Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

El Juicio Contencioso Administrativo se encuentra regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que fue publicada el 1 de diciembre de 2005, con motivo de crear un procedimiento que protegiera de forma clara a los ciudadanos de los actos de autoridades federales, ya fuera por la invasión a sus derechos, como por la responsabilidad en que pueda incurrir la autoridad federal.

Así las cosas, en la iniciativa se enfatizaron, como aspectos más relevantes de la propuesta los siguientes:

a) La posibilidad de que los particulares puedan impugnar no solamente los actos administrativos de carácter individual que les afecten, sino también las resoluciones administrativas de carácter general, excluyendo de la competencia del Tribunal a los reglamentos.

b) Se incorpora la condena en costas a favor de la autoridad demandada, con la finalidad de evitar y erradicar las prácticas dilatorias.

c) Se prevé la posibilidad de que la autoridad demandada indemnice al particular por los daños y perjuicios que le haya causado, cuando la autoridad cometa una falta grave al dictar la resolución impugnada, aclarando que, tanto la condena en costas, como la indemnización, deberán ser tramitadas a través de la vía incidental.

d) Se reducen los plazos procesales.

e) Se fortalecen las disposiciones relativas a la suspensión de la ejecución del acto reclamado, incluyendo la posibilidad de la suspensión con efectos restitutorios bajo el criterio de la apariencia del buen derecho.

f) Se incorpora un nuevo procedimiento para garantizar la efectividad en el cumplimiento de las resoluciones que emita el propio Tribunal.[1]

Con esta Ley se logró el establecimiento de un Tribunal Federal que resolviera sobre las impugnaciones a actos administrativos que terminara con la indeterminación existe en la materia, lo que favoreció la protección de los derechos de los gobernados, otorgándoles un medio de defensa determinado.

En diciembre de 2010, se optó por establecer en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el llamado procedimiento sumario, con el objetivo de agilizar los plazos para la conclusión de los asuntos que por sus condiciones especificas serían susceptibles de un tratamiento más ágil, para con ello reducir paulatinamente la carga de trabajo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Dentro de la características especiales del Juicio en la Vía Sumaria es la reducción de los plazos para la presentación de la demanda, contestación por parte de la autoridad, la presentación de los alegatos, la ampliación de la demanda (según sea el caso) y la emisión de la sentencia.

Los casos específicos para que proceda el juicio en vía sumaria corresponde que ocurra que las resoluciones definitivas no versen un monto mayor a cinco veces el salario mínimo elevado al año, lo al día de hoy equivale a $118,187.00 pesos.

Tal como es de observarse, los casos a que corresponde la aplicación del juicio en vía sumaria refieren a aquellos que tienen una menor cuantía, similar aquellos casos relativos a la justicia de paz en el Distrito Federal.

Por lo que refiera  la reducción del plazo para la presentación del Juicio por la vía sumaria, se reduce respecto del plazo de juicio ordinario de 45 días, a solo 15.

Ahora bien, este tratamiento distinto para la presentación del recurso ha generado confusión tanto para las autoridades como para los contribuyentes, pues en muchas ocasiones en las mismas resoluciones determinantes se incluye la información al gobernado indicándole que el plazo de 45 días correspondiente para la impugnación por la vía ordinaria, sin considerar que la determinación de la resolución administrativa se encuentra en los supuestos del procedimiento sumario.

Esta confusión ha generado que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa desechen de plano los juicios promovidos generándose así que los contribuyentes tengan en todos momento que recurrir por medios de defensa la protección de la Justicia para el efecto de lograr el reconocimiento de la procedencia del recurso.

Lo anterior incluso ya ha provocado que la Suprema Corte de Justicia manifieste un lineamiento que dispone lo siguiente:

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2; Pág. 1289

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. ES PROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL PLAZO LEGAL DE 15 DÍAS, ÚNICAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA LA AUTORIDAD SEÑALÓ UN PLAZO DISTINTO PARA ELLO.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tratándose de los actos impugnables en la vía sumaria, la demanda respectiva debe presentarse dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada y no hacerlo así trae como consecuencia su desechamiento, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Magistrados instructores deben desechar la demanda si no se ajusta a lo previsto en la ley.

Sin embargo, cuando en la resolución impugnada se informa al particular que cuenta con un plazo distinto para promover el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, debe estimarse oportuna la demanda presentada dentro del plazo señalado por la autoridad emisora, a fin de garantizar el derecho de defensa de los gobernados, ya que ésta fue la intención del legislador al establecer en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la obligación de la autoridad de precisar en sus resoluciones los plazos para impugnarlas.

Ignorar la efectividad de tal precisión, implicaría desconocer un acto de autoridad que crea consecuencias de derecho, permitiendo que su falta de técnica y acuciosidad redunde en perjuicio de los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, seguridad y certeza jurídicas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA SALA

CONTRADICCIÓN DE TESIS 401/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 13 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos con el sentido del proyecto. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; mayoría de cuatro votos con el criterio contenido en esta tesis, en contra del voto del Ministro Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

Tesis de jurisprudencia 46/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de marzo de dos mil trece.

En ese sentido, resulta apremiante solucionar esta confusión que únicamente atenta contra el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, pues el tener que recurrir constantemente este tipo de resoluciones ha provocado únicamente la dilación en la administración de justicia.

 ARGUMENTACIÓN

Conforme a lo anterior, se plantea regular el plazo de presentación del juicio en vía sumaria de la misma forma en que se regula para la vía ordinaria, ya que no existe una razón de hecho que avale un tratamiento diferenciador y la misma únicamente ha generado la confusión en cuanto a la aplicación de la norma, incluso restringiendo los derechos fundamentales de los gobernados.

Asimismo, el hecho, que de los montos de la base de la acción en el juicio sumario sea topada, de ninguna forma nos puede hacer considerar que la relevancia de lo planteado es menor, pues por el simple hecho que atente contra el patrimonio de los gobernados, corresponde la profunda protección de la regulación existente.

 FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, al tenor de la siguiente:

Artículo Único: Se reforma el cuarto párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

I. a V.

La demanda deberá presentarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley ante la Sala Regional competente.

TRANSITORIOS

 ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

 Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de Octubre de 2013.

 DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 [1] DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Consultada el 7 de octubre de 2013.

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