Exhorto a Miguel Mancera y Murillo Karam a emprender diversas acciones relacionadas con la actuación policial los días 08 y 20 de noviembre en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México, así como a hacer públicos los pormenores de la renuncia del ex secretario de la SPCDMX

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A EMPRENDER DIVERSAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA ACTUACIÓN POLICIAL LOS DÍAS 08 Y 20 DE NOVIEMBRE EN LAS MOVILIZACIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A HACER PÚBLICOS LOS PORMENORES DE LA RENUNCIA DEL EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción I, y 79 numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En virtud de que la presunción de inocencia es universal, la detención de personas en espera de juicio también debería ser excepcional. Sin embargo, en muchos países a lo largo de todo el mundo se viola el principio según el cual la prisión preventiva debería emplearse con moderación, como último recurso.

Una de cada tres personas encarceladas no ha sido declarada culpable de ningún delito. En algunas regiones del mundo, el número de personas en prisión preventiva supera al de los prisioneros sentenciados. Al momento, 3.3 millones de personas se encuentran recluidas en prisión preventiva en todo el mundo[i], siendo ésta una estimación conservadora porque los datos oficiales ignoran a las decenas de miles de personas detenidas en dependencias policiales.

La reducción del número de personas en prisión preventiva podría resolver la el problema de sobrepoblación de los centros penitenciarios, limitar la transmisión de enfermedades, reducir la pobreza e incentivar el desarrollo.

A lo largo de un año cualquiera, aproximadamente 15 millones de personas son ingresadas a prisión preventiva. Algunas de las cuales son detenidas por pocos días o semanas, pero muchas de ellas permanecen en prisión durante meses e incluso años a la espera sentencia.  En el caso de América Latina las personas en prisión preventiva ya superan el 40 por ciento de la población carcelaria total y pueden pasar años esperando su juicio.

En cuanto al perfil de dichas personas, la mayoría son hombres jóvenes y pobres que no pueden pagar una fianza, un abogado, ni un soborno, mientras que, en cambio, son confinados a la dinámica extorsiva de las prisiones, donde deben pagar por obtener comida, agua e incluso por el derecho de que su familia los pueda visitar.

En México, un fenómeno reciente está agravando esta situación. La obligación del Estado de detener a las personas que cometen delitos al amparo de las marchas está siendo utilizada como excusa para agredir a la población en general, por el simple hecho de ejercer el derecho a la manifestación.

A raíz del asesinato de 6 personas, y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, miles de personas han manifestado de manera pacífica y pública la exigencia de que sean encontrados, tanto en la capital del país, como en importantes ciudades de la República y el resto del mundo.

Sin embargo, en la Ciudad de México, en el marco de dichas movilizaciones se han cometido actos de excesivo uso de la fuerza pública en contra de personas manifestantes, actos que han llegado al extremo de presentar a las personas detenidas ante instancias federales, lo que ha llevado a su traslado a penales federales de máxima seguridad, o a diversos reclusorios de la Ciudad de México.

El primer caso fue el que se diera el sábado 08 de noviembre del año en curso, cuando se detuvo de manera arbitraria a 2 mujeres y 16 hombres, sin que dicha detención fuera realizada en flagrancia o por hechos que de manera contundente les involucrara en actos de violencia.

La policía federal, así como la policía del Gobierno del Distrito Federal no acreditaron las detenciones, por lo que hasta el momento siguen consideradas como arbitrarias y violatorias de derechos humanos, pues no se les puso de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial, sino hasta después de cuatro horas, y durante ese tiempo algunos fueron sometidos a múltiples actos de violencia que les causaron lesiones.

En este hecho, la Procuraduría General de la República aún debe responder por las violaciones a derechos humanos cometidas al no proporcionar información inmediata del paradero de los jóvenes cuando ya se encontraban bajo su custodia en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como negarles el derecho que les asiste a una llamada telefónica, cosa que no ocurrió sino hasta las 11 de la mañana del domingo 9 de noviembre, obstaculizando en todo momento la defensa adecuada de las personas detenidas.

Estas personas fueron liberadas, pero sus expedientes no fueron cerrados, a pesar de que la autoridad no pudo comprobar en ningún momento sus dichos, ni los supuestos daños a monumentos públicos por los que fueron detenidos.

Otro caso similar en procedimientos, pero con un desenlace aún más grave fue el acontecido la noche del 20 de noviembre, en el marco de otra movilización realizada en la Ciudad de México por la aparición de los 43 estudiantes normalistas.

En dicha protesta, elementos de la Corporación de Granaderos del Distrito Federal así como de la Policía Federal realizaron diversos operativos que derivaron en la detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza contra 11 personas (3 mujeres y 8 hombres) quienes fueron trasladados a las instalaciones de la SEIDO que forma parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente consignadas ante el Juez Décimo Séptimo de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz y trasladadas a Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín.

El día 22 de noviembre la defensa de los acusados, encabezada por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Equifonía A.C., la Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C., Cauce Ciudadano A.C. y Unión para la Defensa de la Vivienda A.C., quienes asumieron la defensa de 7 de las 11 personas procesadas, solicitaron la ampliación del término constitucional a fin de estar en condiciones de preparar una adecuada defensa, a la vez que requirió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la aplicación del Protocolo de Estambul para descartar la comisión de actos de tortura en contra de las personas detenidas durante su detención, estancia en la SEIDO y el traslado a los penales de máxima seguridad.

