Iniciativa de Ley que Fija las Bases para Reglamentos de Policía

  1. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa de Ley que fija las bases normativas para la expedición de los reglamentos en materia de seguridad pública para los municipios del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que el mismo ordenamiento señala.

 

Este mismo precepto normativo dispone que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

 

Asimismo, refiere que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

 

  1. a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones;

 

  1. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;

 

  1. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos;

 

  1. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública, y

 

  1. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

 

Bajo esta tónica, el artículo 115 de la Carta Magna, refiere que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,

 

Conforme a lo anterior, refiere que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Los Municipios tendrán a su cargo la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

 

Por su parte, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero precisa que son deberes fundamentales del Estado promover el progreso social y económico, individual o colectivo, el desarrollo sustentable, la seguridad y la paz social, y el acceso de todos los guerrerenses en los asuntos políticos y en la cultura, atendiendo en todo momento al principio de equidad.

 

Así, el numeral 3, del artículo 172, de la Constitución Local señala que la seguridad pública estará a cargo de una policía preventiva bajo el mando del Presidente Municipal en los términos de la ley estatal correspondiente, con excepción de los convenios celebrados en la materia con los gobiernos Federal y Estatal. La policía acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en los casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;

 

De esta manera, en el ámbito municipal, los Reglamentos en Materia de Seguridad Pública se convierten en el instrumento normativo por el que se desarrollan las bases generales de coordinación entre el municipio, el Gobierno del Estado de Guerrero, la Federación y la sociedad, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Publica, con objeto de contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

 

Por consiguiente, dichos ordenamientos además, de fijar las bases para la integración, organización, actuación, funcionamiento y profesionalización de los cuerpos policiales municipales, deben encontrar armonía entre ellos; por tal motivo y, tomando en consideración la pluriculturalidad del Estado de Guerrero, los Diputados Ciudadanos, proponemos a esta Soberanía establecer las bases para la emisión de los reglamentos municipales en materia de seguridad pública, acorde con los previsto por el artículo 178, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mismo que en la parte que interesa señala

 

Artículo 178. Los Ayuntamientos son competentes para:

 

  1. Aprobar, de conformidad con las leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general para la administración pública municipal que aseguren, además, la participación ciudadana y vecinal;”

 

Como puede advertirse de los hasta ahora expuesto, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la particular del Estado Libre y Soberano de Guerrero, señalan que una de las funciones de gobierno que mayor importancia tiene en el municipio es la de seguridad pública, cuyo ejercicio es una obligación del Ayuntamiento.

 

Por mandato constitucional, el Ayuntamiento de be organizar, prever de medios y equipamiento a las dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población en situaciones de emergencia.

 

Sin embargo, la seguridad pública en Guerrero continúa siendo un tema pendiente; sobre el particular es importante señalar que si bien es cierto, los problemas de inseguridad que azotan la entidad parten en buena medida de una amalgama de factores, estos se ven aderezados por las corporaciones policiacas permisivas, que, en muchos casos, se encuentran infiltradas por grupos delincuenciales.

 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero es la Entidad con las peores policías municipales, conforme a los exámenes de control y confianza realizados durante el primer semestre de 2015, de los 180 policías evaluados 89 no aprobaron, es decir, 49.4% de elementos reprobados .

 

Los mandos policiacos no son la excepción, durante ese mismo periodo, de los 35 jefes policiacos evaluados 18 reprobaron, es decir, que 51.4% de los mandos no aprobaron los exámenes de control y confianza.

 

No obstante la importancia intrínseca de las instancias policiales, la certificación de estas sigue siendo una tarea pendiente para el Estado Mexicano, situación que ha agudizado la grave crisis de seguridad que se vive en el país.

 

De acuerdo con el Índice Internacional de Seguridad Interna y Policía, elaborado por la Asociación Internacional de Ciencias Policiales y el Instituto para la Economía y la Paz[1], publicado en mayo de 2016, colocó a México como uno de los lugares más inseguros, con una policía de poco rendimiento y una prestación de servicios reprobable, ubicándole en el lugar 118 de 127; superando únicamente a los cuerpos policiacos de Venezuela, Camerún, Bangladesh, Mozambique, Pakistán, Uganda, Kenia, Congo y Nigeria.

 

Este estudio terminó por confirmar una realidad que muchos conocemos, en México tenemos una de las peores policías muncipales del mundo; esta situación, complementada con la Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos, Discriminación y Grupos Vulnerables 2015[2], llevada a cabo por el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma México, en la que se precisa que las autoridades más señaladas como las que con mayor frecuencia violan los derechos humanos fueron las policías municipales, con 33.8%, termina por reafirmar la grave crisis de los cuerpos policiacos.

 

Los vicios y las deficiencias de las policías mexicanas son más notorios en las municipales, tal y como quedó demostrado con los terribles hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, donde las corporaciones policiacas se encontraban al servicio del crimen organizado.

 

Los frecuentes abusos, errores ostensibles y conductas delictivas de algunos miembros de los cuerpos policiales, han contribuido a que nuestro Estado, el que alguna vez fuera el destino turístico por excelencia, Acapulco hoy sea la ciudad más violenta de México y una de las más inseguras del mundo.

 

Es pertinente señalar que la corrupción que se ha infiltrado en los cuerpos policiacos es solo uno de los muchos factores que inciden y se relacionan directamente con la existencia de un mayor índice de delincuencia, de tal forma que, la carencia de conocimientos y las capacidades elementales para ejercer adecuadamente sus funciones, también han incidido en la pérdida de credibilidad de las policías. Además de las serias carencias para el desempeño de sus funciones, se suman sus salarios notoriamente insuficientes y sus condiciones laborales precarias, todo esto no solamente las hace ineptas para cumplir su delicada función, sino que en las condiciones actuales del país las hace vulnerables a la infiltración por parte del crimen organizado.

 

No conozco a un mexicano que difiera de esta opinión y, sin embargo, nada se ha hecho, más allá de los discursos, por la transformación a fondo de nuestras policías.

 

Es por ello, que la Bancada de los Ciudadanos proponemos ante esta Soberanía la creación de una nueva: Policía Municipal.

 

Esta nueva Policía Municipal, está diseñada como Órgano Administrativo Desconcentrado del ayuntamiento y sus objetivos serán los siguientes:

 

  • Brindar un servicio público de calidad a la ciudadanía y salvaguardar su vida, integridad, seguridad y el libre ejercicio de los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, como garantes de la seguridad ciudadana;

 

  • Aplicar y operar la política pública en materia de seguridad para abatir y disminuir la incidencia de las conductas contrarias a la ley así como la atención de víctimas y ofendidos de las diversas infracciones a la ley, así como evitar los tratos inhumanos, degradantes y humillantes con la finalidad de evitar la revictimización;

 

  • Prevenir los delitos y la investigación para hacerla efectiva;

 

  • Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en términos de las disposiciones aplicables, y

 

  • Colaborar, como partícipe en los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Publica, con las diversas Instituciones de Seguridad Pública del ámbito federal y municipal para el cumplimiento de los objetivos anteriores.

 

Los parámetros para las nuevas Policías Municipales están diseñados bajo las políticas y directrices de las Naciones Unidas, precisando al efecto su origen y destino en la ciudadanía, a la que protegerá, servirá y con quienes se articulará en acciones recíprocas.

