON PERSONAS DETERMINADAS

 

Artículo 60. Ejecución de la medida.

 

Al imponerse la medida de prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con personas determinadas, se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo anterior.

 

SECCIÓN NOVENA

SEPARACIÓN DEL DOMICILIO

 

Artículo 61. Ejecución de la medida.

 

Si se decreta la medida cautelar de separación del domicilio del imputado, se comunicará el proveído a la Dirección o a otros cuerpos de seguridad pública en el Estado, para su efectivo cumplimiento.

 

La separación del domicilio, como medida cautelar personal, deberá establecerse por un plazo mínimo de un mes, sin que pueda exceder de seis meses; podrá prorrogarse por períodos iguales, si así lo solicita la víctima u ofendido o el Ministerio Público y se mantienen las razones que la justificaron.

 

La medida podrá interrumpirse a solicitud de la víctima u ofendido y después de oír al Ministerio Público. Cuando se trate de ofendidos menores de edad, el cese procederá cuando así lo solicite su representante legal, después de escuchar la opinión del menor, de un especialista y del Ministerio Público.

 

Para levantar la medida cautelar personal, el imputado deberá comprometerse formalmente a no incurrir en hechos que puedan afectar a la víctima u ofendido, bajo apercibimiento de adoptar otras medidas cautelares más graves.

 

SECCIÓN DÉCIMA

SUSPENSIÓN DE DERECHOS

 

Artículo 62. Ejecución de la medida.

 

La ejecución de la medida cautelar de suspensión de derechos que dicte la autoridad judicial, será notificada a la Dirección y estará sujeta a las siguientes reglas:

 

  1. a) Si se trata de suspensión de funciones de un servidor público, se remitirá el proveído al superior jerárquico correspondiente, a efecto de que materialmente ejecute la medida;

 

  1. b) Si se trata de suspensión para el ejercicio de una profesión, se dará aviso a la Oficina Estatal de Profesiones del Gobierno del Estado, así como a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, para los efectos conducentes;

 

  1. c) Si se trata de la suspensión para la conducción de vehículos de motor, se comunicará la resolución a las autoridades en materia de vialidad y tránsito del municipio, del Estado y Federación, ello con independencia de que la autoridad que haya expedido la licencia de conducir de que se trate, retendrá la del imputado para su resguardo durante la vigencia de la medida, y

 

  1. d) En caso de imponer la suspensión de otros derechos, la ejecución de la medida quedará sujeta a las particularidades que el propio juez dicte en su resolución, de conformidad con la naturaleza de la medida impuesta.

 

En todos los casos, se remitirá junto con el proveído los datos necesarios para la efectiva ejecución de la medida y se podrá recabar del imputado o de las autoridades correspondientes, los informes que se estimen necesarios para verificar el cumplimiento de la suspensión.

 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA

INTERNAMIENTO

 

Artículo 63. Ejecución de la medida.

 

Al pronunciarse sobre la imposición de medidas cautelares, el Juez de Control podrá decretar el internamiento del imputado en centro de salud, centro de atención a adictos u hospitales psiquiátricos, cuando su estado de salud así lo amerite. De verificarse lo anterior, se remitirá la resolución a la Secretaría de Salud, a cuyo cargo quedará la ejecución y vigilancia de la medida, en centros u hospitales públicos o privados, tomando en cuenta la elección del imputado o de sus representantes, y de acuerdo con las posibilidades económicas del mismo.

 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA

PRISIÓN PREVENTIVA

 

Artículo 64. Establecimiento penitenciario.

 

La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva será cumplida en el establecimiento penitenciario que designe el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Dirección.

 

Artículo 65. Cumplimiento de la medida.

 

El Juez de Control remitirá su resolución a la Dirección, la que formará el expediente respectivo, para el debido y exacto cumplimiento de la medida.

 

El sitio destinado para cumplir la prisión preventiva será distinto a aquél en el que se ejecute la pena de prisión, del que deberá estar completamente separado. Las mujeres quedarán recluidas en lugares diferentes al de los hombres.

 

Artículo 66. Observación.

 

La observación de los imputados sujetos a prisión preventiva se limitará a recoger la mayor información posible sobre cada uno de ellos, a través de datos documentales y de entrevistas, y mediante la observación directa del comportamiento, estableciendo sobre estas bases la separación o clasificación interior en grupos y todo ello, con estricto apego al principio de presunción de inocencia.

 

Artículo 67. Trabajo del imputado.

 

Los imputados sometidos a prisión preventiva podrán trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones. La administración penitenciaria les facilitará los medios de ocupación de que disponga, permitiendo al interno procurarse a sus expensas otros, siempre que sean compatibles con las garantías procesales y la seguridad y el buen orden de aquél. Todo interno deberá contribuir al buen orden, limpieza e higiene del establecimiento penitenciario, siendo reglamentariamente determinados los trabajos organizados a dichos fines.

 

Artículo 68. Estudios de personalidad.

 

Desde que el interno quede sujeto a proceso penal, el consejo interdisciplinario deberá realizar los estudios sobre la personalidad integral en los aspectos médicos, sicológicos, sociales, pedagógicos y ocupacionales, enviando un ejemplar del estudio a la autoridad judicial que tiene a su cargo el proceso penal y al Ministerio Público.

 

Artículo 69. Disposiciones supletorias.

 

Serán aplicables para el cumplimiento de la prisión preventiva, en lo conducente, siempre que con ello no se transgredan los derechos fundamentales y garantías procesales del imputado, las disposiciones sobre la ejecución de la pena de prisión y el Sistema, de esta Ley, así como de los reglamentos que de ella deriven.

 

CAPÍTULO II

MEDIDAS CAUTELARES REALES

 

Artículo 70. Embargo precautorio.

 

Al decretarse la medida de embargo precautorio, se remitirá la resolución a la Dirección, la cual la remitirá al Registro Público de la Propiedad.

 

CAPÍTULO III

EJECUCIÓN DE CONDICIONES DURANTE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

 

Artículo 71. Coordinación, ejecución y vigilancia de las condiciones.

 

La coordinación interinstitucional para la ejecución y vigilancia de las condiciones por cumplir durante la suspensión condicional del proceso, en los términos del Capítulo III, Título I, del Libro Segundo del Código de Procedimientos, se llevará a cabo de la siguiente manera:

 

  1. Residir en un lugar determinado. Se sujetará a las disposiciones de ejecución de la medida cautelar de prohibición de salir del ámbito territorial que fije el juez.

 

  1. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. Se sujetará a las disposiciones de ejecución de las medidas cautelares de prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares y de convivir o comunicarse con personas determinadas.

 

III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas. Quedará sujeta a la revisión por parte de la Secretaría de Salud, la que por conducto de las instituciones correspondientes, verificará periódicamente el cumplimiento de la condición, mediante la práctica de exámenes, evaluaciones u otro tipo de procedimientos de demostración, informando oportunamente de ello, para los efectos procesales conducentes.

 

  1. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones. Quedará sujeta a la revisión por parte de la Secretaría de Salud, quien incorporará al imputado para su participación en dichos programas, informando sobre su cumplimiento.

 

  1. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez. Quedará sujeta a la revisión por parte de las Secretarías de Educación Guerrero, de Cultura, de la Juventud y la Niñez, de Fomento y Desarrollo Económico, y del Trabajo y Previsión Social, quienes darán seguimiento a la incorporación del imputado a alguno de los centros que ofrezcan servicios educativos o de capacitación para el trabajo, informando sobre los avances programáticos que alcance el imputado, así como de la culminación de los estudios, en su caso.

 

  1. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública. Quedará sujeta a la revisión por parte de la Dirección, la que inscribirá al imputado en un listado especial de prestadores de servicio y le indicará la institución en la que deba realizarse, el horario en el que se cumplirá, así como las labores que desempeñará. Así mismo, supervisará el trabajo del imputado periódicamente, e informará sobre su cumplimiento.

 

VII. Someterse a tratamiento médico o sicológico, de preferencia en instituciones públicas. Se sujetará, en lo conducente, a las disposiciones de ejecución de la medida cautelar de internamiento en centro de salud u hospital siquiátrico.

 

VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia. Se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en la fracción V del presente artículo. Si la condición consiste en la adquisición de trabajo, oficio o empleo, se hará por conducto de las Secretarías de Educación Guerrero, de Cultura, de la Juventud y la Niñez, de Fomento y Desarrollo Económico, y del Trabajo y Previsión Social.

 

  1. Someterse a la vigilancia que determine el juez. Se sujetará a las disposiciones de ejecución de la medida cautelar de sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al juez.

 

  1. No poseer ni portar armas. Al decretarse esta condición, se dará aviso a los cuerpos de seguridad pública en el Estado, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional, para llevar un registro de la condición impuesta, a efecto de que en un evento posterior en el que constate su incumplimiento, se dé aviso al Juez de Control para los efectos procesales correspondientes.

 

  1. No conducir vehículos. Se sujetará a las disposiciones de ejecución de la medida cautelar de suspensión de derechos.

 

XII. Abstenerse de viajar al extranjero. Se sujetará a las disposiciones de ejecución de la medida cautelar de prohibición de salir del país.

 

XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario. En su cumplimiento, quedará sujeta al aviso que los acreedores alimentarios o sus representantes formulen al Juez de Control.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMUNES A LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

 

Artículo 72. Irregularidades o incumplimiento de las medidas.

 

Si durante el período de cumplimiento de las medidas cautelares o condiciones, la autoridad, persona o institución ejecutora observa o da cuenta de incumplimiento o de cualquier irregularidad, dará aviso inmediato al órgano jurisdiccional competente, por conducto de la Dirección, para los efectos procesales conducentes.

 

Artículo 73. Sustitución, modificación o cancelación de las medidas cautelares o condiciones.

 

El órgano jurisdiccional competente informará a la persona o institución ejecutora sus determinaciones sobre la sustitución, modificación o cancelación de la medida cautelar, así como de la revocatoria o cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso, en su caso.

 

Artículo 74. Ente coordinador.

 

La comunicación entre el órgano jurisdiccional y las autoridades señaladas como auxiliares, se llevará a cabo por conducto de la Dirección, quien además llevará un registro general sobre las medidas cautelares y condiciones decretadas, la sustitución, modificación o cancelación de las primeras, así como de la revocatoria o cesación provisional de las segundas.

