Exhortamos a la PGR para investigar y resolver los casos de las personas detenidas, antes del mes de julio, por operar radios comunitarias sin permiso

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INVESTIGAR Y RESOLVER LOS CASOS DE PERSONAS DETENIDAS, ANTES DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR OPERAR RADIOS COMUNITARIAS SIN PERMISO CONSIDERANDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) “la radio comunitaria es radio en la comunidad, para la comunidad, cerca de la comunidad y por la comunidad”.

Las radios comunitarias son el espejo del contexto en el que se desarrollan. Esto abarca aspectos culturales como el lenguaje, las tradiciones, la música popular y al mismo tiempo refleja la cultura hablada, escrita, artística y trata de encontrar soluciones a problemas sociales con el apoyo de la comunidad. La clave de las radios comunitarias está en la comunicación participativa.[1]

En México hay 1483 emisoras de radio comercial a lo largo de todo el país, el 77.2% son comerciales y el 22.79% de uso cultural o educativo. 10 grupos de radiodifusión controlan el 72% de las estaciones: Radiorama con 190, ACIR con 159, Radiocima con 92, OIR con 89, Somer con 77, Promosat con 62, RASA con 57, MVS Radio con 51 y Ramsa-Radio Fórmula con 43. En cambio solo hay 20 radios comunitarias que operan con permiso.[2]

De manera desafortunada, uno de los aspectos que quedaron relegados en la reforma en materia de telecomunicaciones, es el relativo a las radios comunitarias y sociales, ya que, entre otras cosas, estableció los siguientes puntos:

Sostenibilidad económica: A los medios comerciales se les permite incrementar el tiempo de comercialización, a los medios sociales se les prohíbe la posibilidad de transmitir publicidad y patrocinios, a pesar de que una resolución la SCJN había admitido esta posibilidad.

Además de imponérseles la figura de donatarias autorizada para recibir donativos, la cual es difícil de acreditar por los requisitos excesivos a cumplir.

Se pretende zanjear esta prohibición dotándolas con el 1% de publicidad oficial del presupuesto total para comunicación social de las instancias federales. Porcentaje distribuido entre todas las emisoras, sin reglas claras para la asignación y la transparencia.

La ley contempla un procedimiento para la asignación de las concesiones sociales incierto, el artículo 85 señala que “…el interesado deberá presentar ante el Instituto solicitud que contenga al menos la siguiente información” es decir, la autoridad podrá pedir más requisitos que los que establece el propio artículo, violando el principio de certeza jurídica.

La ley confina a los medios sociales en las altas frecuencias para la banda de FM, restricción que violenta el principio de igualdad ante la ley y por tanto se considera como discriminatoria.

A nivel técnico, debido a la orografía en donde están situadas estas emisoras, las altas frecuencias impiden la transmisión de señales con calidad y/o que los radioescuchas tengan problemas para sintonizarlas.

La ley somete de forma velada a las emisoras indígenas al tutelaje de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues le da a esa institución injerencia en el otorgamiento de las concesiones para ese tipo de medios, violentando la autonomía de los pueblos originarios y el artículo 2° de la Constitución Mexicana así como múltiples tratados internacionales que reconocen los derechos de las comunidades y pueblos indígenas para acceder a las frecuencias.

La Ley establece multas millonarias para quien abra una radio sin permiso, mantiene la confiscación de bienes y equipos en contravención del Artículo 7° Constitucional y, lo más grave, continúa la criminalización pues persiste la posibilidad de usar la vía penal para comunicadoras y comunicadores que sin posibilidades reales de acceder a una frecuencia deciden operar sin permiso.[3]

En resumen, la AMARC mediante un comunicado de prensa denunció que:

La Ley Telecom violenta el principio de certeza jurídica negando un procedimiento equitativo para acceder a las frecuencias de radio, transgrede los derechos de pueblos y comunidades indígenas al sojuzgarlos veladamente a la Comisión de Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, discrimina a los medios sociales al obligarlos a permanecer en las altas frecuencias.

Además de que les niega el acceso a recursos para su sostenibilidad económica.[4]

Asimismo, se establecieron sanciones drásticas a quienes violen las disposiciones para contar con un permiso de operación de radio comunitaria, hecho que ha provocado la detención de, al menos, cuatro personas, por operar radios comunitarias sin permiso en lo que va del año.

Tal es el caso de Alma Delia Olivares, detenida el 28 de febrero, Olivares era locutora de la radio “La Cabina”, en el municipio de Omealca, Veracruz; a ella se suman Salvador Medina y Leslie Saavedra, ambos de Tonalá, Oaxaca a quienes se les iniciaron procesos penales por operar una radio comunitaria sin permiso; o el caso de Paola Ochoa a quien se le sentenció a dos años de prisión en el municipio de Paso del Macho, Veracruz; cabe decir que su esposo, Juan José Hernández, terminará el mismo proceso el mes que viene.[5]

Es necesario reconocer que dichas medidas pudieran ser utilizadas como forma de represión o censura, más allá de lo que la propia legislación marca, violando así los derechos humanos de las y los mexicanos y formando un modelo de Estado represor y totalitario, en donde no tienen cabida expresiones diferentes a la llamada “oficial”.

En dicho tenor, en Movimiento Ciudadano reconocemos la importancia de que medios sociales, como lo son las radios comunitarias, cuenten con los mecanismos garantes para su desarrollo, hecho que la ley en materia de telecomunicaciones restringió al establecer elementos que impiden su cabal funcionamiento; es por ello y por lo previamente expuesto que presentamos a esta Asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y resolver los casos de personas detenidas, antes del mes de julio del presente año, por operar radios comunitarias sin permiso, considerando la legislación vigente al momento de su detención.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de septiembre de 2014.

[1] UDLAP, Capitulo III, “Radio Comunitaria”, [en línea], México, Dirección URL: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/mendez_r_jj/capitulo3.pdf

[2] Animal Político, “Van cuatro detenidos por operar radios comunitarias sin permiso en lo que va de año”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/08/van-cuatro-detenidos-por-operar-radios-comunitarias-sin-permiso-en-lo-que-va-de-ano/#axzz3CjsXUPw6

[3] AMARC, “La #LeyTelecom, un retroceso para los medios sociales”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.amarcmexico.org/index.php/component/k2/item/303-la-#leytelecom-un-retroceso-para-los-medios-sociales&Itemid=724

[4] AMARC, “Comunicado: Diputados consolidan trato discriminatorio contra las comunitarias”, [en línea], México, Dirección URL: http://bit.ly/1pqJCr4

[5] Animal Político, Op. Cit.

Leave a comment