 

Es importante señalar que para mantener la vigencia del Estado de Derecho y salvaguardar el orden y paz públicos, la Policía Municipal custodiará todo el territorio de sus municipios, estableciendo zonas de vigilancia para la atención de los llamados de auxilio de la ciudadanía, ejerciendo acciones de intervención, control, reacción, y custodia, frente a hechos reiterados contarios a la ley de alto impacto social o reincidencia.

 

Aunado a lo anterior, acorde con los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, la Policía Municipal, podrá colaborar con las autoridades federales y las estatales, estableciendo la vinculación y coordinación en el despliegue de estrategias e información en el ámbito territorial del municipio; además de participar en operativos conjuntos con otros cuerpos de seguridad.

 

Sin dejar de lado la profesionalización y capacitación de los miembros de la Policía Municipal, por ello, se establece la Carrera Policial con carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de Planeación, Ingreso, Profesionalización, Permanencia y Promoción, así como el procedimiento de Separación y Terminación de la Carrera Policial de los Integrantes de la Policía Municipal.

 

Asimismo, se contempla un mecanismo para el reconocimiento de los actos sobresalientes de los miembros de la Policía Municipal, en el que se recompense aquella actuación policial de carácter extraordinaria que ponga de manifiesto la lealtad, honestidad, entrega, valor, heroísmo, profesionalismo, espíritu humano, solidaridad social, así como aquellas que hagan destacada una actuación en beneficio de la comunidad.

 

Finalmente, se establece un régimen disciplinario a cargo de la Inspección General y Asuntos Internos, en el que se comprenden los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación, con estricto apego a los principios constitucionales, de legalidad, debido proceso, objetividad, imparcialidad, expedites y respeto a las garantías individuales y derechos humanos, así como a los principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente:

 

LEY NÚMERO QUE FIJA LAS BASES NORMATIVAS PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS REGLAMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO

 

TITULO PRIMERO

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria de los artículos 172, numeral 3 y 178, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Guerrero.

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto establecer las bases normativas a que deben sujetarse los ayuntamientos del Estado, para la emisión de sus reglamentos en materia de seguridad pública dentro de sus respectivas jurisdicciones.

 

Artículo 3. Conforme a las bases establecidas por el Congreso del Estado, los ayuntamientos aprobaran y expedirán los reglamentos en materia de seguridad pública en cuya jurisdicción regirán, mismos que se difundirán ampliamente con el objeto de que toda la población tenga conocimiento de ellos. Su contenido y aplicación se apegara a las bases previstas por el presente ordenamiento.

 

CAPITULO II

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS

 

Artículo 4. A toda persona favorecerá la presunción de inocencia de la falta o infracción que se le impute, en tanto no se demuestre su culpabilidad.

 

Artículo 5. Serán competentes para la aplicación de sanciones por las faltas administrativas las autoridades expresamente señaladas en esta Ley.

 

Artículo 6. Se considera falta administrativa, toda conducta antisocial, que no constituyendo delito afecte a la moral pública, las buenas costumbres, la salud y tranquilidad de las personas.

 

Artículo 7. Las faltas susceptibles de ser sancionadas por los Bandos de Policía y Buen Gobierno, podrán ser:

 

  1. Contra la seguridad publica general;

 

  1. Contra la urbanidad;

 

III. Contra la propiedad pública;

 

  1. Contra la salud;

 

  1. Contra el ornato público;

 

  1. Contra el bienestar colectivo;

 

VII. Contra la tranquilidad y propiedad particular, y

 

VIII. Contra la ecología y medio ambiente, en los términos de la ley de la materia.

 

Artículo 8. Para la imposición de sanciones por faltas administrativas, se deberán observar los siguientes principios:

 

  1. Respeto absoluto al ejercicio de los derechos individuales, sociales y políticos consagrados en la constitución política de los estados unidos mexicanos, en la constitución política del estado de Guerrero y en las leyes reglamentarias de ambos ordenamientos;

 

  1. Abstenerse de conocer sobre hechos que tipifiquen delitos en la legislación penal;

 

III. El fortalecimiento de la solidaridad social;

 

  1. El desarrollo de la educación cívica, y

 

  1. En el ejercicio responsable de la autoridad.

 

CAPITULO III

LAS SANCIONES Y SU APLICACIÓN

 

Artículo 9. El conocimiento de las faltas administrativas, así como la aplicación de las sanciones correspondientes, será competencia de los juzgados calificadores, mismas que serán instituidas por el ayuntamiento como órgano de jurisdicción administrativa municipal.

 

Artículo 10. Los Bandos de Policía y Buen Gobierno, prevendrán las sanciones aplicables a las faltas o infracciones consignadas en los mismos, según su naturaleza y gravedad, y consistirán en:

 

  1. Apercibimiento;

 

  1. Multa, y

 

III. Arresto.

 

Artículo 11. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

 

  1. Apercibimiento. Es el requerimiento hecho por el juez, para ejecutar lo que manda o tiene mandado. Para que proceda como debe conminándole con multa o castigo si no lo hiciere.

 

  1. Multa. Es el pago de una cantidad de dinero, si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

 

III. Arresto. Es la privación de la libertad hasta por treinta y seis horas, con excepción a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la presente ley, mismas que se computaran desde el momento de la detención. Para efectos de cumplir con esta sanción, los detenidos serán trasladados a lugares públicos, diferentes a los que correspondan a los indicados en un procedimiento del orden penal o a la reclusión de procesados y sentenciados.

 

Artículo 12. El arresto administrativo será decretado y ejecutado por el juez calificador, por lo que ningún policía podrá detener ni privar de su libertad a ninguna persona, salvo que sea sorprendido en la comisión de la falta, en este caso y bajo su estricta responsabilidad pondrá de inmediato al detenido a disposición de la autoridad competente.

 

Artículo 13. Tratándose de menores de edad, de personas mayores de sesenta años, de discapacitados, dementes y de mujeres en notorio estado de embarazo no procederá la privación de la libertad.

 

Artículo 14. Las sanciones se aplicaran según la circunstancia del caso, sin orden progresivo, procurando que haya orden y equilibrio entre la naturaleza de la falta o infracción y los atenuantes, excluyentes y demás elementos de juicio que permitan al órgano sancionador, preservar el orden, la paz y la tranquilidad social.

 

Cuando con una o varias conductas el infractor transgreda diversos preceptos, el juez calificador podrá acumular las sanciones, sin exceder los límites máximos previstos por esta Ley.

 

Cuando una falta o infracción se ejecute con la intervención de dos o más personas, a cada una de ellas se le aplicara la sanción correspondiente tomando en cuenta su grado de participación.

 

Artículo 15. Al resolver sobre cualquiera de las sanciones previstas en esta Ley, el juez calificador conminara al infractor para que no reincida, apercibiéndolo de las consecuencias legales en caso de hacerlo.

 

Artículo 16. El juez calificador tomara en cuenta, para el ejercicio de su arbitrio, la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta o infracción, las condiciones en que esta se hubiese cometido, las circunstancias personales y los antecedentes del infractor.

 

Artículo 17. Si el infractor fuere menor de edad el juez calificador exhortara a los padres, tutores o a quienes ejerzan la patria potestad para que adopten las medidas necesarias con objeto de evitar nuevas faltas o infracciones y les hará cubrir el importe de la multa si esta procede, sin contravención a lo que establezcan otras disposiciones legales.

 

Artículo 18. Si el infractor fuere mujer se le recluirá en lugar separado de los hombres.