 

TÍTULO CUARTO

EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 75. Ejecución de las penas y medidas de seguridad.

 

Para la ejecución de las penas y medidas de seguridad, el Juez de Control o el Tribunal de Justicia Oral que dictó la sentencia, o el Tribunal de Alzada, según corresponda, deberá:

 

  1. Tratándose de penas privativas de la libertad.

 

  1. a) Si el imputado fuera sentenciado a prisión, ordenará inmediatamente su internamiento en el establecimiento penitenciario que corresponda, y lo pondrá a disposición jurídica del Juez de Ejecución de Penas, remitiéndole el registro donde conste su resolución, a efecto de integrar la carpeta respectiva, dando inicio al procedimiento de ejecución penal, para el debido y exacto cumplimiento de la sanción impuesta, o

 

  1. b) Si el condenado estuviere en libertad al dictarse el fallo, ordenar cautelarmente su aprehensión inmediata y, una vez efectuada, proceder de conformidad con el inciso anterior. En este caso, se pondrá al condenado a disposición material de la Dirección, a efecto de que las penas se compurguen en los centros de reinserción social a cargo de dicha autoridad.

 

  1. Tratándose de penas alternativas a la privativa de la libertad, remitir copia de la misma a la Dirección, a efecto de que ésta se coordine, en los términos de la presente Ley, con la institución encargada de su ejecución.

 

CAPÍTULO II

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

 

SECCIÓN PRIMERA

PENA DE PRISIÓN

 

Artículo 76. Centro de Reinserción Social.

 

La pena privativa de la libertad será compurgada en los centros de reinserción social que designe el Ejecutivo del Estado por conducto de la Dirección.

 

Artículo 77. Cumplimiento de la pena.

 

El sitio destinado para el cumplimiento de las penas privativas de la libertad será distinto y completamente separado de aquél destinado a la prisión preventiva, y las mujeres quedarán recluidas en lugares diferentes a los de hombres.

 

Artículo 78. Inspección.

 

Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios penitenciarios. Velarán en particular porque estos establecimientos se administren conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales.

 

Artículo 79. Instalaciones adecuadas.

 

Todos los centros de reinserción social en el Estado adoptarán las medidas necesarias a efecto de que sus establecimientos cuenten con las instalaciones adecuadas para los internos de uno y otro sexo. La Dirección vigilará que se cumpla con esta disposición.

 

Artículo 80. Estudios de personalidad.

 

Al compurgarse la pena privativa de la libertad, deberán realizarse al interno los estudios sobre la personalidad integral en los aspectos médicos, sicológicos, sociales, pedagógicos y ocupacionales, sin perjuicio de que dichos estudios se hayan verificado al decretarse la medida cautelar de prisión preventiva.

 

Artículo 83. Cómputo de la pena privativa de libertad.

 

Toda pena privativa de la libertad que sea impuesta mediante sentencia ejecutoriada, se computará desde el tiempo en que inició la detención. Cuando un sentenciado deba compurgar más de una pena privativa de libertad, proveniente de sentencias diversas, deben observarse los siguientes criterios:

 

  1. Cuando un sentenciado está compurgando una pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada y comete delito diverso, a la pena impuesta por el nuevo delito debe sumarse el resto de la pena que tenía pendiente por compurgarse, procediendo a la acumulación de penas;

 

  1. Cuando el sentenciado reporte diversas penas por delitos cometidos antes de su detención, se procederá a la acumulación de ellas, tomando en cuenta para la primera pena impuesta por sentencia ejecutoriada, la del delito cometido el día de su detención y por las restantes, de acuerdo con el orden cronológico en que vayan causando ejecutorias las sentencias que le imponen otras penas de prisión, y

 

III. Si el sentenciado estuvo sujeto de forma simultánea a dos o más procesos por la comisión de diversos delitos, fuera de los supuestos de concurso real o ideal, y en tales casos se haya dictado prisión preventiva y luego sentencia condenatoria, el tiempo que se cumplió con dicha medida cautelar se computará para la sanción privativa de libertad impuesta en el proceso en el que primero se dicte sentencia.

 

SECCIÓN SEGUNDA

MODALIDADES A LA PENA DE PRISIÓN

 

Artículo 81. Tratamiento en semilibertad.

 

El tratamiento en semilibertad comprende la alternancia de períodos de privación de la libertad y tratamiento en libertad, como una modalidad de la pena de prisión con fines laborales, educativos o de salud, que establezcan los estudios sobre personalidad que emita la Dirección, que conduzcan a la reinserción social y podrá consistir en:

 

  1. Internamiento de fin de semana;

 

  1. Internamiento durante la semana;

 

III. Internamiento nocturno, u

 

  1. Otras modalidades de internamiento.

 

Para la concesión del tratamiento se deberá de acreditar fehacientemente ante el Juez de Ejecución de Penas, las causas que justifiquen el fin por el cual se solicita la misma, las que deberán de quedar debidamente documentadas en la carpeta de ejecución respectiva y avaladas por el dictamen técnico del consejo interdisciplinario, en el que además se debe determinar la viabilidad del beneficio.

 

Artículo 82. Internamiento de fin de semana.

 

El internamiento de fin de semana quedará sujeto a las siguientes reglas:

 

  1. Tendrá lugar desde las veinte horas del día viernes hasta las veinte horas del día domingo;

 

  1. Su cumplimiento se verificará en el centro de reinserción social que designe la Dirección, separadamente a los internos que compurgan la pena de prisión sin modalidades;

 

III. Si el sentenciado incurre en una ausencia no justificada, la Dirección lo comunicará al Juez de Ejecución de Penas, a efecto de que revoque el internamiento de fin de semana;

 

  1. Si durante su aplicación se incoa contra el sentenciado un nuevo proceso por la comisión de diverso delito y se impone la medida cautelar de prisión preventiva, la modalidad se revocará, y

 

  1. Durante el tiempo que permanezca en semilibertad, el sentenciado deberá dedicarse al desarrollo de una actividad lícita; a realizar estudios no concluidos o a recibir el tratamiento de salud especificado.

 

En casos de tratamientos de salud, el Juez de Ejecución de Penas, por conducto de la Dirección, ordenará a la institución correspondiente que aplique el tratamiento requerido, en su caso, y en general, que informe con la periodicidad indicada sobre sus avances.

 

Artículo 83. Internamiento durante la semana.

 

El internamiento durante la semana quedará sujeto a las siguientes reglas:

 

  1. Tendrá lugar desde las veinte horas del día domingo hasta las veinte horas del día viernes.

 

  1. En su cumplimiento quedará sujeto a las disposiciones previstas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 61.

 

Artículo 84. Internamiento nocturno.

 

El internamiento nocturno quedará sujeto a las siguientes reglas:

 

  1. Tendrá lugar desde las veinte horas, hasta las ocho horas del día siguiente, y

 

  1. En su cumplimiento quedará sujeto a las disposiciones previstas en las fracciones II, III, IV y V del artículo anterior.

 

Artículo 85. Otras modalidades de internamiento.

 

Fuera de las hipótesis previstas, y sólo en los casos en los que por la edad o estado de salud del sentenciado se ponga en grave riesgo su integridad física, el Juez de Ejecución de Penas podrá imponer otras modalidades para cumplir la pena de prisión en semilibertad, tomando en cuenta el tratamiento de salud que deba recibirse.

 

SECCIÓN TERCERA

PENA DE RELEGACIÓN

 

Artículo 86. Pena de Relegación.

 

Previos los estudios especializados, el Juez de Ejecución de Penas podrá ordenar el cumplimiento de la pena de prisión en colonias penales, en los términos de los convenios de coordinación celebrados por el Ejecutivo del Estado con las autoridades federales respectivas.

 

CAPÍTULO III

DE LA LIBERTAD ANTICIPADA

 

Artículo 87. Disposiciones Generales.

 

Los beneficios de libertad anticipada, son aquellos otorgados por la autoridad ejecutora, cuando el sentenciado reúna los requisitos establecidos legalmente a cada modalidad.

 

Dichos beneficios son:

 

  1. Tratamiento preliberacional.

 

  1. Libertad preparatoria.

 

III. Remisión parcial de la pena.

 

  1. Ingreso al programa de monitoreo electrónico.

 

Artículo 88. Solicitud.

 

El sentenciado que crea tener derecho a un beneficio, elevará su solicitud al Juez de Ejecución de Penas, por conducto de la Dirección, dando inicio el procedimiento respectivo.

 

SECCIÓN PRIMERA

DEL TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL

 

Artículo 89. Tratamiento preliberacional.

 

El tratamiento preliberacional es el beneficio que se otorga al sentenciado, después de cumplir una parte de la sanción que le fue impuesta, quedando sometido a las formas y condiciones de tratamiento y vigilancia del Juez de Ejecución de Penas. Pero una vez lograda la obtención de alguno de los beneficios establecidos en este Capítulo y que conduzcan fuera de prisión al sentenciado, este deberá cumplir el resto de la pena que queda por compurgar, sin posibilidad de que pueda promover de nueva cuenta la solicitud de cualquier otro sobre el ya concedido. Con excepción de los casos en donde el sentenciado solicite a la Dirección la aplicación de otro beneficio y ésta lo autorice.

 

Artículo 90. Requisitos para su otorgamiento.

 

El otorgamiento del tratamiento preliberacional se concederá al sentenciado que cumpla con los siguientes requisitos:

 

  1. Cuando haya compurgado el cincuenta por ciento de la pena privativa de libertad impuesta;

 

  1. Que acredite haber trabajado en las actividades y programas establecidos por la autoridad penitenciaria;

 

III. Que haya observado buena conducta durante su internamiento;

 

  1. Haber participado en las actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas organizadas por la institución penitenciaria;

 

  1. Si existió condena a la reparación del daño, que haya sido cubierta;

 

  1. No estar sujeto a otro proceso penal en el que se haya decretado medida cautelar de prisión preventiva, y

 

VII. Ser primodelicuente.

 

El sentenciado deberá mantener un modo honesto de vida durante el plazo que señale el Juez de Ejecución de Penas en la resolución respectiva, de lo contrario el beneficio le será revocado.

