Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

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INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL CONTRA LA  DELINCUENCIA ORGANIZADA.

RICARDO MONREAL AVÍLA Y RICARDO MEJÍA BERDEJA , integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SEREFORMAN LOS ARTÍCULOS 80 Y 90, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS  80 BIS Y 80 TER  DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La paz en el escenario internacional se ha visto afectada y deteriorada por la aparición y proliferación de la estructura y las redes de la delincuencia organizada. Estructura que no ha podido ser controlada y lejos de ello, ha generado más violencia, corrupción, y multiplicación de los delitos económicos y financieros. Así tenemos que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo representan delitos enormes que se estiman entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto mundial (de 1.2 a 3.1 billones de dólares), informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Es por eso que se le debe de dar la importancia debida a este fenómeno delincuencial de carácter transnacional. Desde hace tiempo la comunidad internacional ha pretendido darle su valor justo a tal problemática, y por ello, la serie de esfuerzos se han traducido en la firma de acuerdos internacionales o tratados, que recogieron las experiencias de países que han sufrido directa o indirectamente los azotes de la delincuencia organizada transnacional, y que contienen textos en su mayoría prescriptivos, que buscan atacar al fenómeno en comento desde sus fuentes y diferentes aristas.

Por ello, en Palermo Italia, en el año 2000, se suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada Transnacional. Dado el carácter transnacional de la actividad delictiva, se pensó que no era pertinente combatir este problema únicamente con medios y arbitrios nacionales.

La delincuencia organizada ha encontrado los medios para trascender internacionalmente, manifestándose en los últimos años de manera prominente, sin ser obstaculizados de modo efectivo o presionados en la misma  medida en que se empoderan. Las opciones disponibles en cada país desde una dimensión meramente local o interna, han demostrado que son insuficientes y conducen ineluctablemente a la pérdida del control de los Estados.

En los últimos 35 años, la delincuencia organizada ha llegado a evolucionar constantemente, en la búsqueda por encontrar más y mejores formas de evadir la acción de la justicia. Logrando en gran medida su objetivo en los países caracterizados por Estados débiles. En los cuales no se cuenta con verdaderos mecanismos de control que impidan que sean rebasados por la delincuencia organizada.

La infiltración que ésta última ha logrado en las estructuras gubernamentales de nuestro país es enorme. A esto último hay que sumarle los altos índices de impunidad. La delincuencia organizada ha logrado manipular por medio de sobornos, chantajes y  amenazas a gran parte del sector gubernamental del Estado mexicano.  Ha llegado a tal grado la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de los diferentes órdenes de gobierno, que no han sido pocos los casos de corporaciones policiacas municipales o estatales, que han sido señaladas por proteger los intereses de los criminales.

Por lo anterior, se ha conceptualizado al crimen organizado por algunos, como una sociedad. Así que es fácil entender que estos grupos delincuenciales hayan crecido de una manera desmedida y que sus estructuras sean escalafonadas.

En este punto, cabe hacer énfasis que así como la delincuencia organizada se ha infiltrado en las estructuras de los gobiernos, de igual modo lo ha hecho en el sector empresarial, industrial y financiero. En septiembre de 2009, David Robillard, director general de la consultora Global Kroll México, aseguró que los ingresos derivados de la actividad criminal van en aumento, e indicó que en el país los ingresos por tráfico de estupefacientes son de 25 mil a 40 mil millones de dólares al año[1].

Aunque los ingresos estimados, no representan un porcentaje tan grande respecto del total del Producto Interno Bruto, esta situación adquiere otras dimensiones cuando caemos en cuenta, que según lo dicho por algunos especialistas[2], en México 78% de los sectores económicos del PIB están infiltrados por el narcotráfico, aunque el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados[3].

Por ende, peligrosamente el fenómeno de la delincuencia organizada, y concretamente el del narcotráfico, se ha convertido en una de las más grandes fuentes de empleo.

El narcotráfico es el quinto empleador más grande del país. Estimados recientes muestran que en México hay 468 mil personas que se dedican al narco (Rios y Sabet 2008); esto es cinco veces más personas que el total de la industria maderera mexicana y tres veces más que el personal de Pemex, la compañía petrolera con mayor número de empleados del mundo. Campesinos, matones, vigilantes, capos, abogados, doctores, secretarias; el narcotráfico necesita de todo, y de todo emplea.[4]

Con esta plataforma financiera que permanece incólume, la delincuencia organizada ha logrado rebasar su influencia local para convertirse en un peligroso fenómeno de carácter trasnacional; con la incuestionable capacidad financiera y de fuego,  han logrado perfeccionar sus estrategias y mecanismos para poder llevar a cabo el trasiego de enormes cargamentos de armas, estupefacientes, y de hasta personas.

Si bien no puede negarse que las redes de corrupción e infiltración que han tendido sobre buena parte de la dimensión gubernamental del Estado mexicano, son un importante aliciente para sostener y reproducir la actividad de la delincuencia organizada, resulta evidente que mientras no se ataque su compleja estructura financiera, serán vanos los intentos por frenar o reducir su capacidad corruptora.