 

Artículo 19. Si el infractor fuere obrero o jornalero, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de un trabajador no asalariado, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso diario.

 

Las personas desempleadas y sin ingresos, serán multadas con el equivalente de un día de salario mínimo general vigente en el municipio respectivo.

 

Artículo 20. En el caso de que el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto o solo cubriese parte de esta, el juez calificador la conmutara por arresto que nunca podrá exceder de treinta y seis horas.

 

En el caso de que un obrero o jornalero no pague la multa que se le imponga, el arresto no podrá exceder de doce horas.

 

Artículo 21. Cuando el juez calificador determine multar al infractor, este siempre podrá elegir entre cubrir la multa, o cumplir el arresto.

 

También podrá optar porque la multa se le haga efectiva a través de la tesorería municipal en un plazo que fijara el propio juez y que no excederá de quince días, si el infractor de momento no tuviere recursos pecuniarios suficientes para cubrirlas.

 

Este beneficio solo se otorgara a los residentes del municipio correspondiente.

 

Artículo 22. Se excluirá de responsabilidad al infractor, cuando:

 

  1. Exista una causa de justificación, o

 

  1. La acción u omisión sean involuntarias.

 

Artículo 23. La facultad del ayuntamiento para la aplicación o ejecución de las sanciones por faltas cometidas en contravención a los Bandos de Policía y Buen Gobierno, prescribirá en un término de noventa días, contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción. Dicha prescripción se interrumpirá por las diligencias que sobre el asunto ordene o practique el juez calificador.

 

TITULO SEGUNDO

 

CAPITULO I

DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES

 

Artículo 24. En cada municipio cuando menos se instalara un juzgado calificador mismo que estará a cargo del personal siguiente:

 

  1. Un juez calificador;

 

  1. Un secretario;

 

III. Un médico, y

 

  1. Un policía municipal.

 

En los casos de notoria incapacidad administrativa, calificada por el Congreso dentro del procedimiento de aprobación de los presupuestos anuales, el personal de los juzgados calificadores podrá ser aumentado o disminuidos.

 

Artículo 25. De conformidad con las restricciones a que alude el artículo anterior, habrán juzgados calificadores en las cabeceras municipales y podrán establecerse en zonas o colonias de las ciudades, así como en los centros poblados del medio rural que el ayuntamiento considere conveniente.

 

Artículo 26. Los juzgados calificadores instrumentaran constancia escrita de todas sus actuaciones, y podrán expedir las copias certificadas que se le soliciten por personas con interés bastante en el asunto de que se trate, previo pago de los derechos fiscales correspondientes.

 

Artículo 27. Los ayuntamientos proveerán la instalación de locales con los requerimientos mínimos de comodidad e higiene, para el desempeño de las funciones de los juzgados calificadores, separados de aquellos sitios donde haya de ejecutarse las sanciones de arresto o medida cautelar diversa que esta ley autoriza y disponga.

 

Artículo 28. Cuando en un municipio no estuviere debidamente integrado el juzgado calificador, sus funciones serán asumidas transitoriamente por un periodo que no exceda de un mes, por el síndico del ayuntamiento encargado del ramo, quien nunca podrá delegar dichas atribuciones.

 

Artículo 29. En caso de que en un municipio no se hubiere expedido el reglamento en materia de seguridad pública conforme a lo establecido en esta Ley, el ayuntamiento en cuestión aplicara supletoriamente cualquiera de los expedidos por los otros municipios, previa asignación del juez calificador.

 

Artículo 30. Los ayuntamientos en sesión ordinaria, designaran a las personas que deban integrar a los juzgados calificadores.

 

Los jueces, secretarios y médicos del juzgado, podrán ser ratificados por un periodo más; la conducta de estos se regirán por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.

 

Artículo 31. Para ser juez calificador, se requiere:

 

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener cuando menos veinticinco años de edad, el día de su designación.

 

  1. Contar con una residencia mínima de un año en la municipalidad.

 

III. Contar a juicio de los ayuntamientos con los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo. Se preferirá en igualdad de circunstancias a quienes acrediten estudios profesionales de licenciatura en derecho, y

 

  1. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito doloso.

 

Artículo 32. A los jueces calificadores corresponderá:

 

  1. Conocer de las faltas administrativas a los Bandos de Policía y Buen Gobierno dentro de la circunscripción territorial que comprende el juzgado a su cargo;

 

  1. Declarar la responsabilidad o la no responsabilidad de los probables infractores ante ellos presentados;

 

III. Aplicar las sanciones establecidas en los Bandos de Policía y Buen Gobierno;

 

  1. Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta o infracción cometida deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil y, en su caso, obtener la reparación o dejar a salvo los derechos del ofendido;

 

  1. Expedir constancias sobre hechos asentados en los documentos de registros del juzgado;

 

  1. Dirigir administrativamente las labores del juzgado calificador; por tanto, el personal que integra dicho juzgado, incluyendo a los agentes de la policía municipal adscritos al mismo, estará bajo sus órdenes, y

 

VII. Las demás que le confieren otras disposiciones aplicables.

 

Artículo 33. Será competente para conocer de las faltas administrativas, el juez calificador del lugar donde se haya cometido la falta; si esta se hubiere cometido en los límites territoriales de una circunscripción territorial y otra, será competente el juez que prevenga.

 

Artículo 34. El personal titular de los juzgados calificadores será relevado por el personal sustituto que determine el presidente municipal, a fin de que el primero disfrute de un día de descanso semanal y descanse los días festivos.

 

Artículo 35. En caso de ausencias temporales u ocasionales del juez calificador, el secretario ejercerá las funciones asignadas al primero.

 

Artículo 36. El juez calificador tomara las medidas necesarias para que la impartición de justicia administrativa sea expedita y solamente dejara pendientes de resolución aquellos que por causas ajenas al juzgado no pueda concluir, lo cual se hará constar en los documentos respectivos.

 

Artículo 37. Los casos serán atendidos según el orden en que se presenten en el juzgado, asignándoseles un número e integrándolos en los expedientes.

 

Artículo 38. Los jueces calificadores podrán solicitar a los servidores públicos los datos e informes o documentos sobre asuntos de su competencia, para mejor proveer en los casos de su conocimiento, salvo las limitaciones establecidas en las leyes.

 

Artículo 39. El juez calificador, dentro del ámbito de su competencia, cuidara estrictamente que se respeten la dignidad humana y las garantías constitucionales y por tanto impedirá todo maltrato o abuso de palabras o de obra, cualquier tipo de incomunicación o coacción moral en agravio de las personas presentadas o que comparezcan al juzgado o impondrá el orden dentro de las oficinas del juzgado.

 

Artículo 40. Los jueces calificadores, a fin de hacer cumplir sus órdenes o determinaciones y para imponer el orden en los juzgados, podrán aplicar cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 10 del presente ordenamiento.

 

Artículo 41. Para ser secretario del juzgado calificador en su caso se requiere los requisitos expresados conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de este ordenamiento.

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 42 fracción I, el juez calificador podrá solicitar el auxilio del secretario municipal a efecto de instruir los expedientes de los asuntos que así lo amerite.