 

Los requisitos enumerados en las fracciones II, III y IV, se acreditarán con el informe que para los efectos emita la Dirección.

 

Artículo 91. Contenido del tratamiento.

 

La Dirección preparará el tratamiento preliberacional por el tiempo que ésta determine y comprenderá:

 

  1. La preparación del sentenciado y su familia en forma grupal o individual, acerca de los efectos del beneficio;

 

  1. La preparación del sentenciado respecto de su corresponsabilidad social;

 

III. Realizado lo anterior, la Dirección determinará el tratamiento correspondiente y canalizará al sentenciado a la institución abierta, en donde se continuará con el mismo, concediéndole en caso de cumplimiento permisos de:

 

  1. a) Salida diaria a trabajar o estudiar con reclusión nocturna y salida los sábados y domingos para convivir con su familia, y

 

  1. b) Reclusión los sábados y domingos para tratamiento técnico.

 

Artículo 92. Requisitos de Permanencia.

 

El sentenciado deberá mantener un modo honesto de vida durante el plazo que señale el Juez de Ejecución de Penas en la resolución respectiva, y presentarse ante la Dirección con la periodicidad que ésta determine, de lo contrario el beneficio le será revocado.

 

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA LIBERTAD PREPARATORIA

 

Artículo 93. Libertad preparatoria.

 

La libertad preparatoria se podrá otorgar a los internos que por sentencia ejecutoriada a privación de la libertad por más de tres años, satisfagan los siguientes requisitos:

 

  1. Que haya cumplido la mitad de la pena de prisión impuesta en los delitos dolosos y la tercera parte en tratándose de delitos culposos;

 

  1. Haber acreditado plenamente durante su estancia en prisión, los estudios de personalidad que le sean practicados por el Consejo.

 

Para el otorgamiento de la libertad preparatoria, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora, y

 

III. Que haya reparado el daño causado.

 

Artículo 94. Improcedencia del beneficio.

 

La libertad preparatoria no se concederá al sentenciado por los siguientes delitos, previstos en las Leyes Generales, así como los previstos en el Código Penal, tanto si quedaran consumados como en grado de tentativa en aquellos casos que la permitan:

 

  1. Tortura;

 

  1. Enriquecimiento ilícito;

 

III. Trata de personas;

 

  1. Tráfico de influencias;

 

  1. Homicidio;

 

  1. Pornografía;

 

VII. Tráfico de menores;

 

VIII. Violación;

 

  1. Abuso Sexual;

 

  1. Pederastia;

 

  1. XI. Desaparición Forzada de Personas;

 

XII. Sabotaje;

 

XIII. Ataques a la Paz Pública, o

 

XIV. Extorsión.

 

Artículo 95. Solicitud.

 

El sentenciado que crea tener derecho a la libertad preparatoria, elevará su solicitud al Juez de Ejecución de Penas, por conducto de la Dirección, dando inicio el procedimiento respectivo.

 

Artículo 96. Resolución.

 

La resolución que conceda la libertad preparatoria tomará en consideración todos los informes y conclusiones que sean recabados. Contendrá las observaciones y antecedentes relacionados con la conducta del sentenciado durante su internamiento, así como el dictamen elaborado por el consejo interdisciplinario con los datos que demuestren que se encuentra en condiciones de ser reintegrado a la vida social. Dentro de las obligaciones del liberado, se contendrá la de informar el lugar de residencia y de trabajo, así como la de presentarse cada treinta días ante la Dirección o las autoridades municipales del lugar de residencia.

 

Artículo 97. Revocación del beneficio.

 

La libertad preparatoria se revocará por el Juez de Ejecución de Penas, cuando el liberado:

 

  1. Es procesado por la comisión de otro delito, y se le impone medida cautelar de prisión preventiva:

 

  1. Fuere condenado por diverso delito doloso mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso, será de oficio la revocación.

 

Tratándose de delito culposo, de acuerdo con la gravedad del hecho se podrá revocar o mantener la libertad preparatoria;

 

III. Moleste reiteradamente y de modo considerable a la víctima u ofendido del delito por el que se le condenó.

 

Para este efecto, el interesado en revocar el beneficio deberá acreditar los actos de molestia ante el Juez de Ejecución de Penas;

 

  1. No reside o deja de residir en el lugar que se haya determinado, del cual no podrá ausentarse sin el permiso del Juez de Ejecución de Penas;

 

  1. Deje de presentarse injustificadamente por una ocasión, o

 

  1. No cuente con un medio honesto de vida.

 

Para tal efecto, la Dirección proporcionará la información necesaria para acreditar estas circunstancias ante el Juez de Ejecución de Penas.

 

El sentenciado cuya libertad preparatoria haya sido revocada, cumplirá el resto de la pena impuesta. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refiere este artículo, interrumpen los plazos para extinguir la sanción.

 

Artículo 98. Diversos procesos.

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo anterior, la autoridad judicial que conozca o haya conocido del proceso, deberá comunicar su resolución a la Dirección.

 

Artículo 99. Vigilancia.

 

Los individuos que disfruten de la libertad preparatoria estarán sujetos a la vigilancia de la Dirección, por el tiempo que les falte para extinguir su sanción.

 

SECCIÓN TERCERA

DE LA REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA

 

Artículo 100. Remisión parcial de la pena.

 

La remisión parcial de la pena es un beneficio otorgado por la autoridad judicial ejecutora, y consistirá en que por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

 

  1. Que el interno haya observado durante su estancia en prisión buena conducta;

 

  1. Que participe regularmente en las actividades educativas, deportivas o de otra índole que se organicen en el establecimiento;

 

III. Que con base en los estudios de personalidad que practique el Consejo, pueda determinarse la viabilidad de su reinserción social, y

 

  1. Que haya sido cubierta la Reparación del Daño.

 

Lo anterior se acreditará con los informes que rinda la Dirección.

 

Con estos elementos el Juez de Ejecución de Penas dictaminará sobre la procedencia del beneficio.

 

Los días laborados que se computen para este beneficio no podrán ser acumulados para el porcentaje que se exige en los demás beneficios.

 

Artículo 101. Solicitud del beneficio.

 

Presentada la solicitud del interesado para la remisión parcial de la pena, se abrirá con ella el procedimiento respectivo.

 

SECCIÓN CUARTA

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LIBERTAD ANTICIPADA

 

Artículo 102. Seguimiento, control y vigilancia.

 

Los jueces de ejecución de penas serán las autoridades responsables de dar seguimiento, llevar el control y ejercer vigilancia para que el procedimiento establecido en esta sección se cumpla.

 

Artículo 103. Cómputo de los términos.

 

El cómputo de los términos para el otorgamiento del beneficio de remisión parcial de la pena se realizará tomando en cuenta la sanción privativa de libertad impuesta, sin perjuicio de que se haya dictado una nueva sentencia condenatoria.

 

Artículo 104. Procedimiento.

 

El procedimiento para la concesión de beneficios se iniciará de oficio o a petición de parte.

 

Cuando la solicitud se presente ante Dirección, o ésta inicie el procedimiento, remitirá la solicitud al Juez de Ejecución de Penas, dentro de los tres días hábiles siguientes.

 

Admitida la solicitud, el Juez de Ejecución de Penas solicitará a la Dirección, que por conducto del Consejo, se remitan los estudios de personalidad del sentenciado dentro de los sesenta días siguientes a la admisión.

 

Cuando la solicitud se presente ante el Juez de Ejecución de Penas, o éste inicie el procedimiento, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.

 

Recibidos los estudios, el Juez de Ejecución de Penas emitirá resolución en un plazo que no excederá de cinco días, concediendo o negando el beneficio.

 

La resolución a que se refiere el artículo anterior, será notificada el día de su emisión a la Dirección, para que la cumpla en sus términos.

 

Realizado lo anterior en cuanto al trámite, se estará a lo dispuesto para la audiencia a que se refiere el presente ordenamiento.

 

Artículo 105. Improcedencia.

 

Las peticiones que conforme a lo dispuesto por esta Ley sean notoriamente improcedentes serán resueltas de inmediato y notificadas al interesado y a la Dirección.

 

Artículo 106. Localizadores electrónicos.

 

Para ejercer una mayor vigilancia, la Dirección solicitará al Juez de Ejecución de Penas, implementar un sistema de monitoreo electrónico a distancia sobre los sentenciados que gocen de algún beneficio de libertad anticipada a que se refiere el presente Capítulo, o de la condena condicional.

 

Una vez concedido el ingreso al programa, el sentenciado deberá sujetarse a las obligaciones y medidas de vigilancia que fije la Dirección de acuerdo al reglamento respectivo.

 

CAPÍTULO IV

DE LA LIBERTAD DEFINITIVA

 

SECCIÓN PRIMERA

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

 

Artículo 107. Libertad por sentencia cumplida.

 

La libertad definitiva se otorgará cuando el condenado a pena privativa de libertad haya cumplido con la sentencia.

 

Ningún funcionario puede, sin causa justificada, aplazar, demorar u omitir el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, de hacerlo, incurrirá en responsabilidad.

 

Artículo 108. Asistencia pospenitenciaria.

 

La libertad definitiva que se otorgue conforme a este título, será comunicada de inmediato al Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, para los fines de asistencia pospenitenciaria a que se refiere la presente Ley.

 

Artículo 109. Constancia de salida.

 

Al quedar en libertad definitiva una persona, el Juez de Ejecución de Penas le entregará una constancia de la legalidad de su salida, de la conducta observada durante su reclusión y de su aptitud para el trabajo, en relación con la información proporcionada por la Dirección.

 

SECCIÓN SEGUNDA

INDULTO

 

Artículo 110. Concesión.

 

Corresponde al Ejecutivo del Estado la facultad de conceder el indulto, en los términos de la Constitución Política del Estado de Guerrero. Sólo se concederá respecto de las sanciones impuestas en sentencia ejecutoriada.

 

Artículo 111. Procedencia.

 

Podrá concederse el indulto en los delitos del orden común, cuando el interno haya prestado importantes servicios a la Nación o al Estado. También, cuando por razones humanitarias o sociales, a los internos que por la conducta observada en prisión y por su constante dedicación al trabajo, sean ejemplares en el desarrollo armónico del establecimiento penitenciario.