En este sentido, la comunidad internacional se ha mostrado interesada en plantear que la cooperación internacional sea más eficaz, incluido el intercambio de información entre autoridades competentes, la realización de investigaciones conjuntas y seguimiento, congelamiento y confiscación de bienes ilegales.

En el documento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Pasos hasta la lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, el organismo de índole internacional planteó que 180 gobiernos nacionales utilizan las recomendaciones para combatir esos delitos.  Destaca que se necesitan mejores herramientas operativas y una amplia gama de técnicas y poderes de las unidades de inteligencia financiera para la aplicación de la ley, investigar y perseguir el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

Esto se relaciona estrechamente con lo dispuesto en la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, la cual prescribe para los Estados parte, la necesidad de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a fin de lograr un combate efectivo del fenómeno de la delincuencia organizada, pone en consideración la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

Por otro lado, el instrumento internacional en comento, dispone en su artículo 4 párrafo 2 lo siguiente:

Artículo 4…

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

La propuesta que se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, consiste en reformar levemente el artículo 8o de la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, eliminando de su redacción el segundo párrafo. El cual pasará a ser el artículo 8o Bis del mismo ordenamiento.

Asimismo se propone adicionar un artículo 8o Ter, en el que se especifique que la unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada dependiente de la Procuraduría General de la República,  contará además de un cuerpo técnico de control, con un cuerpo técnico de inteligencia financiera, para investigar y perseguir los actos u omisiones que redunden en operaciones de lavado de dinero.

Este último cuerpo técnico no será objeto de restricciones derivadas del llamado secreto bancario, fiduciario o profesional, en el desempeño de sus funciones de investigación, persecución o fiscalización de actos u omisiones que constituyan operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Finalmente se propone reformar el artículo 9o de la ley en comento, con el propósito de establecer que el Ministerio Público Federal perteneciente a la SIEDO, deberá apoyarse en el cuerpo técnico de inteligencia financiera para la investigación y persecución de delitos de operación de recursos de procedencia ilícita. Caso en el cual, deberá coordinarse a su vez con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8o Y 9o, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS  8o BIS Y 8o TER  DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 8o y 9o  de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y se adicionan los artículos  8o Bis y 8o Ter en los términos siguientes:

Texto vigente Reforma propuesta
Artículo 8o.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados por agentes de la Policía Judicial Federal y peritos.La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos.El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere esta Ley.Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Público de la Federación, se entenderá que se refiere a aquéllos que pertenecen a la unidad especializada que este artículo establece.

 

En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras dependencias de la Administración Pública Federal o entidades federativas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9o.- Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 8o.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados por agentes de la Policía Judicial Federal y peritos.El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere esta Ley.Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Público de la Federación, se entenderá que se refiere a aquéllos que pertenecen a la unidad especializada que este artículo establece.En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras dependencias de la Administración Pública Federal o entidades federativas.

 

Artículo 8º Bis.- La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos.

 

Artículo 8o Ter.- La unidad especializada contará asimismo con un cuerpo técnico de inteligencia financiera, para investigar y perseguir los actos u omisiones que redunden en operaciones con recursos de procedencia ilícita. El cuerpo técnico de inteligencia financiera recopilará, analizará y difundirá la información sobre estas actividades.

 

Este cuerpo técnico, promoverá la cooperación y el intercambio de información en materia de lavado de dinero a nivel nacional e internacional, mediante acuerdos interinstitucionales o tratados de carácter bilateral o multilateral, de conformidad a la normatividad aplicable.

Contará con los recursos materiales, humanos y presupuestales suficientes para llevar a cabo sus facultades y aptitudes, y en el desempeño de sus funciones, no será obstaculizado por el secreto bancario, fiduciario, profesional o cualquier otro.

 

 

Artículo 9o.- Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se apoyará en el cuerpo técnico de inteligencia financiera a que se refiere el artículo anterior, y en las investigaciones, se coordinarán con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

 

 

 

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los  21 días del mes de  de 2013.


[1] En: http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=26248. Jueves 27 de mayo de 2010, 11:00 hrs.

[2] como Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico

[3] Intacta, estructura financiera del narco. El Universal, 15 de noviembre de 2009.

[4] Ríos, Viridiana. 1993. ¿Quién se vuelve narco y por qué? El Perfil del narcotraficante Mexicano (en línea). Este país. Disponible en: %3A%2F%2Fwww.gov.harvard.edu%2Ffiles%2Fuploads%2FRios_EstePais_DealersS.pdf&rct=j&q=narcotr%C3%A1fico%20quinto%20empleador&ei=N5vuTZ_HCJG2sAOb89H_Bg&usg=AFQjCNHZtIgsx6InXuoI78ycoNFJlyVVzg. Consultado 07 junio. 2011.

 

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