 

Artículo 42. Al secretario del juzgado calificador corresponderá:

 

  1. Autorizar con su firma las actuaciones en que intervenga el juez, en el ejercicio de sus funciones, y en caso de que este actué supliendo al juez, las actuaciones se autorizaran con la asistencia de dos testigos;

 

  1. Autorizar las copias certificadas de constancias que expida el juzgado;

 

III. Guardar y devolver, cuando así proceda, todos los objetos y valores que depositen los probables infractores, previo recibo que expida;

 

  1. Llevar el control de la documentación existente en los archivos y registros del juzgado calificador;

 

  1. Proporcionar a los agentes de la policía, los talonarios de boletas autorizadas y foliadas progresivamente para los efectos de citar a los probables infractores que sean sorprendidos en flagrancia, y se considere que no es necesaria su participación ante el juez calificador, y

 

  1. suplir las ausencias temporales u ocasionales del juez calificador.

 

Artículo 43. El médico del juzgado calificador en su caso, tendrá a su cargo emitir los dictámenes de su especialidad, prestar la atención médica de emergencia y, en general realizara las tareas que, acordes con su profesión, requiere el juez calificador.

 

Artículo 44. Para ser médico del juzgado calificador, se requiere:

 

  1. Ser médico general, con título registrado ante la autoridad correspondiente;

 

  1. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, y

 

III. Contar con dos años de experiencia el día de su designación.

 

Artículo 45. El ayuntamiento supervisara las funciones de los juzgados calificadores y dictara los lineamientos de carácter técnico y jurídico a que deban sujetar su actuación.

 

Artículo 46. Los juzgados calificadores deberán llevar un registro pormenorizado, archivo y estadísticas de las actuaciones que se realicen en los casos en que sean sometidos a su conocimiento, observando los lineamientos que para tal efecto señalen los reglamentos de policía.

 

Los jueces calificadores estarán obligados a rendir al ayuntamiento un informe de labores y le entregaran la estadística de las faltas administrativas ocurridas en sus respectivos municipios.

 

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS CALIFICADORES

 

Artículo 47. El procedimiento ante el juzgado calificador se iniciara con la recepción del informe que rinda la policía sobre los hechos constitutivos de la probable infracción con la presentación del detenido, o bien con la denuncia de la parte interesada.

 

Artículo 48. La detención se justificara cuando el probable infractor sea sorprendido en el momento de la ejecución de la falta o infracción, quien realice la detención deberá presentar inmediatamente al supuesto infractor ante el juzgado calificador.

 

Artículo 49. Cuando no se justifique la detención o no pueda ejecutarse, se hará la denuncia al juez calificador, quien, si la estima fundada, librara citatorio, en estos casos, el director de seguridad pública municipal cumplimentara de inmediato el citatorio de referencia.

 

Todo citatorio ante el juzgado calificador se deberá notificar, con veinticuatro horas de anticipación como mínimo a la hora fijada para tal efecto.

 

Artículo 50. Tan pronto como los detenidos o los requeridos por citatorio comparezcan ante la autoridad policiaca o ante el propio juzgado, se le hará saber la conducta antisocial que se le imputa así como el derecho que tienen para defenderse por sí mismo o por conducto de otra persona.

 

En todo caso se les otorgara facilidades para comunicarse con su familia, con su abogado o con la persona que le asista o lo auxilie.

 

Artículo 51. El procedimiento ante los juzgados calificadores será oral y público, levantando constancia por escrito de todo lo actuado. Solo por acuerdo expreso del juzgado, la audiencia se desarrollara en privado.

 

Artículo 52. El procedimiento en materia de faltas o infracciones al reglamento de policía, se sustanciara en una sola audiencia. Estarán presentes el juez calificador, el secretario, el probable infractor y su defensor, así como todas aquellas personas cuya declaración sea necesaria.

 

Artículo 53. La audiencia se desarrollara de la siguiente forma:

 

  1. El secretario presentara ante el juez calificador al probable infractor, informando sucintamente sobre los cargos que se le formulan;

 

  1. El probable infractor alegara lo que a su derecho convenga por sí mismo o por medio de la persona que haya designado;

 

III. El juez calificador recibirá las declaraciones de las personas involucradas en el caso;

 

  1. El juez calificador valorara las pruebas ofrecidas y dictara la resolución que corresponda, y

 

  1. El juez calificador le hará saber al infractor de las diferentes alternativas con que cuenta para el cumplimiento de la sanción impuesta.

 

Contra la resolución que dicte el juez calificador, procederá el recurso de revocación previsto en el titulo cuarto, capitulo i del presente ordenamiento.

 

CAPITULO III

DEL RECURSO DE APELACIÓN

 

Artículo 54. El recurso de apelación, deberá interponerse ante el ayuntamiento correspondiente, en el término de tres días hábiles, siguientes a la fecha de ser notificada la resolución emitida por el juez calificador, y bajo las siguientes reglas o bases:

 

  1. El recurso de apelación, se admitirá o se desechara de plano cuando no se apegue estrictamente a los hechos controvertidos de la resolución emitida por el juez calificador;

 

  1. Este recurso se sustanciara con un solo escrito que interponga el recurrente, y deberá resolverse de la siguiente manera:

 

  1. a) En un término de diez días hábiles, cuando el recurrente no presente pruebas que ameriten desahogo, y

 

  1. b) Dentro de los quince días siguientes a la fecha de la admisión de las pruebas o del desahogo de las mismas.

 

III. Si el ayuntamiento correspondiente no resolviere el recurso dentro del término señalado, se tendrá por revocada la resolución del juez calificador;

 

  1. La resolución que emita el ayuntamiento sobre el recurso, tendrá como efecto confirmar, modificar o revocar la resolución dictada por el juez calificador;

 

  1. Cuando se revoque o modifique una resolución, de inmediato se restituirá en sus derechos al recurrente;

 

  1. En caso de revocación se devolverá la multa que hubiere pagado;

 

VII. Si la resolución se modifica, la restitución se hará en forma proporcional a la parte modificada;

 

VIII. La resolución recaída en el recurso se notificara personalmente, y

 

  1. El fallo que dicte el ayuntamiento será definitivo y no se admitirá ninguna otra instancia.

 

TITULO TERCERO

DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 55. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son principios rectores de las Policías Municipales los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

 

Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Guerrero, son principios de actuación de la Policía Municipal, los de efectividad, colaboración, objetividad y actuación científica.

 

Artículo 56. Las Policías Municipales constituyen el Órgano Administrativo Desconcentrado del Ayuntamiento, y sus objetivos serán los siguientes:

 

  1. Brindar un servicio público de calidad a la ciudadanía y salvaguardar su vida, integridad, seguridad y el libre ejercicio de los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, como garantes de la seguridad ciudadana;

 

  1. Aplicar y operar la política pública en materia de seguridad para abatir y disminuir la incidencia de las conductas contrarias a la ley así como la atención de víctimas y ofendidos de las diversas infracciones a la ley, así como evitar los tratos inhumanos, degradantes y humillantes con la finalidad de evitar la revictimización;

 

III. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas; así como la investigación para hacerla efectiva;

 

  1. Coadyuvar en la investigación de la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en términos de las disposiciones aplicables, y

 

  1. Colaborar, como partícipe en los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Publica, con las diversas Instituciones de Seguridad Pública del ámbito federal y municipal para el cumplimiento de los objetivos anteriores.

 

Artículo 57. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

 

  1. Policía Municipal: Institución Policial Estatal denominada Policía Municipal;

 

  1. Integrante: Al personal de la Policía Municipal;

 

III. Ministerio Público: Ministerio Público del Estado de Guerrero;

 

  1. Dirección de Seguridad Pública: La Dirección de Seguridad Pública Municipal o su equivalente, y

 

  1. Director de Seguridad Pública Municipal: La persona Titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal o su equivalente.