 

Es requisito ineludible para realizar la solicitud de indulto, la demostración de que se ha cubierto la reparación del daño.

 

No procederá el indulto en el delito de violación, así como en los imprescriptibles.

 

Artículo 112. Solicitud.

 

El interesado ocurrirá con su petición de indulto ante el Titular del Ejecutivo Estatal, por conducto de la Dirección, solicitando que se expidan las constancias respectivas. Previa la investigación que realice el Consejo para la verificación de la procedencia del indulto, el Gobernador del Estado emitirá su resolución fundada y motivada.

 

Artículo 113. Publicación.

 

Todas las resoluciones que concedan un indulto se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y se comunicarán a la autoridad judicial que pronunció la sentencia para que haga la anotación correspondiente en el proceso.

 

SECCIÓN TERCERA

LIBERTAD O DISMINUCIÓN DE LA PENA POR RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA DEL SENTENCIADO O ANULACIÓN DE SENTENCIA

 

Artículo 114. Procedencia.

 

La libertad definitiva o disminución de la pena procederá como consecuencia de la resolución que las determine en el Reconocimiento de inocencia del sentenciado o en la Anulación de la sentencia, en los términos del Título XIII, del Libro Segundo del Código de Procedimientos.

 

Artículo 115. Libertad por Reconocimiento de inocencia del sentenciado o por la anulación de la sentencia.

 

Cuando por Reconocimiento de inocencia del sentenciado o por Anulación de la sentencia se resuelva la absolución del condenado, el Tribunal de alzada que haya conocido del recurso remitirá la constancia de su resolución a la Dirección y al Juez de Ejecución de Penas para que sin demora la ejecuten; así mismo, a la Dirección General del Estado, para su conocimiento.

 

Artículo 116. Disminución de penas.

 

Cuando la consecuencia del Reconocimiento de inocencia del sentenciado o la Anulación de la sentencia sea la disminución de las penas impuestas al condenado, se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo anterior.

 

SECCIÓN CUARTA

REHABILITACIÓN

 

Artículo 117. Rehabilitación de derechos.

 

Obtenida la libertad definitiva, el liberado podrá exigir que sean rehabilitados sus derechos políticos, civiles o de familia, suspendidos con motivo del procedimiento penal y la sanción impuesta.

 

Artículo 118. Solicitud de rehabilitación.

 

Una vez presentada la solicitud de rehabilitación, el Juez de Ejecución de Penas verificará que el condenado haya extinguido la sanción privativa de libertad impuesta; que resultó absuelto por Reconocimiento de inocencia del sentenciado, por la Anulación de la sentencia, o que le fue concedido el indulto, según sea el caso.

 

Artículo 119. Inhabilitación mayor a la pena privativa de libertad.

 

Si la pena impuesta hubiere sido la inhabilitación o suspensión de derechos, por un periodo mayor al impuesto para la pena privativa de libertad, no procederá la rehabilitación por libertad definitiva hasta que la diversa sanción quede cumplida.

 

Artículo 120. Comunicación de la rehabilitación.

 

La rehabilitación de los derechos será ordenada por el Juez de Ejecución de Penas y dicha resolución la comunicará la Dirección a las autoridades correspondientes.

 

CAPÍTULO V

CONDENA CONDICIONAL

 

Artículo 121. Naturaleza y requisitos.

 

La condena condicional es una facultad por la cual el juzgador, al emitir sentencia, podrá suspender la ejecución de la pena de prisión. Tiene por objeto fundamental permitir al sentenciado incorporarse a la sociedad, cumpliendo así la sanción que se le impuso, siendo procedente cuando se cumpla la totalidad de las siguientes condiciones:

 

  1. La pena de prisión impuesta no exceda de tres años, ni se trate de alguno de los delitos por los que resulta improcedente la concesión de libertad preparatoria;

 

  1. El beneficiado no haya cometido delito doloso en los seis años anteriores a los hechos por los cuales se le juzga, y

 

III. El sentenciado haya observado buena conducta durante la tramitación del proceso, incluyendo la observancia de las medidas cautelares Si el sentenciado estuvo sujeto a prisión preventiva, esta condición se acreditará con los informes que debe rendir la Dirección.

 

Artículo 122. Requisitos de Permanencia.

 

Para gozar del beneficio a que se refiere el artículo anterior, el sentenciado deberá:

 

  1. Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se fijen para asegurar su comparecencia ante la autoridad, cada vez que sea requerido por ésta;

 

  1. Residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza el cuidado y vigilancia;

 

III. Desempeñar una ocupación lícita;

 

  1. Abstenerse de causar molestias al ofendido, a sus familiares o a cualquier interviniente en el juicio, y

 

  1. Acreditar que se ha cubierto la reparación del daño, pudiendo la autoridad judicial fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado.

 

Artículo 123. Reparación del daño.

 

La suspensión de la ejecución de la prisión surtirá efectos, siempre que el sentenciado haya cubierto la reparación del daño, dentro del plazo que le fije la autoridad judicial para tal efecto, el que no podrá exceder de tres meses, mismo que se establecerá de acuerdo al monto que deba pagarse, a las posibilidades económicas del obligado y al tiempo transcurrido desde la comisión del delito.

 

Artículo 124. Resolución oficiosa.

 

En toda sentencia deberá resolverse sobre la procedencia de la condena condicional, cuando se esté en el supuesto de la fracción I del artículo 105 de esta Ley.

 

Artículo 125. Vigilancia de la autoridad.

 

Los sentenciados que obtengan la condena condicional quedarán sujetos a la vigilancia de la autoridad, en los términos de esta Ley.

 

En todos los casos en que se requieran estudios de la Dirección, el juez deberá tomar en cuenta las recomendaciones y determinará las condiciones para el tratamiento.

 

Artículo 126. Extinción de la sanción.

 

Se considerará extinguida la sanción si el reo no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria, si durante un lapso igual al término de la prisión impuesta, contado a partir del día siguiente hábil al que cause ejecutoria la sentencia que concedió la condena condicional, y haya reparado el daño a que fue condenado.

 

Artículo 127. Incumplimiento.

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones fijadas en la sentencia, el Juez de Ejecución de Penas podrá resolver que se haga efectiva la prisión suspendida, ordenando el internamiento del sentenciado para que cumpla el resto de la pena impuesta.

 

CAPÍTULO VI

REGLAS GENERALES PARA LA SUSTITUCIÓN DE SANCIONES Y CONDENA CONDICIONAL

 

Artículo 128. Facultad de promover la suspensión.

 

El sentenciado que considere que al dictarse la sentencia, en la que no hubo pronunciamiento sobre la sustitución o suspensión de la pena, reunía las condiciones fijadas para su obtención y que está en aptitud de cumplir con los requisitos para su otorgamiento, podrá promover el incidente respectivo ante el Juez de Ejecución de Penas.

 

Artículo 129. Sustitución de la prisión.

 

El Juez de Control o el Tribunal de Justicia Oral, considerando los resultados de los estudios de personalidad que emita la Dirección, podrá sustituir la pena de prisión, en los términos siguientes:

 

  1. Por multa o trabajo en favor de la comunidad, cuando no exceda de tres años, y

 

  1. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda de cinco años.

 

La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión, será en razón de un día multa por un día de prisión, de acuerdo con las posibilidades económicas del sentenciado.

 

Será obligación del Ministerio Público presentar en la audiencia respectiva, ante la autoridad judicial, los estudios a los que se refiere el párrafo primero.

 

Artículo 130. Sustitución de la multa.

 

La multa podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad.

 

Artículo 131. Condiciones para la sustitución.

 

La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cubra la reparación del daño a la víctima u ofendido y sea negociada con la persona moral de derecho público, pudiendo la autoridad judicial fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado.

 

La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por la autoridad judicial cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso durante los últimos seis años, así como cuando se trate de una trasgresión en perjuicio de la hacienda pública.

 

El beneficiado quedará sujeto a la vigilancia de la autoridad, en los términos de esta Ley.

 

Artículo 132. Revocación de la sustitución.

 

La autoridad judicial podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta:

 

  1. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas por la autoridad, o

 

  1. Cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso; si el nuevo delito carece de trascendencia social o es imprudencial, la autoridad judicial resolverá si debe aplicarse la pena sustituida.

 

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido la pena sustitutiva.

 

CAPÍTULO VII

RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

 

Artículo 133. Restricciones a los beneficios.

 

El reo que haya sido sentenciado, aun en grado de tentativa por el delito de robo en los supuestos contemplados en las fracciones I o II del artículo 229 del Código Penal; tortura, extorsión, violación u homicidio doloso, salvo que se trate en riña; así como por homicidio o lesiones imprudenciales contempladas en el Código Penal, no le será aplicable ninguno de los siguientes beneficios:

 

  1. Modalidad de la pena de prisión, tales como:

 

  1. a) Internamiento de fin de semana;

 

  1. b) Internamiento durante la semana;

 

  1. c) Internamiento nocturno, u

 

  1. d) Otras modalidades de internamiento análogas.

 

  1. Libertad anticipada.

 

  1. a) Tratamiento preliberacional;

 

  1. b) Libertad preparatoria, o

 

  1. c) Remisión parcial de la pena.

 

III. Indulto;

 

  1. Condena condicional, o

 

  1. Sustitución de sanciones.

 

CAPÍTULO VIII

PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD

 

SECCIÓN PRIMERA

CONFINAMIENTO

 

Artículo 134. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de confinamiento quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para la medida cautelar de arraigo domiciliario.

 

SECCIÓN SEGUNDA

TRATAMIENTO EN LIBERTAD

 

Artículo 135. Naturaleza.

 

El tratamiento en libertad de imputables, consiste en la aplicación, según el caso, de las medidas laborales, educativas, de salud o de cualquier otra índole autorizadas por la ley, orientadas a la reinserción social del sentenciado y bajo la supervisión de la autoridad ejecutora.

 

Esta pena podrá imponerse como pena autónoma o sustitutiva de la prisión, sin que su duración pueda exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.