Las acusaciones se encontraban sustentadas en las declaraciones de cinco policías federales quienes declararon haber detenido en flagrancia a once personas. El Ministerio Público sostuvo que una de estas personas jaló de entre los miembros del destacamento a un policía, golpeándolo mientras incitaba a otros a causarle daño.

La acusación de las personas detenidas se basó sólo en la declaración de los cinco policías y el hecho de que varias de las once personas confesaron haber estado en la marcha.

Hasta el momento de la consignación, las lesiones del policía agredido no fueron certificadas y no existían rastros de los petardos, piedras y palos supuestamente utilizados, pues al intentar recuperar esta evidencia la plancha del zócalo ya había sido limpiada. En ninguno de los detenidos se encontraron rastros de explosivo o detonación alguna.

Sin embargo, no solo se estableció que esas once personas participaron en los supuestos hechos, sino que se concluyó que lo hicieron con la intención de quitarle la vida al policía, esto con base en que de acuerdo con el Ministerio Público, dichas personas gritaban consignas tales como “muera Peña” “muera el PRI” y “mueran las instituciones”.

Los policías afirman haber escuchado que la persona que jaló al policía gritó “vamos a matar a ese pinche perro”. La tentativa de homicidio –razona la autoridad– también se configura dado que toda persona sabe que un mal golpe en la cabeza puede causar la muerte.

Adicionalmente, la autoridad concluye que estas personas estaban organizadas en una asociación delictuosa, justificando este hecho considerando como evidencia de la asociación delictuosa el hecho de que las personas detenidas, al hablar entre sí, se decían compa y compañeros.

Es sumamente preocupante la pobreza y escasez de evidencia que se utiliza para privar de la libertad a las personas que participan en movilizaciones de protesta, especialmente a aquellas que son jóvenes y estudiantes, personas que por son criminalizadas simplemente por su aspecto y su edad.

Múltiples testimonios, así como evidencia fotográfica y videográfica exhiben acciones generalizadas de detenciones arbitrarias, que dan origen a procedimientos en los que se niega el libre acceso a una defensa en las primeras horas posteriores a las detenciones, mismas que son vitales para una defensa exitosa. Es hasta después de que han sido consignados y trasladados a penales de máxima seguridad, o reclusorios locales, que las personas detenidas han podido ejercer de manera libre su derecho a una debida defensa, misma que en breve tiempo ha podido ofrecer los medios de prueba necesarios para desvirtuar las acusaciones de las personas detenidas.

En la Ciudad de México la prisión preventiva se ha convertido en la opción por defecto del sistema de justicia penal, que además se ha integrado de manera preocupante con el sistema de justicia penal federal, que desde hace mucho tiempo adolece por esta misma causa. Pocos derechos que en teoría gozan de una aceptación tan amplia se transgreden en la práctica, de forma tan habitual, y el hecho de que esto suceda de manera sistemática en la capital del país es sumamente preocupante.

Hasta el momento, el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno Federal no han emitido ninguna explicación pública relativa a quién diseñó los operativos en donde las personas antes mencionadas fueron detenidas, ni quién dio la orden de atacar a manifestantes.

A pesar de este hecho, el 5 de diciembre Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del DF, presentó su renuncia al cargo, según informó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Rodríguez Almeida felicitó a los policías a su cargo, tras su actuación en la manifestación del 20 de noviembre en el DF, pese a que existían reportes de múltiples abusos por parte de la corporación, mismos que han sido narrados previamente.

En la más reciente marcha en la ciudad, por los estudiantes de Ayotzinapa el pasado 1 de diciembre, la policía no detuvo a ninguno de los encapuchados que causaron destrozos, sin embargo existen reportes de agresiones a ciudadanos, así como de un encapsulamiento por parte de la policía, que no pasó a mayores gracias a la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Es preocupante que Rodríguez Almeida no fuera sometido a los debidos procedimientos administrativos y penales por abuso de autoridad, y su renuncia –fuera voluntaria o requerida- no debe ser motivo para que sea eximido de las responsabilidades en las que hubiera incurrido que como funcionario del Gobierno de la Ciudad de México

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinoza, a integrar y hacer público un documento en el que se detallen los nombres del funcionario o funcionarios responsables del diseño y ejecución de los operativos de los días 08 y 20 de noviembre del presente año, así como los nombres del funcionario o funcionarios que dieron la orden de atacar a los manifestantes pacíficos, particularmente a familias y niños.

Asimismo, que se haga pública la información relativa a los procesos administrativos y penales que hasta el momento se encuentren en proceso o concluidos, en contra de servidores públicos que hayan participado en los actos policiales de los días 08 y 20 de noviembre.

SEGUNDO.- Exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinoza, a hacer públicos los pormenores y motivos expuestos por Jesús Rodríguez Almeida en su carta de renuncia, a fin de que la sociedad conozca los elementos que motivaron a la renuncia del funcionario a fin de ser considerados en el proceso de selección de la persona que ocupe el cago.

TERCERO.- Exhorta al Procurador General de Justicia del Distrito Federal,Rodolfo Fernando Ríos Garza, a que en el ámbito de sus facultades, inicie una investigación que dé cuenta de los protocolos de actuación de policías y personal de seguridad uniformados y vestidos de civil, involucrados de manera directa en las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante las movilizaciones efectuadas los días 08 y 20 de noviembre de 2014, así como en las detenciones realizadas en esas mismas fechas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 09 días del mes de diciembre de 2014.

[i]Martin Schönteich. (2014). Presunción de culpabilidad: El uso excesivo de la prisión provisional a nivel mundial. Criminal Justice Program de Open Society Justive Iniciative.

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