 

Artículo 58. La Policía Municipal tiene su origen y destino en la ciudadanía, a la que protegerá, servirá y con quienes se articulará en acciones recíprocas.

 

En todo momento, Policía Municipal deberá observar los principios y objetivos establecidos en la presente Ley. Para el cumplimiento de sus objetivos tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

 

  1. Usar legítimamente la fuerza a efecto de hacer cumplir las leyes, mantener la vigencia del Estado de Derecho y salvaguardar el orden y paz públicos;

 

  1. Observar los principios de necesidad, racionalidad, oportunidad y proporcionalidad, al momento de hacer uso de la fuerza; pudiendo emplear, sólo como medida extrema las armas letales;

 

III. Cuidar de la vida, la integridad, la seguridad, el patrimonio y los derechos de las personas, así como preservar las libertades y tranquilidad públicas;

 

  1. Accionar bajo el principio de suficiencia, al disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para efectuar un despliegue territorial oportuno, ante cualquier amenaza al orden y tranquilidad sociales en cualquier municipio del Estado en coordinación con las autoridades correspondientes. En este sentido, su estado de fuerza y capacidad de fuego se establecerá conforme a los parámetros internacionales;

 

  1. Custodiar los sitios públicos y en general todo el territorio del Estado, estableciendo zonas de vigilancia para la atención de los llamados de auxilio de la ciudadanía;

 

  1. Evitar y prevenir las infracciones administrativas por la comisión de hechos contrarios a la tranquilidad de las personas o que violen las disposiciones de policía y buen gobierno;

 

VII. Ejercer acciones de intervención, control, reacción, y custodia, frente a hechos reiterados contarios a la ley de alto impacto social o reincidencia;

 

VIII. Procurar el justo equilibrio entre el eficaz cumplimiento de los fines últimos de la seguridad pública y la eficiencia en el manejo de los recursos que se apliquen a la consecución de los mismos;

 

  1. Promover la colaboración con las autoridades federales y las municipales, estableciendo la vinculación y coordinación en el despliegue de estrategias e información en el ámbito territorial del Estado;

 

  1. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa a los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública;

 

  1. Favorecer en la formación de sus elementos policiales, el desarrollo de capacidades y actitudes colaborativas, de trabajo en equipo y de resolución de conflictos, desarrollando protocolos de intervención conjunta;

 

XII. Colaborar con los servicios de protección civil en casos de alto riesgo o desastres naturales;

 

XIII. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las disposiciones jurídicas aplicables;

 

XIV. Efectuar las acciones de investigación, así como las técnicas especiales de investigación para la prevención de la comisión de delitos y faltas administrativas, conforme a lo dispuesto en la presente Ley;

 

  1. Solicitar a las autoridades correspondientes, informes y documentos que coadyuven en las acciones de investigación en materia de prevención en los términos de las leyes aplicables;

 

XVI. Proceder a la detención en los casos de flagrancia del delito y poner inmediatamente a disposición de las autoridades competentes a las personas detenidas, los bienes, objetos o instrumentos que se hayan asegurado y que se encuentren bajo su custodia, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

XVII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;

 

XVIII. Auxiliar, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en las investigaciones de los delitos cometidos, así como brindar apoyo en las actuaciones que éste le solicite conforme a las normas aplicables;

 

XIX. Informar a la persona, al momento de su detención, sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

  1. Inscribir de inmediato la detención que realice en los registros correspondientes, así como remitir la información ante la instancia según corresponda al hecho;

 

XXI. Elaborar el Informe Policial Homologado, partes policiales y demás documentos con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables;

 

XXII. Incorporar a las bases de datos de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública, la información que pueda ser útil en la investigación de los delitos así como para su prevención;

 

XXIII. Coordinarse en los términos que señala el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para el intercambio de información contenida en documentos, bases de datos o sistemas de información que sean útiles para el desempeño de sus funciones;

 

XXIV. Preservar el lugar de los hechos, la integridad de los indicios, huellas, vestigios, instrumentos, objetos o productos del delito, debiendo dar aviso inmediato al Ministerio Público. Si éste lo instruye, llevar a cabo los procesos de fijación, señalamiento, levantamiento y embalaje, conforme al procedimiento previamente establecido, y hacer entrega de los mismos al Ministerio Público o la policía investigadora bajo su mando;

 

XXV. Verificar la información que se reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito para, en su caso, dar aviso al Ministerio Público o la policía investigadora bajo su mando;

 

XXVI. Atender los mandatos de las autoridades judiciales, con motivo de sus funciones;

 

XXVII. Participar en la implementación y seguimiento de las medidas cautelares solicitadas por las autoridades judiciales competentes;

 

XXVIII. Proporcionar atención y auxilio inmediato a víctimas u ofendidos del delito, adoptando las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica y considerar los elementos de prueba que puedan aportar en el momento de la intervención policial y remitirlos sin demora al Ministerio Público;

 

XXIX. Coadyuvar con las autoridades ambientales en la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en caso de alguna contingencia o peligro inminente que comprometa los recursos naturales dentro del territorio estatal, y

 

XXX. Las demás que le confieran esta y otras leyes.

 

Artículo 59. Por necesidades del servicio se entiende, el conjunto de circunstancias o condiciones por las cuales, para cumplir con un deber legal y satisfacer el interés público se justifica disponer, en cualquier momento, de los recursos humanos, materiales y financieros, con la finalidad de hacer frente de manera oportuna, contundente, eficaz y eficiente a los objetivos de las Policías Municipales.

 

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL

 

Artículo 60. El Mando Superior de la Institución corresponde al Presidente Municipal, de conformidad con el artículo 172, párrafo 3, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

El Mando Directo de la Institución corresponde al Director de la Policía Municipal quien nombrará a los Titulares de los Mandos Operativos y Administrativos de la Institución y en lo general formalizará los nombramientos de los cargos operativos emitidos por los titulares de las unidades superiores jerárquicas.

 

Artículo 61. Para el ejercicio de las atribuciones y funciones operativas y administrativas competencia de la Policía Municipal, ésta contará como mínimo con la siguiente organización:

 

I- Ayudantía General. Que comprenderá las áreas de Relaciones Institucionales; de Sistemas de Calidad y Mejora Continua, y de Oficialía de Partes y Archivo;

 

  1. Carrera Policial. De la que dependerán las Mesas de Profesionalización y de Carrera Policial;

 

III. Inteligencia Que comprenderá las áreas de Análisis Táctico, Operativo, de Actores y Fuerzas, y de Análisis Especial:

 

  1. Investigación. Que comprenderá las áreas de Investigación de Campo, de Salud Mental, de Policía Cibernética, de Vinculación y de Apoyo a Fiscalía;

 

  1. Contrainteligencia. Que comprenderá las áreas de Planeación y Organización de Operaciones, de Soporte a la Operación, de Comunicaciones;

 

  1. Logística y Abastecimientos. Que comprenderá las áreas de Infraestructura y Mantenimiento, Materiales y Servicios Financieros, de Servicios Generales;

 

VII. Unidades Operativas. Organizadas cada una de ellas en forma terciaria y jerarquizada de acuerdo a la siguiente disposición de subordinación sucesiva:

 

  1. a) Agrupamientos;
  2. b) Grupos;
  3. c) Compañías;
  4. d) Secciones;
  5. e) Pelotones, y
  6. f)

 

De conformidad con lo establecido en la Ley, podrán conformarse dentro de las Unidades Operativas, Grupos de Servicio y Grupos de Asignaciones Especiales. El Director podrá determinar, previo acuerdo con el Ayuntamiento, la asignación especial de grupos, compañías, secciones o pelotones de la organización operativa para la atención de problemas específicos en materia de seguridad o situaciones que requieren de intervención policial especializada.