 

El tratamiento en libertad de imputables podrá imponerse conjuntamente con las medidas de seguridad tendientes a la deshabituación o desintoxicación del sentenciado, cuando así se requiera.

 

En todo caso, pena y medida deberán garantizar la dignidad y la libertad de conciencia del sentenciado.

 

Artículo 136. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de tratamiento en libertad quedará sujeta en lo conducente, a las reglas dispuestas en el Título Tercero de esta Ley.

 

SECCIÓN TERCERA

PROHIBICIÓN DE RESIDIR O ACUDIR A UN LUGAR DETERMINADO

 

Artículo 137. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de prohibición de residir o acudir a un lugar determinado quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para la medida cautelar de prohibición de acudir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares.

 

CAPÍTULO IX

PENAS PECUNIARIAS

 

SECCIÓN PRIMERA

REPARACIÓN DEL DAÑO

 

Artículo 138. Ejecución.

 

Al haberse indicado la forma de dar cumplimiento al pago de la reparación del daño, en los términos del artículo 409, párrafo segundo del Código de Procedimientos, se enviará constancia de la sentencia firme al Juez de Ejecución de Penas, para llevar a cabo el seguimiento correspondiente:

 

  1. Si no se pagó la reparación del daño en los términos fijados en la sentencia, el Juez de Ejecución de Penas dará inicio al procedimiento administrativo de ejecución en los términos del Código Fiscal del Estado de Guerrero, número 429;

 

  1. Si se encontrara garantizada la reparación del daño, el Juez de Ejecución de Penas notificará al fiador, en caso de que exista, que la garantía otorgada será destinada al pago de la reparación del daño; lo mismo sucederá con las otras formas de garantía;

 

III. Dentro de los tres días siguientes a la notificación, se enviarán los documentos relativos a la ejecución de la garantía a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas para que, en un plazo de tres días, mediante resolución fundada y motivada, haga efectiva esa garantía a favor del ofendido o de su representante, y

 

  1. En tratándose del delito de Despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la restitución del bien inmueble a favor del ofendido, el Juez de Ejecución de Penas, una vez que reciba la sentencia ejecutoriada, ordenará la comparecencia del sentenciado y lo apercibirá para que en un plazo de tres días, haga entrega voluntaria del inmueble al ofendido.

 

En caso de negativa a devolverlo, el Juez de Ejecución de Penas ordenará se ponga en posesión material al ofendido o su representante, utilizando la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de la sentencia.

 

SECCIÓN SEGUNDA

MULTA

 

Artículo 139. Ejecución.

 

Al imponerse multa al sentenciado, el Juez de Ejecución de Penas procederá de acuerdo con las siguientes reglas:

 

  1. Notificará inmediatamente al sentenciado que cuenta con un plazo no mayor de veinte días para cubrir la multa impuesta. Para este efecto, se considerará la solvencia económica del condenado, y

 

  1. Si dentro del plazo concedido, el sentenciado demuestra que carece de recursos para cubrirla o que sólo puede pagar una parte, el Juez de Ejecución de Penas podrá sustituir la multa, total o parcialmente, por prestación de trabajo a favor de la comunidad. Por cada jornada de trabajo saldará uno de multa.

 

CAPÍTULO IX

PENAS RESTRICTIVAS DE OTROS DERECHOS

 

SECCIÓN PRIMERA

SUSPENSIÓN DE DERECHOS, DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS, COMISIONES O EMPLEOS

 

Artículo 140. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de suspensión, destitución e inhabilitación para el desempeño de cargos, comisiones o empleos quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para la medida cautelar de suspensión de derechos.

 

SECCIÓN SEGUNDA

INHABILITACIÓN, DESTITUCIÓN O SUSPENSIÓN DE CARGOS O EMPLEOS PÚBLICOS

 

Artículo 141. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de inhabilitación, destitución o suspensión de cargos o empleos públicos quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para la medida cautelar de suspensión de derechos.

 

SECCIÓN TERCERA

TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

 

Artículo 142. Instituciones.

 

El trabajo a favor de la comunidad será facilitado por el Poder Ejecutivo; se prestará en instituciones públicas en general, así como en las de carácter educativo o de asistencia social, públicas o privadas, sobre la base de los convenios que celebre la Dirección con dichas instituciones.

 

Artículo 143. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de esta pena se desarrollará bajo el control y vigilancia de la Dirección. Esta dependencia pedirá, conforme al convenio celebrado con la entidad pública o privada, los informes necesarios donde se detalle la prestación del trabajo en beneficio de la comunidad que realice el sentenciado y enviará la comunicación respectiva al Juez de Ejecución de Penas.

 

Una vez cumplida la pena de trabajo a favor de la comunidad, la institución comunicará dicha situación a la Dirección, quien a su vez, remitirá la constancia respectiva al Juez de Ejecución de Penas.

 

Artículo 144. Incumplimiento de la pena.

 

Ante el incumplimiento de esta sanción, el Juez de Ejecución de Penas procederá a ordenar se haga efectiva la pena privativa de libertad impuesta, computando en su caso, las jornadas de trabajo laboradas en beneficio de la comunidad. En este caso, cada jornada de trabajo será equivalente a un día de prisión.

 

Artículo 145. Dignidad del sentenciado.

 

Bajo ningún motivo el trabajo a favor de la comunidad atentará contra la dignidad del sentenciado.

 

SECCIÓN CUARTA

TRABAJO OBLIGATORIO PARA REPARACIÓN DEL DAÑO

 

Artículo 146. Ejecución y supuestos.

 

Si se impone el trabajo obligatorio como pena para la reparación del daño, recibida la copia de la sentencia firme, el Juez de Ejecución de Penas procederá de la siguiente forma:

 

  1. Girará oficio al lugar en que labore el condenado, ordenando la realización de descuentos a su salario, suficientes para cubrir la reparación del daño;

 

  1. Si la vía de descuentos resulta inviable, ordenará al condenado realizar los pagos en alguna de las siguientes modalidades:

 

  1. a) En efectivo;

 

  1. b) Mediante depósitos en institución bancaria, o

 

  1. c) Mediante certificado de depósito ante la autoridad recaudadora.

 

En este caso, el juez ordenará la inmediata comparecencia de la víctima, ofendido o su representante, para hacerle entrega del certificado de ingresos, dejando constancia de ello en el expediente:

 

III. El Juez de Ejecución de Penas determinará el tiempo y forma en que deban cubrirse los pagos parciales.

 

En todos los casos, la entrega se constituirá a favor del beneficiario:

 

  1. Las cantidades que no sean reclamadas en el plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se depositaron, se integrarán directamente al Fondo de Auxilio a Víctimas u Ofendidos del Delito, y

 

  1. Una vez cubierta en su totalidad la reparación del daño, concluirá el procedimiento de ejecución.

 

Artículo 147. Incumplimiento de la pena.

 

El incumplimiento injustificado tendrá como efecto la ejecución de la pena de prisión.

 

SECCIÓN QUINTA

SUSPENSIÓN DEL DERECHO PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DE MOTOR

 

Artículo 148. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de suspensión del derecho para conducir vehículos de motor quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para la medida cautelar de suspensión de derechos.

 

SECCIÓN SEXTA

CONSECUENCIAS PARA PERSONAS JURÍDICAS

 

Artículo 149. Ejecución de la suspensión, disolución, prohibición, remoción e intervención.

 

  1. Disolución. La autoridad judicial designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona jurídica, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación.

 

La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total;

 

  1. Prohibición de realizar determinados negocios u operaciones. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante la autoridad judicial, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece el Código Penal del Estado por desobediencia a un mandato de autoridad;

 

III. Remoción de administradores. Para hacer la designación, la autoridad judicial podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito;

 

Cuando concluya el período previsto para la administración sustituta, la designación de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria prevista por las normas aplicables a estos actos;

 

  1. Intervención. Se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al interventor,

 

Al imponer las consecuencias jurídicas, la autoridad judicial tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona jurídica sancionada.

 

Estos derechos quedan a salvo, aun cuando la autoridad judicial no tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior.

 

CAPÍTULO X

MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

SECCIÓN PRIMERA

VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD

 

Artículo 150. Ejecución de la pena.

 

La vigilancia de la autoridad consiste en la supervisión y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por la Dirección, con el apoyo, en su caso, de las autoridades auxiliares, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la reinserción social del sentenciado y a la protección de la comunidad.

 

La autoridad judicial deberá disponer esta supervisión cuando en la sentencia imponga una sanción que restrinja la libertad o derechos, sustituya la privación de libertad por otra sanción o conceda la condena condicional y en los demás casos en los que la ley disponga. Su duración no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de seguridad impuesta.

 

SECCIÓN SEGUNDA

TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES

 

Artículo 151. Tratamiento de inimputables.

 

En caso de inimputabilidad permanente, el juez de ejecución dispondrá la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad, previo el procedimiento penal respectivo.

 

La ejecución del tratamiento de inimputables en internamiento o en libertad, quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para las medidas cautelares de internamiento y la de obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada respectivamente.

 

La ejecución del tratamiento de inimputables disminuidos, quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para las medidas cautelares de internamiento y la de obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada respectivamente.

 

Artículo 152. Modificación o conclusión de la medida.

 

El juez de ejecución, podrá resolver sobre la modificación o conclusión de la medida, considerando las necesidades del tratamiento, que se acreditarán mediante los informes rendidos por la institución encargada de éste, según las características del caso.

 

SECCIÓN TERCERA

TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN O DESINTOXICACIÓN

 

Artículo 153. Ejecución de la medida.

 

El juez de ejecución ordenará el internamiento del sentenciado en centro de salud u hospital siquiátrico señalado en el fallo, de acuerdo a lo siguiente:

 

La Dirección remitirá la resolución a la Secretaría de Salud, a cuyo cargo quedará la ejecución y vigilancia de la medida, en los centros u hospitales públicos o privados.

 

Durante la ejecución de la medida, se informará periódicamente al Juez de Ejecución de Penas.

 

TÍTULO QUINTO

DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN Y DE REINSERCIÓN SOCIAL

 

CAPÍTULO I

DE LA PREVENCIÓN

 

Artículo 154. Tratamiento.

