Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 57 primer párrafo del Código de Justicia Militar

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 57 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR.

El proponente Diputado RICARDO MEJÍA BERDEJA, y la suscrita ZULEYMA HUIDROBRO GONZÁLEZ, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 57 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, al tenor del siguiente,

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se han desplegado cerca de 50.000 miembros del ejército y la marina mexicanos para desempeñar funciones policiales en lucha contra los carteles de la droga y la delincuencia organizada desde diciembre de 2006. Si bien el personal militar recibe formación en derechos humanos, la denuncia de abusos graves, incluida la tortura y otros malos tratos han aumentado gravemente en los últimos años.

Según la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia, los militares sólo pueden actuar en apoyo a las autoridades civiles y no tienen atribuciones adicionales para detener, recluir e interrogar a presuntos delincuentes. En muchas zonas del país con un alto grado de delincuencia y violencia, los militares intentan conseguir información sobre presuntos delincuentes sin la participación de la policía civil, que es a menudo de colusión con bandas criminales.

Entre enero de 2006 y enero de 2012, el ejército detuvo a 43.77868 presuntos delincuentes en virtud de las disposiciones sobre detención en flagrante delito, muchos de los cuales fueron llevados a cuarteles militares o sometidos, si no, a interrogatorio, en vez de ser puestos inmediatamente a disposición del ministerio público, como exige la ley.

Asimismo, los agentes del ministerio público civil pueden entrevistar a los detenidos en cuarteles militares, en vez de asumir su custodia, como exige la ley. Estas detenciones militares carecen en gran medida de supervisión, pues no hay más funcionarios civiles presentes y sólo se dispone de médicos militares para tratar o registrar las lesiones, lo que crea un clima propicio para la tortura y otros malos tratos.

Uno de los principales obstáculos que impiden poner a los responsables de tortura u otros malos tratos a disposición judicial es el hecho de que, hasta ahora, todos los casos en que hay implicados militares en servicio activo se han tratado dentro del sistema de justicia militar, en vez del civil. Existen convincentes datos que muestran que el sistema de justicia militar ha desestimado denuncias de abusos sin llevar a cabo una investigación efectiva o imparcial y que raras veces se han tomado medidas contra los responsables de la tortura o los malos tratos.

Entre 2006 y a finales de 2011, la CNDH recibió 6.812 denuncias de violación de derechos humanos en contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR). Estas denuncias dieron lugar a 98 recomendaciones formales de la CNDH contra la SEDENA, es decir, sobre el 1,6 por ciento de todas las denuncias.

En respuesta a una solicitud presentada en relación con la libertad de información, SEDENA afirmó haber recibido o iniciado 1.060 denuncias contra militares por delitos contra civiles en 2010 y 449 denuncias en 2011, que habían dado lugar a un total de 118 investigaciones criminales iniciales, entre ellas las de 17 soldados implicados en casos de tortura.

De los militares afectados, 98 se enfrentaban a cargos penales, algunos por violencia causante de muerte, y al menos 9 se enfrentaban a cargos de tortura. Durante 2010 y 2011 se condenó a 9 militares en relación con delitos contra civiles. Según la SEDENA, durante la administración de Calderón se ha condenado ante tribunales militares por abusos contra los derechos humanos a 38 soldados. Sin embargo, 11 de estas sentencias condenatorias corresponden a casos ocurridos antes de la administración de Calderón, y al menos 19 de las 27 restantes están en proceso de ser recurridos. Por consiguiente, sólo hay confirmadas ocho sentencias condenatorias de militares por delitos de derechos humanos ninguno de tortura cometidos durante la pasada administración, cuando se han presentado más de 7.000 denuncias de delitos de derechos humanos contra las fuerzas armadas.

El 1 de mayo de 2011, la policía municipal de Cuernavaca, Morelos, detuvo a Jethro Ramsés Sánchez Santana, estudiante, y a un amigo suyo. Según el amigo, que quedó después en libertad, ambos fueron entregados primeramente a la policía federal, que los dejó luego en manos de militares. De acuerdo con la información disponible, Jethro Sánchez fue torturado; cuando su familia quiso buscarlo y presentó una denuncia, los militares negaron tener conocimiento de su detención.

Sólo después de que la policía declarara que ambos hombres habían sido entregados a personal militar inició el sistema de justicia militar una investigación.

Ante la clara evidencia de la entrega y la decidida campaña de la familia, los militares arrestaron a varios soldados, gracias a lo cual se localizaron los restos de Jethro Ramsés Sánchez Santana y se practicó una autopsia que indicó que había sido enterrado vivo. Se han presentado cargos contra tres militares en relación con la tortura y homicidio del estudiante, pero no contra otros presuntamente implicados también en el delito, incluidos los que intentaron ocultarlo. En agosto, la CNDH formuló la recomendación 38/2012 contra la SEDENA por la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y homicidio de Jethro Ramsés Sánchez Santana. Ese mismo mes, la Suprema Corte de Justicia determinó que el asunto debía verse en el sistema de justicia civil.

Aunque la SEDENA ha tomado algunas medidas para aumentar la transparencia en relación con los asuntos que se ven en el sistema de justicia militar, se sigue proporcionando una información parcial y sin suficiente detalle. En particular, es imposible determinar cuántos casos se han presentado y atendido por tortura y otros malos tratos o por abusos de autoridad y otros delitos leves.