 

VII. Inspección General y Asuntos Internos. Que comprenderá las áreas de Gestión y Enlace, de Inspección de Servicios Policiales, de Inspección de Bienes Institucionales, y de Responsabilidades, Quejas y Denuncias.

 

Los ayuntamientos de manera fundada y, acorde con su capacidad financiera, podrán ampliar o disminuir la estructura de la institución policial a que se refiere este artículo.

 

Artículo 62. Para ser Director de Seguridad Pública Municipal deberán cumplirse los requisitos siguientes:

 

  1. Ser de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

 

  1. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

 

III. Contar con título de estudios superiores debidamente registrado;

 

  1. Tener reconocida capacidad y probidad, no haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público, ni estar sujeto a proceso penal;

 

  1. Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la seguridad pública;

 

  1. Acreditar los requisitos de ingreso y permanencia para el personal de seguridad pública, y

 

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

 

Artículo 63. Son atribuciones y obligaciones del Director de Seguridad Pública Municipal las siguientes:

 

  1. Ejercer el mando directo y la disciplina en su carácter de superior jerárquico inmediato sobre el el personal adscrito a la corporación policial. El ejercicio de esta disciplina no se exceptúa del procedimiento que en materia disciplinaria ejerce la Inspección General y Asuntos Internos de la Institución.

 

  1. Proponer al ayuntamiento las políticas y planes en materia policial, en el ámbito de su competencia;

 

III. Diseñar, organizar y supervisar, con aprobación del ayuntamiento, el funcionamiento de la Policía Municipal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

 

  1. Diseñar, supervisar, evaluar e informar al ayuntamiento sobre la implementación del programa operativo anual de actividades relacionadas con la conservación del orden público, en el ámbito de su competencia;

 

  1. Proponer al ayuntamiento la creación de unidades administrativas que sean necesarias funcionalmente, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y conforme a las disposiciones legales aplicables;

 

  1. Proponer al ayuntamiento la creación y modificación de grupos de asignaciones especiales en función de la incidencia delictiva, por zonas geográficas, por la complejidad de los delitos, así como por el impacto de estos en la comunidad;

 

VII. Supervisar el debido control, resguardo, uso y conservación del equipo, vehículos y armamento que están asignados a la Policía Municipal, apoyándose para tal efecto con los titulares de las Unidades de su adscripción;

 

VIII. Dirigir los programas y procedimientos necesarios que motiven la generación de inteligencia y estándares de medición que favorezcan la efectividad de la acción policial;

 

  1. Planear, ordenar y supervisar el diseño y ejecución de los operativos policiales y en su caso, coordinarse con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno para la implementación de los mismos;

 

  1. Solicitar al ayuntamiento la autorización para la ejecución de las técnicas especiales de investigación para la prevención del fenómeno delictivo y faltas administrativas, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propia del Estado de Guerrero y demás ordenamientos legales aplicables;

 

  1. Proponer al ayuntamiento la expedición de manuales, protocolos, directivas y demás instrumentos operativos para el funcionamiento de la Institución;

 

XII. Informar al ayuntamiento sobre el desempeño de las atribuciones de las Unidades a su cargo y de los resultados alcanzados;

 

XIII. Supervisar que las áreas de mando a su cargo implementen, en coordinación con las autoridades competentes, acciones de inspección, vigilancia, prevención y vialidad de caminos y carreteras estatales, así como de las áreas naturales protegidas, parques estatales, zonas lacustres y cuerpos de agua en el Estado;

 

XIV. Supervisar la operación en la intervención y reacción inmediata de los grupos de asignación especial que integran la Policía Municipal;

 

  1. Coordinarse con el C-5, a fin de cumplir con los objetivos y disposiciones emanados del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

 

XVI. Auxiliar en las tareas de coordinación con las autoridades federales, estatales, municipales y análogas en el extranjero, en el intercambio de información en materia de seguridad pública, de conformidad con la normatividad aplicable;

 

XVII. Coordinarse con las autoridades policiales municipales aledañas, para el diseño de estrategias de prevención y reacción de acuerdo a las necesidades de cada municipio, para que se tomen las medidas pertinentes;

 

XVIII. Supervisar que los Integrantes a su cargo, ante la comisión de un hecho delictivo realicen la protección del lugar de los hechos o del hallazgo, así como el resguardo y custodia de los indicios, y dar aviso inmediato al Ministerio Público;

 

XIX. Supervisar la elaboración del Informe Policial Homologado, partes policiales y demás documentos con los requisitos de fondo y forma que deban formular el personal bajo su mando;

 

  1. Supervisar que el personal ponga a disposición inmediata de la autoridad competente a las personas detenidas y llevar a cabo el registro correspondiente;

 

XXI. Aplicar las medidas disciplinarias al personal a su mando, remitiendo a la Inspección General y Asuntos Internos, el correctivo disciplinario para que este sea calificado de conformidad con lo establecido en esta Ley y reglamentos aplicables;

 

XXII. Asegurar que los integrantes de la Institución cumplan en tiempo y forma con los lineamientos y procesos establecidos por la Comisión de Carrera Policial;

 

XXIII. Proporcionar la información estadística de la operación de la carrera policial al ayuntamiento, con el fin de integrar un sistema de indicadores que permita medir su desempeño y evaluar los resultados de su gestión;

 

XXIV. Suscribir la documentación necesaria para el debido ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con la normatividad aplicable;

 

XXV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, y

 

XXVI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento e instrumentos normativos aplicables.

 

Artículo 64. El Titular de la Inspección General y Asuntos Internos será nombrado y removido libremente por el ayuntamiento, a propuesta del Director de Seguridad Pública Municipal. Dependerá directamente del Presidente Municipal en su carácter de Mando Superior de la Institución.

 

La Inspección General y Asuntos Internos es un órgano autónomo en sus funciones y se ubica en el primer nivel de la estructura orgánica tanto operativa como administrativa de la Institución.

 

La Inspección General y Asuntos Internos será el órgano responsable del ejercicio disciplinario de la Institución.