 

El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.

 

Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación.

 

Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso.

 

Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario.

 

Artículo 155. Bases del proceso de reinserción.

 

La Dirección organizará los establecimientos penitenciarios e instituciones del Sistema, vigilando que el proceso de reinserción de los internos esté basado en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

 

A todo imputado o sentenciado que ingrese a un establecimiento penitenciario del Sistema, se le respetarán sus derechos fundamentales, de conformidad con las Constituciones Federal y Local, los tratados internacionales e instrumentos similares celebrados por el Estado Mexicano, y las disposiciones legales que de ellos deriven.

 

Artículo 156. Aplicación.

 

El contenido del presente Título se aplicará a los sentenciados ejecutoriados y, en lo conducente, a los imputados de delito, entre quienes se promoverá su participación en los programas de trabajo, capacitación y educación.

 

CAPÍTULO II

DE LA REINSERCIÓN SOCIAL

 

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 157. Régimen progresivo y técnico.

 

Para la ejecución de las penas privativas de la libertad se establecerá un régimen progresivo y técnico tendiente a alcanzar la reinserción social del sentenciado. Constará por lo menos de dos periodos: El primero, de estudio y diagnóstico; y el segundo, de tratamiento.

 

En el primer período, se realizarán los estudios de personalidad del interno en los aspectos médico, sicológico, siquiátrico, educativo, criminológico, social y ocupacional y de vigilancia. Dicho estudio se realizará desde que el interno queda vinculado a proceso, enviando un ejemplar del estudio al órgano jurisdiccional que lo procesa.

 

El tratamiento se fundará en las sanciones penales impuestas y en los resultados de los estudios técnicos que se practiquen al sentenciado, los que deberán ser actualizados semestralmente.

 

Artículo 158. Reinserción social.

 

Los medios de reinserción social tienen por objeto facilitar la reincorporación del sentenciado a la vida social, como una persona útil a la misma.

 

Se consideran medios orientados a la reinserción social del sentenciado, el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Tales medios serán requisitos indispensables para quienes deseen acogerse a los beneficios señalados en esta ley.

 

SECCIÓN SEGUNDA

DEL TRABAJO

 

Artículo 159. Actividades laborales.

 

En los establecimientos penitenciarios del Sistema se buscará que el procesado o sentenciado adquiera el hábito del trabajo y que éste sea una fuente de autosuficiencia personal y familiar, tomando en consideración su interés, vocación, aptitudes y capacidad laboral.

 

En las actividades laborales se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución Federal, en lo referente a la jornada de trabajo, días de descanso, higiene, seguridad y a la protección de la maternidad.

 

El trabajo se organizará previo estudio del mercado a fin de favorecer la correspondencia entre la demanda de éste y la producción penitenciaria con vista a la autosuficiencia económica de cada institución.

 

Artículo 160. Trabajo no obligatorio.

 

No será obligatorio el trabajo para:

 

  1. Quienes presenten alguna incapacidad, por el tiempo que subsista, siempre y cuando lo acrediten ante la Dirección;

 

  1. Las mujeres, durante cuarenta y cinco días antes y después del parto, o

 

III. Los imputados sujetos a prisión preventiva, salvo que compurgue el trabajo obligatorio con motivo de la comisión de otro delito.

 

Artículo 161. Personas con discapacidad.

 

Quienes sufran alguna discapacidad tendrán una ocupación adecuada a su situación, de acuerdo con las recomendaciones técnicas del caso.

 

Artículo 162. Modalidades en el trabajo.

 

El trabajo que realicen los internos, dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios, estará comprendido en alguna de las siguientes modalidades:

 

  1. Estudio y formación académica, a las que la administración penitenciaria dará carácter preferente;

 

  1. Producción de bienes y servicios, mediante cooperativas o similares, de acuerdo con la legislación vigente;

 

III. Ocupaciones que formen parte de un tratamiento;

 

  1. Prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento, y

 

  1. Artesanales, intelectuales, artísticas y similares.

 

Artículo 163. Producto del trabajo.

 

El producto del trabajo será destinado a cubrir las necesidades de quien lo desempeña y de sus dependientes económicos; la reparación del daño, en su caso, y la formación de un fondo de ahorro que será entregado al momento de obtener su libertad.

 

SECCIÓN TERCERA

DE LA CAPACITACIÓN

 

Artículo 164. Capacitación para el trabajo.

 

La capacitación para el trabajo deberá orientarse a desarrollar armónicamente las facultades del interno.

 

La capacitación que se imparta será actualizada, de tal forma que pueda incorporar al interno a una actividad económica, social y culturalmente productiva.

 

SECCIÓN CUARTA

DE LA EDUCACIÓN

 

Artículo 165. Programas educativos.

 

La educación que se imparta en los establecimientos penitenciarios del Sistema se ajustará a los programas oficiales que el Estado Mexicano establezca en materia educativa.

 

En los establecimientos penitenciarios se promoverá la instrucción para las mujeres que carezcan de estudios, así como para aquellas que se hubieren encontrado realizando sus estudios antes de su reclusión o que tengan estudios inconclusos, así como propiciar la educación sexual y reproductiva a través de programas de información destinados a ello.

 

Artículo 166. Documentación oficial.

 

La documentación de cualquier tipo que expidan los centros escolares de los establecimientos penitenciarios, no contendrá referencia o alusión alguna a estos últimos. Para tal efecto, las autoridades educativas expedirán los documentos en los términos que se convengan con la Dirección.

 

Artículo 167. Programas inductivos a la reinserción.

 

El personal técnico de cada uno de los establecimientos penitenciarios implementará programas tendientes a incorporar a los internos a las actividades laborales, de capacitación, educativas, recreativas y culturales.

 

TÍTULO SEXTO

DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO

 

CAPÍTULO I

REGLAS APLICABLES A CATEGORÍAS ESPECIALES

 

SECCIÓN PRIMERA

CONDENADOS

 

Artículo 168. Tratamiento

 

El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.

 

Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación.

 

Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso.

 

Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario.

 

Artículo 169. Clasificación e individualización.

 

Los fines de la clasificación deberán ser:

 

  1. Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención, y

 

  1. Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.

 

Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusos.

 

Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones.

 

Artículo 170. Privilegios.

 

En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe su tratamiento.

 

Artículo 171. Trabajo.

 

El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo.

 

Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico.

 

Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo.

 

En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación.

 

Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes.

 

Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar.

 

La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.

 

Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la administración y no por contratistas privados.

 

Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del recluso.

 

En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres.

 

Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.

 

El reglamento fijará el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los trabajadores libres. Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso.

 

El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa.

 

Artículo 172. Instrucción y recreo.

 

La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención.

 

La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.

 

Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y culturales en todos los establecimientos.

 

Artículo 173. Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria.

 

Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes.

 

Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación. Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses de su familia así como su propia readaptación social.

 

Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su destino y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación.

 

Los representantes acreditados de esos organismos tendrán todo el acceso necesario a los establecimientos y podrán visitar a los reclusos. Se les consultará en materia de proyectos de readaptación para cada recluso desde el momento en que éste haya ingresado en el establecimiento.

 

Convendrá centralizar o coordinar todo lo posible la actividad de dichos organismos, a fin de asegurar la mejor utilización de sus actividades.

 

SECCIÓN SEGUNDA

RECLUSOS ALIENADOS Y ENFERMOS MENTALES

 

Artículo 174. Establecimientos para enfermos mentales.

 

Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales.

 

Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos.

 

Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un médico.

 

El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento.

 

Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de carácter psiquiátrico.

 

SECCIÓN TERCERA

PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA

 

Artículo 175. Disposiciones generales.

 

A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado “acusado” toda persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada.

 

El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia.

 

Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección de la libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se deberá seguir respecto a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen especial cuyos puntos esenciales solamente se determinan en las reglas que figuran a continuación.

 

Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados.

Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en establecimientos distintos.

 

Los acusados deberán dormir en celdas individuales a reserva de los diversos usos locales debidos al clima.

 

Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso contrario, la administración suministrará la alimentación.

 

Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales siempre que estén aseadas y sean decorosas. Si lleva el uniforme del establecimiento, éste será diferente del uniforme de los condenados.

 

Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar.

 

Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las de un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros medios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento.

 

Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto.

 

Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detención y se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, con la única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento.

 

El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio cuando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a propósito de su defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones confidenciales. Para ello, se le proporcionará, si lo desea, recado de escribir. Durante las entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún funcionario de la policía o del establecimiento penitenciario.

 

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

 

Artículo 176. Clasificación de los establecimientos.

 

Los establecimientos penitenciarios que integran el Sistema, se dividirán en las siguientes áreas:

 

  1. Varoniles y femeniles;

 

  1. Preventiva y de ejecución de penas; y

 

III- De alta, media y mínima seguridad.

 

Artículo 177. Establecimientos de alta y media seguridad.

 

Los establecimientos penitenciarios considerados como de alta y media seguridad se ubicarán en la periferia de la ciudad, preferentemente fuera de la zona habitada. Quedarán ubicados en los centros de alta seguridad quienes:

 

  1. Estén privados de su libertad por delitos de alto impacto social;

 

  1. Pertenezcan a una asociación delictuosa o a un grupo organizado para delinquir;

 

III. Presenten conductas graves o reiteradas de daños, amenazas, actos de molestia, o delitos en perjuicio de otros reclusos, sus familiares, visitantes o personal de las instituciones de seguridad, o

 

  1. Hayan favorecido la evasión de presos.

 

Artículo 178. Prohibición de reclusión.

 

No podrán ser recluidos en los establecimientos penitenciarios a que se refiere el Artículo anterior, los inimputables, los enfermos siquiátricos, quienes muestren una discapacidad grave, los enfermos terminales o cualquier otra persona que no se encuentre dentro de los criterios establecidos en el artículo anterior.

 

Artículo 179. Áreas penitenciarias.

 

En las áreas penitenciarias preventivas sólo se recluirá a los procesados. En tanto, en las destinadas a la ejecución de penas sólo se recluirá a los sentenciados ejecutoriados.

 

Artículo 180. Instituciones y servicios de rehabilitación.