A pesar de las evidentes deficiencias de los datos disponibles, el ejército y el gobierno sostienen que el sumamente bajo nivel de recomendaciones de la CNDH, cargos y sentencias condenatorias demuestra que gran número de denuncias contra militares carecen de fundamento.

Amnistía Internacional no tiene acceso a todas las denuncias presentadas contra militares, pero incluso suponiendo que algunas de las 7.000 denuncias contra la SEDENA y la SEMAR no estén relacionadas con violaciones graves de derechos humanos, la cifra de sólo 27 sentencias condenatorias dictadas contra militares durante la pasada administración pone totalmente en evidencia a un sistema de justicia que, sistemáticamente, no investiga, no establece los hechos y no garantiza un recurso efectivo a las víctimas y sus familias.

Es también importante señalar que incluso en los casos en que el ministerio público civil federal o de los estados ha iniciado investigaciones sobre abusos de militares, tales investigaciones se han realizado a menudo con suma contención y sin la cooperación plena de las autoridades militares. A pesar de esta falta de cooperación, los agentes del ministerio público civil han aceptado a menudo la versión militar de lo sucedido y han cerrado sus investigaciones sin llevar a cabo indagaciones básicas para establecer los hechos.

Por ejemplo, en junio de 2011, Amnistía Internacional documentó una serie de detenciones y desapariciones forzadas que afectaban al menos a seis hombres, llevadas a cabo por miembros de la marina en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, y de las que habían sido testigos familiares de las víctimas.

La SEMAR negó toda responsabilidad, pero posteriormente reconoció que hubo “contacto” con las víctimas. La PGR informó en noviembre de 2011 a Amnistía Internacional que la marina había llevado a esas personas a una estación de autobuses, donde habían quedado en libertad. Por consiguiente, la PGR había cerrado su investigación sin aclarar la actuación de los miembros de la marina ni determinar el paradero de las personas que continuaban desaparecidas y, por ello, más expuestas aún a sufrir tortura o malos tratos.

En agosto de 2012, la CNDH formuló la recomendación 39/2012 contra la SEMAR por la detención arbitraria y desaparición forzada de seis hombres. Sin embargo, en el momento de redactar el presente documento se seguía negando a los familiares de los hombres desaparecidos información creíble sobre su paradero y no había tampoco nueva información sobre la adopción de medidas para hacer rendir cuentas a los responsables.

ARGUMENTACIÓN

Se debe pugnar para que los militares implicados en violaciones de derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales civiles y que, con tal fin, se reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar. La presión de las instituciones militares para conservar su jurisdicción sobre los delitos de derechos humanos sigue siendo sumamente fuerte.

A pesar de no haber aplicado los poderes ejecutivo y legislativo las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado importantes medidas para conseguir que se apliquen. En julio de 2011, la SCJN determinó que el Estado debía aplicar las sentencias de la Corte Interamericana sobre México. Esta decisión fundamental fue una de las primeras consecuencias directas de las reformas por las que se incorporaron a la Constitución las obligaciones contraídas por México en virtud de los tratados internacional de derechos humanos.

No obstante, las autoridades militares continuaron reclamando jurisdicción, mientras que las civiles siguieron declarándose incompetentes por considerar que la decisión de la SCJN no sentaba precedente vinculante ni reformaba el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Muchos agentes del ministerio público federal y de los estados no pueden investigar estos casos hasta que se aprueben las reformas jurídicas necesarias. Por tanto, las sentencias de la SCJN no reducen la responsabilidad del pasado y el actual gobierno, así como del Congreso, de garantizar que se adopten de inmediato medidas administrativas y jurídicas conforme a las sentencias de la SCJN y la Corte Interamericana para restringir la jurisdicción militar y reformar el Código de Justicia Militar.

Es también esencial que todos los casos que se encuentran actualmente bajo la jurisdicción militar se transfieran de inmediato al sistema de justicia civil. Asimismo, todos los casos sometidos al sistema de justicia militar en que hayan concluido los procedimientos judiciales deben ser objeto de una revisión completa en el sistema de justicia civil.

Es esencial que todas las sentencias judiciales sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas, incluidas tortura y otros malos tratos, estén basadas en investigaciones completas, imparciales e independientes y en procedimientos judiciales que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos que protegen los derechos de la víctimas y los acusados.

Reiteramos: homicidio, lesiones, tortura, violación sexual entre otros, forman parte de delitos cometidos por militares; se debe exigir que la justicia civil atraiga los delitos cometidos por militares contra la población, pues ante la parcialidad de los tribunales castrenses, no hay justicia para las víctimas; se deben sancionar los abusos.

En México cada vez son más los informes de graves violaciones a derechos humanos como, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y otros homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, y detención arbitraria, perpetradas por miembros del ejército mexicano, ni las autoridades civiles ni las militares investigan de forma inmediata, imparcial y eficaz.

El sistema de Justicia militar sigue investigando y juzgando al personal militar acusado de violaciones de derechos humanos. La falta de independencia e imparcialidad de este sistema niega a las víctimas y a sus familiares acceso a la justicia, y es un importante obstáculo para terminar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 57 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, al tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:

Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar:

I.- Los especificados en el Libro Segundo de este Código;

II.- los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan:

a), b), c), d), e) ………..

Cuando en los casos de la fracción II, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia civil.

Los delitos del orden común ………

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de Diciembre de 2012.

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