 

Artículo 65. La Inspección General y Asuntos Internos tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

 

  1. Establecer y conducir la política en la materia de orden y disciplina de todas las áreas de la Policía Municipal;

 

  1. Establecer, instrumentar y aplicar las medidas de auditoría, control, inspección, evaluación y supervisión de las actividades de las unidades operativas y administrativas en cumplimiento de los planes anuales de inspección y verificación;

 

III. Ejercer el control, investigación y fiscalización de todas las unidades operativas y administrativas, en cumplimiento de los planes de inspecciones y verificaciones;

 

  1. Informar periódicamente al ayuntamiento, sobre los resultados de las inspecciones, auditorias, verificaciones e investigaciones efectuadas y establecer conjuntamente con éste el fortalecimiento y difusión de la disciplina como principio básico de la Institución;

 

  1. Conocer, ratificar o revocar, en su caso, las sanciones de apercibimiento, amonestación, arresto y cambios de adscripción impuestas por los superiores jerárquicos, de las que conozca por inconformidad del personal de la Institución. Para ello, desahogará las investigaciones pertinentes y cuidará de las formalidades del debido proceso;

 

  1. Aplicar la normatividad disciplinaria y conocer de manera directa los asuntos que ameriten las sanciones de apercibimiento, amonestación, arresto y cambios de adscripción en contra de los Integrantes de la Institución que no hayan sido sancionados por los superiores jerárquicos. Para ello, desahogará las investigaciones pertinentes, cuidará de las formalidades del debido proceso e indagará la omisión de los superiores jerárquicos;

 

VII. Turnar a la autoridad competente los asuntos que ameriten como sanción la suspensión temporal, inhabilitación, destitución del cargo y suspensión cautelar en contra de los integrantes de la Institución, respecto de los cuales, se presuma o se acredite que hayan incurrido en las conductas prohibidas establecidas en la Ley;

 

VIII. Registrar en el expediente del integrante, cualquier tipo de sanción impuesta por los superiores jerárquicos, por la Inspección General y Asuntos Internos o autoridad competente cuando sean dictadas en resolución firme. Además informará a las autoridades correspondientes para efectos del Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública;

 

  1. Desahogar las quejas o denuncias que formule el personal de la propia Institución contrarias a la normatividad disciplinaria y presentar las recomendaciones que estime pertinentes al Director de Seguridad Pública Municipal tendientes al fortalecimiento de la disciplina en la Institución;

 

  1. Investigar de oficio aquellas conductas atribuidas a Integrantes de la Institución contrarias a la Ley y demás disposiciones que sean referidas mediante queja ciudadana o por cualquier otro medio, incluidos los de comunicación masiva. Cuando la queja ciudadana se reciba de manera verbal, deberá, quién la conozca, documentarla en acta administrativa;

 

  1. Investigar de oficio, por denuncia o por requerimiento de autoridad competente la posible responsabilidad administrativa de los Integrantes de la Institución, y si resultare algún indicio de responsabilidad penal, serán remitidos al Ministerio Público y a la autoridad disciplinaria competente;

 

XII. Coordinarse con las autoridades competentes, a fin de que los Integrantes de la Institución cumplan en tiempo y forma con las disposiciones y requerimientos de la Comisión de la Carrera Policial;

 

XIII. Velar por el respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las obligaciones policiales dentro y fuera de la Institución;

 

XIV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, y

 

  1. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento e instrumentos normativos aplicables.

 

Artículo 66. La base de las operaciones e intervenciones policiales que despliega la Policía Municipal se realiza por conducto de las Unidades Operativas, las cuales se organizan en forma terciaria, jerarquizada y en subordinación sucesiva.

 

Las Unidades Operativas constituyen el estado de fuerza de la Institución y ejercen las atribuciones en materia policial, de conformidad con la normatividad aplicable.

 

Artículo 67. Las funciones de las Unidades Operativas son la prevención, reacción e investigación de los delitos y faltas administrativas en los términos que señalan las leyes y reglamentos.

 

Artículo 68. Para satisfacer de manera inmediata las necesidades de las Unidades Operativas, se constituirán Grupos de Servicio.

 

Los Grupos de Servicio apoyan a las Unidades Operativas en el cumplimiento de sus funciones y misiones que le sean encomendadas, a través de apoyo administrativo y logístico.

 

Artículo 69. La organización de la operación de la Policía Municipal, se clasificará en grandes y pequeños Grupos:

 

  1. Los pequeños Grupos son: Escuadra, Pelotón, Sección y Compañía, y

 

  1. Los grandes Grupos son: Grupo, Agrupamiento y Unidad; además, se componen por las unidades de servicios que se requieran.

 

Artículo 70. La organización operativa de la Policía Municipal es la siguiente:

 

  1. Unidad: compuesta por tres agrupamientos;

 

  1. Agrupamiento: son organismos de carácter circunstancial, atienden funciones específicas o de carácter contingente. Se integran eventualmente por dos o tres grupos;

 

III. Grupo: es el eje principal de la organización de las Unidades Operativas y se constituye como el punto axial en el despliegue del estado de fuerza de la Institución. Se integran por tres compañías;

 

  1. Compañía: es la unidad operativa que ejecuta, distribuye y controla los servicios y operaciones policiales con carácter general. Se integran por tres secciones;

 

  1. Sección: es la unidad operativa que permite materializar determinada función policial. Se integra por tres pelotones;

 

  1. Pelotón: es la unidad operativa que con carácter intermedio que (sic) ejecuta las operaciones policiales de forma específica. Se integra por tres escuadras, y

 

VII. Escuadra: es la unidad operativa de atención directa y primera en las operaciones policiales. Se integra por cuatro elementos y su mando.

 

CAPÍTULO III

DEL NOMBRAMIENTO Y EJERCICIO DEL MANDO

 

Artículo 71. Los grados o jerarquías, a los que pueden aspirar los integrantes, se clasifican conforme a lo establecido por la Ley, así como de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Los integrantes de la Institución podrán acceder al grado correspondiente dentro de la escala jerárquica, una vez que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión de Carrera Policial y el debido cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.

 

Artículo 72. Se entenderá por mando a la autoridad ejercida por un superior jerárquico de la Institución en servicio activo, sobre sus inferiores o iguales en jerarquía, cuando éstos se encuentren subordinados a él en razón de su categoría, de su cargo o de su comisión.

 

Artículo 73. El mando podrá ser ejercido en las formas siguientes:

 

  1. El Mando Supremo de la Institución corresponde al Presidente Municipal de conformidad con la Ley. La policía acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en los casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

 

  1. El Mando Directo de la Institución corresponde al Director de Seguridad Pública Municipal.

 

Artículo 74. El Director de Seguridad Pública Municipal podrá determinar, previo acuerdo con el ayuntamiento, la asignación especial de grupos, compañías, secciones o pelotones de la organización operativa para la atención de problemas específicos en materia de seguridad o situaciones que requieren de intervención policial especializada.

 

CAPÍTULO IV

DE LA CARRERA POLICIAL Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 

SECCIÓN I

DE LA CARRERA POLICIAL

 

Artículo 75. La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

 

  1. Los ayuntamientos deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las Policías Municipales;

 

  1. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;

 

III. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;

 

  1. Sólo ingresarán y permanecerán en las Policías Municipales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;

 

  1. La permanencia de los integrantes en las Policías Municipales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine los Reglamentos en materia de seguridad pública;

 

  1. Los méritos de los integrantes de las Policías Municipales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las Leyes respectivas;

 

VII. Para la promoción de los integrantes de las Policías Municipales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;

 

VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Policías Municipales;

 

  1. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;

 

  1. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, solo podrá ser autorizado por el Director de Seguridad Pública Municipal; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando sus grados policiales y derechos inherentes a la Carrera Policial;

 

  1. Los ayuntamientos establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial, y

 

XII. La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las instituciones de la Policía Municipal. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección;

 

Artículo 76. La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Policías Municipales.

 

Dicho proceso comprende el período de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la Ley sobre los aspirantes aceptados.

 

Artículo 77. El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a las Policías Municipales y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial, el período de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.

 

Artículo 78. La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Policías Municipales.