 

En las instituciones de rehabilitación psicosocial sólo se recluirá a los inimputables y enfermos psiquiátricos, de acuerdo con la asignación que determine el Consejo. Los servicios de rehabilitación estarán siempre a disposición del farmacodependiente en todos los establecimientos penitenciarios.

 

Artículo 181. Cumplimiento de pena privativa de libertad.

 

Las sanciones privativas de libertad se cumplirán en los establecimientos penitenciarios, salvo los casos de excepción expresamente señalados en esta Ley.

 

Artículo 182. Personal de administración.

 

La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.

 

La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público.

 

El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán periódicamente.

 

Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones en toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos.

 

En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de especialistas, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos.

 

Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios.

 

Artículo 183. Dirección del Centro de Reinserción Social.

 

Cada uno de los Centros de Reinserción Social estará dirigido por un funcionario residente responsable, denominado Director.

 

El director del establecimiento deberá hallarse debidamente certificado para su función por su carácter, su capacidad administrativa, una formación adecuada y por su experiencia en la materia.

 

Deberá consagrar todo su tiempo a su función oficial que no podrá ser desempeñada como algo circunscrito a un horario determinado.

 

Deberá residir en el establecimiento o en la cercanía inmediata. Cuando dos o más establecimientos estén bajo la autoridad de un director único, éste los visitará con frecuencia.

 

Artículo 184. Personal femenino.

 

En los establecimientos o secciones penitenciarios destinados a las mujeres, la vigilancia estará a cargo, necesariamente, de personal femenino.

 

Artículo 185, Vigilancia y administración.

 

Para los fines de vigilancia y administración, los directivos se ajustarán a la aplicación del Reglamento respectivo y cumplirán las normas de ejecución penal que establece esta Ley.

 

Artículo 186. Centros de Reinserción Social.

 

Los establecimientos penitenciarios se denominan Centros de Reinserción Social, dependen de la Dirección, y para su funcionamiento dispondrán, en la medida que lo permita su presupuesto, de las siguientes secciones: Vigilancia, médica, sicológica, de seguridad y custodia; pedagógica, trabajo social y administrativa.

 

Artículo 187. Adolescentes infractores.

 

Por ningún motivo se dará entrada a establecimientos penitenciarios para adultos, a adolescentes infractores, los que deberán ser internados, en su caso, en las instituciones especiales que prevé la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores.

 

CAPÍTULO III

DEL INGRESO

 

Artículo 188. Ingresos de personas.

 

El ingreso de un procesado o sentenciado en cualquiera de los establecimientos penitenciarios se hará mediante el mandamiento u orden de la autoridad competente. Cada interno desde su ingreso se le abrirá un expediente personal relativo a su situación procesal y penitenciaria de que tendrá derecho a ser informado.

 

Artículo 189. Ingresos de personas.

 

Al ingresar al establecimiento penitenciario, los procesados o sentenciados serán alojados en el área de ingreso e invariablemente examinados por el médico del lugar, a fin de conocer el estado de salud que guardan.

 

Artículo 190. Presupuestos para el ingreso.

 

El ingreso de alguna persona a cualquiera de los establecimientos penitenciarios se hará únicamente:

 

  1. Por resolución judicial, o

 

  1. En ejecución de los convenios celebrados por el Ejecutivo Estatal.

 

Artículo 191. Expediente de control interno.

 

Para efectos de control interno, las autoridades del establecimiento integrarán un expediente que contendrá los siguientes datos:

 

  1. Datos generales del procesado o sentenciado;

 

  1. Número de proceso penal, nombre de la víctima u ofendido, así como de la autoridad que lo puso a disposición del establecimiento;

 

III. Fecha y hora del ingreso y egreso, si lo hubiere, así como los datos que originaron su estado privativo de libertad;

 

  1. Identificación dactiloscópica y antropométrica, e

 

  1. Identificación fotográfica.

 

La información contenida en el expediente quedará sujeta a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

CAPÍTULO IV

DE LOS TRASLADOS

 

Artículo 192. Traslado de procesados.

 

Para el traslado de procesados será necesaria la autorización expresa de la autoridad a cuya disposición se encuentre, salvo los casos de notoria urgencia en los que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos o la seguridad y el orden del establecimiento, debiendo notificar a dicha autoridad el siguiente día hábil.

 

Artículo 193. Traslado de sentenciados.

 

La facultad de trasladar a los internos sentenciados ejecutoriadamente a otros establecimientos penitenciarios corresponde a la Dirección, con las modalidades siguientes:

 

  1. Si el traslado del sentenciado es voluntario, se tomarán en cuenta los motivos que el interno invoque, así como las condiciones generales del establecimiento al que se pretenda trasladar, y

 

  1. Si el traslado del sentenciado es necesario o urgente, la Dirección lo ejecutará, aún sin el consentimiento del interno, debiendo mediar una razón concreta o grave que lo justifique.

 

En ambos casos, la Dirección dará aviso inmediato al Juez de Ejecución de Penas para los efectos a que haya lugar.

 

CAPÍTULO V

DEL RÉGIMEN DE TRATAMIENTO

 

Artículo 194. Sistema de reinserción social.

 

El sistema de reinserción social tendrá carácter progresivo, técnico e individualizado. Constará, por los menos, en lo que respecta a su desarrollo, de los períodos siguientes:

 

  1. Estudio y diagnóstico;

 

  1. Tratamiento, y

 

III. Reinserción.

 

En el primero de los periodos previstos, se estudiará la personalidad integral del interno en los aspectos médicos, sicológicos, sociales, criminológicos, educativos, siquiátricos, ocupacionales y de vigilancia. Dicho estudio se realizará desde que el interno quede vinculado a proceso, enviando un ejemplar del estudio al órgano jurisdiccional que lo procesa.

 

Artículo 195. Concepto de tratamiento penitenciario.

 

El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la reeducación y reinserción social de los internos. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando las leyes, así como de subvenir a sus necesidades.

 

Para tal fin, se procurará desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social respecto a su familia y a la sociedad en general.

 

Artículo 196. Planificación y ejecución del tratamiento.

 

Se fomentará la participación del interno en la planificación y ejecución de su tratamiento, para que en el futuro sea capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos. La satisfacción de los intereses personales será tomada en cuenta, siempre que ello sea compatible con el tratamiento.

 

Artículo 198. Bases del tratamiento.

 

El tratamiento se inspirará en las siguientes bases:

 

  1. El estudio científico de la constitución, temperamento, carácter, aptitudes y actitudes del sujeto a tratar, así como su sistema dinámico motivacional y el aspecto evolutivo de su personalidad, conducente a una evaluación global de la misma, que se recogerá en el protocolo del interno;

 

  1. El resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sea individuales, familiar o social del interno;

 

III. La individualización, partiendo de métodos médico-biológicos, criminológicos, siquiátricos, educativos y sociales, con relación a la personalidad del interno, y

 

  1. La continuidad y dinamismo, dependientes de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno, durante el proceso o el cumplimiento de la condena.

 

Artículo 199. Individualización del tratamiento.

 

La individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada interno, se realizará mediante su clasificación, destinándose al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idónea dentro de aquél. La clasificación debe tomar en cuenta la personalidad; el historial del interno; la duración de la pena o medidas judiciales, en su caso; el medio al que probablemente retornará, así como los recursos, facilidades y dificultades existentes.

 

Artículo 200. Tratamiento durante la prisión preventiva.

 

La observación de los sujetos a prisión preventiva se limitará a recoger la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos documentales y de entrevistas, y mediante la observación directa del comportamiento, estableciendo sobre estas bases la separación o clasificación interior en grupos, todo ello en cuanto sea compatible con el principio de presunción de inocencia.

 

Una vez recaída sentencia condenatoria, se completará la información anterior con un estudio científico de la personalidad del observado, formulado sobre la base de dichos estudios e informaciones una determinación del tipo criminológico y de adaptabilidad social; la propuesta razonada de grado de tratamiento, y el destino al tipo de establecimiento penitenciario que corresponda.

 

Artículo 201. Reclasificación del tratamiento.

 

La evolución en el tratamiento determinará una nueva clasificación del interno, con la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento del régimen que corresponda o, dentro del mismo, el pase de una sección a otra de diferente régimen. La reclasificación estará sujeta a las siguientes reglas:

 

  1. La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se manifestará en la conducta global del interno, y entrañará un acrecentamiento de la confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades cada vez más importantes, que implicarán una mayor libertad;

 

  1. La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno un aspecto negativo con relación al tratamiento;

 

III. Sin perjuicio de que se realice en cualquier momento, cada seis meses los internos deberán ser evaluados individualmente para reconsiderar su clasificación, misma que será notificada al interesado, y

 

  1. Cuando un mismo equipo reitere por segunda vez la clasificación de primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación la haga un equipo distinto del primero, designado por el Juez de Ejecución de Penas, si se considera procedente.

 

Artículo 203. Informe pronóstico final.

 

Concluido el tratamiento y próxima la libertad del interno, se emitirá un informe pronóstico final, en el que se manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad que, en su caso, se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad anticipada.

 

Artículo 204. Instituciones o asociaciones coadyuvantes.

 

Para el fin de reinserción social de los internos en regímenes ordinario y abierto, se podrá solicitar la colaboración y participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas.

 

CAPÍTULO VI

DE LA DISCIPLINA EN El INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

 

Artículo 205. Convivencia ordenada.

 

El régimen disciplinario de los establecimientos penitenciarios se dirigirá a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada. Ningún interno desempeñará servicio alguno que implique el ejercicio de facultades disciplinarias.

 

Artículo 206. Corrección disciplinaria.

 

Los internos no serán corregidos disciplinariamente sino en los casos y con las sanciones establecidas en el Reglamento, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.

 

Artículo 207. Garantías procesales del interno.

 

Ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido presentar su defensa, verbal o escrita.

 

CAPÍTULO VII

COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON EL EXTERIOR

 

Artículo 208. Comunicación de los internos.

 

Los internos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, de forma oral o escrita, con sus familiares, amigos y representantes acreditados, así como con los funcionarios o empleados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria.

 

Las comunicaciones de los internos quedarán sujetas a las disposiciones del Código de Procedimientos.

