Ayotzinapa, Tlatlaya y opacidad en elección del ombudsman

México es hoy en día un país convulsionado, visto en el mundo como una nación donde no se respetan los derechos humanos. Los múltiples esfuerzos para abordar la gran cantidad de casos de desaparición forzada y personas llevadas ilegalmente contra su voluntad, feminicidios, homicidios y diversos delitos violentos perpetrados en contra de la población mexicana han sido infructuosos y lejos de presentar resultados, se han convertido en fachadas empleadas por el gobierno para justificar la falta de compromiso real con las víctimas y los derechos humanos.

Los últimos años han estado plagados de demoras, malos tratos a las víctimas, anuncios públicos por parte de las autoridades que dicen una cosa, tan sólo para emitir un discurso contradictorio unos días después, tal es el caso de Tlatlaya en el Estado de México.

En este contexto de violencia existe a la par otro sub contexto: el de la indiferencia ante la importancia de las escuelas normales rurales que han sufrido una embestida agudizada con la reforma educativa privatizadora, ante las características de sus estudiantes quienes pertenecen a los sectores más vulnerables de la población.

Los diversos gobiernos federales han desaparecido poco a poco las normales rurales, en el caso de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos” se fundó por el maestro Raúl Isidro Burgos Alanís el 2 de marzo de 1926 con la ayuda de la comunidad.

“Su objetivo era dar escuela y cobijo a los hijos de campesinos de las zonas más pobres de Guerrero”.
Desde entonces funciona no sólo como escuela, sino dando alojamiento y manutención a sus estudiantes, provenientes lo mismo de Guerrero que de Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos y Sonora, por citar el lugar de origen de algunos.

Después del gran impulso que recibió del presidente Lázaro Cárdenas del Río, los intentos para su desaparición han sido constantes, gobierno tras gobierno.
Como bien ha documentado el escritor Diego Enrique Osorno, en 2013 la iniciativa de reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto contemplaba expresamente la desaparición de Ayotzinapa y era apoyada por la mayoría de los partidos políticos. Si esto no se concretó, fue por las acciones de protesta realizadas en el Distrito Federal por maestros de la CNTE, en su gran mayoría oaxaqueños.

No nada más por las vías legales se ha intentado desaparecer a Ayotzinapa. Desde la administración de Salinas de Gortari hasta la de Peña Nieto, Ayotzinapa ha sido atacada y sus alumnos han sido criminalizados con la ayuda de los medios de comunicación al servicio del poder.

Esta normal tiene una cualidad adicional, los estudiantes que en ella están matriculados pertenecen a un grupo de origen humilde pero poseen grandiosas cualidades de estudio y análisis desde una perspectiva crítica al gobierno, pues conocen perfectamente cuáles son las fallas del mismo y cómo han afectado éstas a la población, pues a esas fallas se enfrentan día a día.

Conocen, de primera mano, las carencias económicas y sociales que tienen las poblaciones marginadas, saben las dificultades que enfrenta una persona sin educación y justamente por ello, tienen una visión crítica en contra del gobierno que los ha orillado a vivir en estas circunstancias de carencia extrema y a través de su educación, combaten estas injusticias.

Las normales rurales no sólo crean docentes bien preparados, crean docentes con una visión crítica contra el sistema gubernamental. Ningún gobierno autoritario, como el nuestro, está de acuerdo en tan “oprobiosa” cualidad.
Ante estos hechos, la Cámara de Diputados instaló una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en torno a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Como integrante de esta comisión especial y en representación de la bancada de Movimiento Ciudadano, es importante recalcar que pugnaremos por que la misma opere de manera objetiva y no politizada, en vías de lograr que sea verdaderamente operativa y que coadyuve con la búsqueda de los desaparecidos desde un ámbito de respeto a las víctimas y trabajando de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos.

Se dice con cierta razón, que si un asunto debe ser detenido y no se quiere trabajar sobre él, debe enviarse a una comisión especial para tales efectos. Pues bien, en la mayoría de los casos eso ha sucedido y encontramos también con preocupación que éstas comisiones han sido empleadas de manera política.

En nuestro caso siempre hemos trabajado para que funcionen pero cuando al PRI y a sus aliados un tema les incomoda simplemente obstruyen su labor y desafortunadamente tienen mayoría para bloquear el quórum o frenar sus trabajos.

En las dos comisiones en las que se revisan errores por parte de administraciones de la izquierda (Línea 12 y Ayotzinapa), las actividades han sido constantes e incluso aceleradas. Las bancadas de izquierda hemos cumplido con nuestra obligación de rendir cuentas en estas instancias.

Por el contrario, en el caso de Tlatlaya donde las Fuerzas Armadas presuntamente están involucradas en ejecuciones extrajudiciales y el gobernador priísta, Eruviel Ávila, se apresuró a negar cualquier violación a derechos humanos y ha insistido en la absurda tesis del enfrentamiento y no en la ejecución, se decidió formar un grupo de trabajo a través de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, el cual hasta la fecha no se ha integrado.

A lo largo de esta legislatura hemos recibido muchas quejas e información sobre el deficiente trabajo de Raúl Plascencia Villanueva, quien concluirá su periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el próximo 15 de noviembre.
Tras analizar los casos hemos denunciado la negligencia en la mayor parte de sus acciones y la complacencia con las autoridades, situación que ha derivado en dos solicitudes de juicio político en su contra, ambas pendientes de resolución.

Este jueves, al cancelar la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en que se votaría la convocatoria para la elección del titular de la CNDH, se ha dejado que la decisión recaiga en la Junta de Coordinación Política, lo cual deja los mecanismos para el registro, selección, audiencias y designación de la terna finalista en una cúpula excluyente y patidocrática.
Nos preocupa que se quiera involucrar a la Comisión de Justicia del Senado en un asunto que compete a la Comisión de Derechos Humanos ya que el presidente de aquella instancia podría intentar defender a toda costa a su ex jefe, Felipe Calderón.

Postergar la sucesión en la CNDH aumenta el riesgo de un proceso al vapor en el que las negociaciones privilegien los intereses antes que la transparencia, el debate público y el consenso de un perfil idóneo: independiente, con experiencia, sensible y con valor cívico para generar un cambio institucional en todo el Estado mexicano.

Como queda claro, México enfrenta tiempos oscuros en materia de derechos humanos y también en la relación del gobierno con los gobernados. La inconformidad ha salido nuevamente a las calles y ante estos hechos, es imperativo que todos los frentes progresistas, desde nuestros ámbitos de responsabilidad, enfrentemos en unidad los problemas comunes que nos aquejan a todas y todos.

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