 

SECCIÓN II

DE LA CERTIFICACIÓN

 

Artículo 79. La certificación es el proceso mediante el cual los elementos de las Policías Municipales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

 

Las Instituciones policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

 

Artículo 80. La certificación tiene por objeto:

 

  1. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por los Consejos Nacional y Estatal, y

 

  1. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las instituciones policiales:

 

  1. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

 

  1. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;

 

  1. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

 

  1. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;

 

  1. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y

 

  1. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.

 

Artículo 81. Los ayuntamientos incorporarán única y exclusivamente al servicio de las Policías Municipales a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio, sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo con los requisitos siguientes:

 

  1. De Ingreso:

 

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

 

  1. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

 

III. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

 

  1. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

 

  1. En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, se requerirá enseñanza superior o equivalente;

 

  1. Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, se requerirá enseñanza media superior o equivalente;

 

  1. En caso de aspirantes a las áreas de reacción, se requerirán los estudios correspondientes a la enseñanza media básica, y

 

  1. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;

 

  1. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

 

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

 

VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

 

  1. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y

 

  1. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

 

  1. De Permanencia:

 

  1. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

 

  1. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;

 

III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;

 

  1. Acreditar que está cursando satisfactoriamente los estudios correspondientes al grado de escolaridad siguiente al comprobado para el ingreso;

 

  1. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

 

  1. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

 

VII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

 

VIII. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;

 

  1. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

 

  1. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

 

  1. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un período de tres días consecutivos dentro de un término de treinta días, y

 

XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

 

SECCIÓN III

DEL RÉGIMEN DE ESTÍMULOS

 

Artículo 82. Los ayuntamientos fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las Policías Municipales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.

 

Artículo 83. El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual los ayuntamientos otorgan el reconocimiento público a los integrantes de las Policías Municipales por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

 

Todo estímulo otorgado por los ayuntamientos será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

 

Artículo 84. La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las instituciones policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.

 

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

 

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

 

Para ocupar un grado dentro de las instituciones policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

 

Artículo 85. Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los integrantes de las Policías Municipales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

 

Artículo 86. La antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Policías Municipales, de la siguiente forma:

 

  1. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las instituciones de seguridad pública, y

 

  1. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

 

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

 

Artículo 87. Da lugar a la conclusión del servicio del elemento de la Policía Municipal la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

 

  1. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:

 

  1. Si hubiere sido convocado a dos procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;

 

  1. Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y

 

  1. Que del expediente del elemento no se acrediten méritos suficientes a juicio de la Inspección General y Asuntos Internos.

 

  1. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o

 

III. Baja, por:

 

  1. a) Renuncia;

 

  1. b) Muerte o incapacidad permanente, o

 

  1. c) Jubilación o Retiro.

 

Al concluir el servicio el elemento de la Policía Municipal deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

 

Artículo 88. Los elementos de las Policías Municipales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

 

SECCIÓN IV

DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES

 

Artículo 89. La profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones policiales.

 

Los planes de estudio para la profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza-aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe el Consejo Estatal, a propuesta del Secretariado Ejecutivo.

 

Artículo 90. El personal encargado de formar, capacitar, evaluar y certificar a los elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares será considerado trabajador de confianza y le serán aplicadas las mismas reglas de ingreso y egreso previstas en esta Ley; los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

 

SECCIÓN IV

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 

Artículo 91. La actuación de los integrantes de las Policías Municipales se regirá por los principios previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Los ayuntamientos establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en la presente sección.

 

Artículo 92. La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las Leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

 

Artículo 93. La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Policías Municipales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las Leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

 

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

 

Artículo 94. Los ayuntamientos exigirán de los integrantes de las Policías Municipales el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

 

Artículo 95. El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

 

Los integrantes de las Policías Municipales, observarán las obligaciones previstas en esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.

 

Artículo 96. La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.

 

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Policías Municipales de conformidad con la legislación aplicable.

 

CAPÍTULO V

DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN

 

Artículo 97. La investigación para la prevención de los delitos, en términos de los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado, es el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos con apego a los principios constitucionales señalados en esta Ley.

 

Las labores de investigación para la prevención, invariablemente, deberán ajustarse a lo establecido por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Artículo 98. La investigación preventiva se rige invariablemente por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez y respeto a las garantías individuales y derechos humanos.

 

Son principios que rigen la implementación de acciones de investigación preventiva, los siguientes:

 

  1. Principio de legalidad, según el cual la investigación preventiva se desarrollará en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones legales aplicables;

 

  1. Principio de necesidad, que ordena la práctica de la acción o intervención cuando exista la probabilidad de que, utilizando un sistema ordinario de investigación, no se logrará la obtención de la información buscada;

 

III. Principio de reserva, que dispone la obligatoriedad relativa a que las acciones o intervenciones de investigación preventiva sólo sean del conocimiento de los funcionarios autorizados;

 

  1. Principio de proporcionalidad, la acción o intervención autorizada y adoptada por la Institución debe guardar una estricta proporción con la finalidad que se persigue;

 

  1. Principio de la individualización de las acciones o intervenciones, el cual excluye la posibilidad de extender acciones o intervenciones de investigación preventiva a sujetos que no tengan relación con el hecho a investigar, y

 

  1. Principio de intervención mínima, las acciones o intervenciones de investigación preventiva deben tener el carácter de última ratio para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves.

 

El Director de Seguridad Pública Municipal es en todo caso el responsable de garantizar el cumplimiento de estos principios.

 

Artículo 99. De las técnicas especiales para la investigación preventiva

 

Las técnicas especiales para la investigación preventiva son acciones encaminadas al acceso, búsqueda, observación, obtención y generación de información para la integración de inteligencia policial que permiten prevenir la comisión de conductas contrarias a la ley y comprenden las siguientes:

 

  1. Desarrollo, mantenimiento y supervisión de fuentes de información. Es el aprovechamiento de datos proveniente de personas, entidades o vestigios materiales, que conjunta o separadamente permiten acceder, observar, obtener y generar información para la investigación preventiva, y

 

  1. Los métodos y procedimientos de las técnicas especiales de investigación serán desarrollados en los manuales y protocolos correspondientes.

 

Artículo 100. Si la técnica especial de investigación preventiva revela posibles hechos constitutivos de delito o requieran de control judicial, se turnará al Ministerio Público o a la autoridad investigadora que corresponda informando de ello al ayuntamiento.

 

Artículo 101. Las autoridades, así como lo integrantes que intervengan en las técnicas especiales, acordarán previamente a la realización de las acciones, la guarda de secreto y confidencialidad de la información que conozcan en o con motivo de su función, salvo que dicha información sea solicitada formalmente por autoridad competente.

 

Artículo 102. Todos los Integrantes que participen en la implementación de técnicas de investigación preventiva, están obligados a someterse a los exámenes de control de confianza al término de la misma.

 

CAPÍTULO VI

DEL USO DE LA FUERZA

 

Artículo 103. Los integrantes de la Policía Municipal, se regirán en lo concerniente al uso de la fuerza, a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Servicio Seguridad Pública para el Estado, la Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Guerrero, los protocolos de actuación policial y demás normatividad aplicable.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

TERCERO. Los ayuntamientos de los municipios que conforman el Estado de Guerrero, en un plazo no mayor de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor, armonizarán sus Reglamentos en Materia de Seguridad Público a lo previsto por ésta Ley.

 

CUARTO. Los títulos de cada Artículo de ésta Ley son de carácter indicativo por lo que no definen, interpretan o limitan el contenido de los artículos.

 

QUINTO. Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

 

AT E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

[1] Consultable en: http://wispindex.org/

[2] http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436