 

Se procurará que la situación de la persona interna no destruya o debilite los lazos con su familia y se tratará de ayudar a resolver los problemas de la misma, para ello se practicarán visitas periódicas a la familia y se organizarán actividades de orientación familiar.

 

Artículo 209. Comunicación Inmediata.

 

Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente su detención a su familia o a su defensor, así como a comunicar su traslado a otro establecimiento en el momento de ingresar al mismo.

 

Artículo 210. Visitas personales.

 

Los establecimientos penitenciarios dispondrán de áreas especialmente adecuadas para las visitas personales, las que se concederán en los términos del Reglamento.

 

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA ASISTENCIA POSPENITENCIARIA

 

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A LIBERADOS

 

Artículo 211. Asistencia y atención a liberados y externados.

 

Para la asistencia y atención a liberados y externados, la Dirección se coordinará con instituciones, públicas o privadas, que presten estos servicios, las que procurarán fortalecer la reinserción social, auxiliándolos para canalizarlos y ubicarlos en fuentes de trabajo donde puedan desarrollar sus aptitudes y orientando su tiempo libre a determinadas actividades de esparcimiento familiar, social, deportivo, entre otros.

 

Artículo 212. Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

 

El Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, dependiente de la Dirección, tiene por objeto prestar asistencia jurídica, moral, económica, médica, social, laboral, y recomendar el beneficio de reserva de la información en el certificado de antecedentes penales para efectos empresariales, a las personas que gocen de cualquiera de los beneficios previstos en esta Ley, o que hayan sido puestas en libertad definitiva.

 

TÍTULO OCTAVO

EXTINCIÓN DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

CAPÍTULO ÚNICO

CAUSAS DE EXTINCIÓN

 

Artículo 213. Extinción de penas y medidas de seguridad.

 

Las penas y medidas de seguridad se extinguen por las siguientes causas:

 

  1. Cumplimiento;

 

  1. Muerte del sentenciado;

 

III. Resolución judicial;

 

  1. Perdón del ofendido, cuando proceda;

 

  1. Prescripción, y

 

  1. Las demás que señale el Código Penal.

 

TÍTULO NOVENO

DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

 

CAPÍTULO I

DE LA SOLICITUD Y LOS EFECTOS DEL BENEFICIO

 

Artículo 214. Solicitud de reserva.

 

Al otorgarse cualquiera de los beneficios previstos en esta Ley o determinarse la libertad definitiva, de oficio o a petición de parte, el Consejo emitirá un informe al Patronato de Reinserción Social, conteniendo un estudio para demostrar que la persona puesta en libertad se encuentra en posibilidades de ser reinsertado a la vida en sociedad; en base a este estudio, el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social podrá conceder el beneficio al liberado, solicitando a la Dirección se reserve la información del antecedente penal en el certificado de antecedentes penales para efectos empresariales.

 

Artículo 215. Efecto del beneficio.

 

La recomendación de reserva de información del antecedente penal en el certificado de antecedentes penales, solo operará para efectos empresariales.

 

CAPÍTULO II

DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL PATRONATO

 

Artículo 216. Continuidad del beneficio.

 

Salvo causa justificada, el beneficiario habrá de presentarse en la periodicidad, forma y condiciones estipuladas por el Patronato, a efecto de que este valore, en base al seguimiento pospenitenciario, la continuidad de la reserva de la información en el certificado de antecedentes penales.

 

Dicha presentación, habrá de ser al menos una vez al año y durante el tiempo que el Patronato lo considere, sin exceder de diez años.

 

Artículo 217. Incumplimiento al Plan de Presentación.

 

En caso de que el beneficiario injustificadamente incumpla con el plan de presentación ante el Patronato, este dará aviso inmediatamente a la Dirección para incluir en el certificado de antecedentes penales la información relativa a estos.

 

Una vez satisfecho el incumplimiento a criterio del Patronato, podrá aplicarse nuevamente el beneficio.

 

CAPÍTULO III

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

 

Artículo 218. Sujeción de su actuación.

 

El Patronato de Ayuda para la Reinserción Social deberá sujetar su actuación a las facultades que le estén conferidas por la Ley, los reglamentos y los acuerdos dictados por el Fiscal General del Estado.

 

Artículo 219. Recurso de revisión.

 

El acto que dicte el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, puede impugnarse mediante el recurso de revisión ante la Dirección en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

 

Artículo 220. Efectos de la negativa del beneficio.

 

Cuando el Patronato niegue la recomendación de reserva en el certificado de antecedentes penales, el liberado podrá solicitarlo nuevamente después de transcurridos sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la negativa, u optar por la tramitación del recurso correspondiente.

 

La solicitud será realizada ante el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, quien determinará la procedencia o no del beneficio.

 

Si fuesen acumuladas cinco desaprobaciones, no podrá solicitarse nuevamente la reserva en el certificado.

 

Artículo 221. Tramitación del recurso.

 

La tramitación del recurso, se sujeta al procedimiento siguiente:

 

  1. Se interpondrá personalmente, por escrito expresando: El nombre del recurrente; domicilio para ser notificado en la cabecera del distrito judicial donde fue liberado; señalamiento del acto impugnado; los agravios que el mismo le causa y el ofrecimiento de las pruebas que pretenda rendir. Si dentro del trámite que haya dado origen a la resolución o acto recurrido el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir pruebas, solo serán admisibles las que hubiere ofrecido y no se hubieran desahogado por causas no imputables a él y las supervenientes;

 

  1. El escrito deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del acto que se impugna. No será admisible la interposición de recursos por medio del correo;

 

III. Interpuesto el recurso, la autoridad recabará de oficio los informes y constancias necesarias para determinar la existencia del acto impugnado, las razones que lo justifiquen y la fecha de su notificación; en vista de lo anterior, acordará si es de admitirse o desecharse el recurso;

 

  1. El Director en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, proveerá desde luego a la recepción de las pruebas ofrecidas, señalando para ello un término de quince días hábiles. Serán admisibles todos los medios de prueba admitidos por el derecho común con excepción de la confesional de las autoridades;

 

  1. Recibidas las pruebas y los informes o transcurrido el periodo probatorio, se abrirá un período de alegatos de tres días hábiles;

 

  1. Formulados los alegatos o transcurrido el término que para el efecto se concedió, el Director en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales elaborará el acuerdo correspondiente dentro del término de cinco días hábiles, y

 

VII. El acuerdo del Director en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales será notificado personalmente en el domicilio señalado.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley iniciará su vigencia el primero de enero del dos mil dieciocho, con las modalidades siguientes:

 

  1. a) Las disposiciones relativas a la libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional y la condena condicional, respecto de los procedimientos penales, anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, se regirán conforme a las disposiciones de la misma, y

 

  1. b) Las disposiciones relativas a la ejecución de las medidas cautelares y las condiciones impuestas en la suspensión del proceso a prueba, iniciarán su vigencia el primero de enero de dos mil dieciocho, con las modalidades territoriales que se precisan en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

SEGUNDO. Al entrar en vigencia esta ley, quedará abrogada la Ley número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero y sus reglamentos; asimismo, quedarán derogados los preceptos de la legislación de la Entidad que se opongan a las disposiciones de este Ordenamiento.

 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado, dentro del término de sesenta días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, expedirá los reglamentos necesarios para los establecimientos penitenciarios, su régimen interior y demás a que se refiere la presente Ley.

 

CUARTO. Los centros de reclusión pertenecientes a los municipios en los que se ejecutan penas privativas de libertad, atenderán las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, en la medida en que aquella entre en vigor en su ubicación.

 

La administración de los centros de reclusión y la custodia de procesados o sentenciados que actualmente se encuentra a cargo de las administraciones municipales, se ejercerá hasta que el Estado asuma dicha responsabilidad, en la medida que la capacidad presupuestal lo permita.

 

QUINTO. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de la Dirección General de Ejecución dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o entidades de Gobierno del Estado de Guerrero, o con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, y de los Municipios, así como con cualquier persona física o moral, serán asumidos por la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, de acuerdo a las facultades que mediante la presente Ley se le otorguen.

 

SEXTO. Los procedimientos, recursos e incidentes de ejecución de penas y medidas de seguridad iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se seguirán rigiendo con la ley que les dio origen hasta su conclusión.

 

SÉPTIMO. Los poderes públicos del estado deberán adoptar las medidas necesarias en materia presupuestaria para la debida aplicación de esta ley a partir de su vigencia.

 

OCTAVO. El Patronato de Ayuda para la Reinserción Social deberá instalarse dentro de los noventa días siguientes al inicio de la vigencia de la presente Ley.

 

NOVENO. El Consejo Técnico Interdisciplinario deberá instalarse a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de esta Ley.

 

DÉCIMO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los 19 días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley número ___ de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Guerrero]

[1] Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. 2011. Consultable en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/189/45/PDF/G1318945.pdf?OpenElement.

[2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, Informe 5/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e internamiento que depende del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 2016, [en línea], México, [citado 09-07-2017], formato pdf, Disponible en Internet: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/5_2016.pdf.

[3] BBC News. Mexico violence: 28 dead in prison fight in Acapulco. 6 de julio de 2017. Consultable en: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40527512

[4] Eduardo Yaner Santos. Quadratín. Condena CIDH la muerte de 28 internos del Cereso d Acapulco. 12 de julio de 2017. Consultable en: https://guerrero.quadratin.com.mx/condena-cidh-la-muerte-28-internos-del-cereso-acapulco/

[5] 4 En 2009 el Subcomité para la Prevención de la Tortura, a partir de su visita a México, refrió la necesidad de establecer un “estándar más respecto de la gobernabilidad de los centros para asegurar que las autoridades legítimas tengan el control y la responsabilidad sobre lo que ocurre en su interior, evitando situaciones de autogobierno y el riesgo de que se cometan torturas y tratos crueles e inhumanos”. Véase: Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, CAT/OP/MEX/1, de fecha 31 de mayo de 2010.

[6] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Recomendación M-02/2017, sobre centros de reclusión penal que dependen del gobierno del estado Guerrero. 10 de julio de 2017.

[7] ONU. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977

[8] Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Buena Práctica Penitenciaria. Implementación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas. Traducido del original en inglés publicado por Penal Reform International. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998. Consultable en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/10616.pdf